Keiko Fujimori lidera en Perú y se perfila a una reñida segunda vuelta
Keiko Fujimori parecía encaminada a una nueva segunda vuelta presidencial en Perú después de que los primeros resultados de las elecciones del domingo la mostraran liderando un campo fragmentado, preparando un posible enfrentamiento con el exalcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, en una votación marcada por el aumento de la criminalidad, la inestabilidad política y disputas sobre el proceso electoral.
Con el 51.6 % de las actas contabilizadas, Fujimori —la candidata conservadora de Fuerza Popular— obtenía el 16.9 % de los votos válidos, mientras que López Aliaga, del partido derechista Renovación Popular, le seguía con el 14.7 %, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El conteo preliminar colocaba a ambos candidatos en camino hacia una segunda vuelta el 7 de junio para decidir quién gobernará el período 2026-2031.
Los estrechos márgenes reflejaban un electorado profundamente fragmentado y subrayaban la volatilidad de un país que ha tenido ocho presidentes en la última década. El centrista Jorge Nieto se ubicaba en el tercer lugar con alrededor de 12.9 %, seguido por el empresario Ricardo Belmont con 9.8 %, el comediante Carlos Álvarez con 8.4 %, el izquierdista Roberto Sánchez con 7.7 % y el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau con 7.6 %.
El resultado preliminar, de confirmarse, marcaría la cuarta vez consecutiva que Fujimori avanza a una segunda vuelta. Perdió en esa instancia en 2011, 2016 y 2021, pero su desempeño actual sugiere que sigue siendo una de las figuras políticas más duraderas del país pese a los años de polarización que rodean su candidatura y el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, el líder autoritario que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y que sigue siendo una de las figuras más polémicas del país.
Su administración es reconocida por sus seguidores por derrotar a la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso y estabilizar la economía peruana tras años de hiperinflación, pero también estuvo marcada por escándalos de corrupción, abusos de derechos humanos y el “autogolpe” de 1992 en el que disolvió el Congreso y gobernó por decreto. Alberto Fujimori posteriormente huyó del país, fue extraditado desde Chile y condenado en 2009 por delitos que incluyeron violaciones de derechos humanos y corrupción, recibiendo una pena de 25 años de prisión.
Tras conocerse las primeras proyecciones, Keiko Fujimori describió la elección como una batalla contra las fuerzas políticas de izquierda y destacó las preocupaciones de seguridad que dominaron la campaña. “Los resultados son una señal muy positiva para nuestro país, porque el enemigo es la izquierda”, dijo en breves declaraciones a sus simpatizantes, mientras prometía una postura más dura contra el crimen y políticas económicas destinadas a atraer inversión.
López Aliaga, un empresario acaudalado conocido por su retórica de línea dura y fuerte respaldo entre votantes conservadores, también declaró tener impulso, aunque criticó las irregularidades reportadas durante la votación. Más temprano calificó los problemas como un “fraude electoral gravísimo” y amenazó con convocar protestas ciudadanas, reflejando quejas más amplias sobre fallas logísticas.
La votación del domingo estuvo marcada por retrasos en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que obligó a las autoridades a extender el proceso hasta el lunes. Funcionarios reconocieron que cientos de mesas abrieron tarde o no abrieron, dejando a decenas de miles de votantes sin poder sufragar. En algunos lugares se formaron largas filas bajo intenso calor y humedad, alimentando la frustración y la desconfianza en el sistema electoral.
Las autoridades informaron que fiscales y policías anticorrupción abrieron investigaciones sobre los incidentes e incluso ingresaron a las oficinas del organismo electoral y de una empresa encargada de distribuir materiales para recabar información. Al caer la noche, manifestantes se congregaron frente a la agencia electoral gritando “fraude” y exigiendo explicaciones.
La elección se desarrolló en un contexto de profunda insatisfacción pública con las instituciones políticas. Encuestas muestran que más del 90 % de los peruanos expresa poca o ninguna confianza en el gobierno y el Congreso, reflejo de años de enfrentamientos políticos, escándalos de corrupción y destituciones presidenciales.
La criminalidad también se ha disparado, convirtiéndose en uno de los temas centrales de la campaña. Muchos votantes atribuyen el aumento de la violencia a la expansión de grupos criminales transnacionales y a instituciones estatales débiles. Candidatos de todo el espectro político propusieron medidas agresivas de seguridad, incluidos tribunales anónimos para casos criminales, complejos penitenciarios en zonas remotas y ampliación de poderes policiales.
“Estamos viviendo en un país dominado por el narcotráfico, con la delincuencia fuera de control”, dijo Elena Flores, comerciante de Lima, a la agencia AFP, reflejando preocupaciones compartidas por muchos votantes que también expresaron frustración por la inestabilidad política. “Todo está pésimo. La delincuencia prácticamente ya acabó con nosotros”, afirmó Raúl Cabana, obrero de la construcción.
El voto fue obligatorio y más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas. Los electores también eligieron legisladores en un Congreso bicameral restablecido, lo que marca la primera vez desde 1990 que Perú vuelve a un sistema de Senado y cámara baja. Las papeletas superaban los 40 centímetros de longitud, reflejando el inusualmente alto número de candidatos y partidos en competencia.
A pesar de la turbulencia política, Perú sigue siendo una de las economías más estables de América Latina, impulsada por fuertes exportaciones mineras y una inflación relativamente baja. Analistas señalan que esa resiliencia económica ha ayudado a amortiguar crisis más profundas, pero no se ha traducido en estabilidad política ni en mejoras de seguridad pública.
El próximo presidente heredará un panorama difícil: aumento de la violencia criminal, instituciones políticas fracturadas y una población cada vez más escéptica hacia sus líderes. Quien gane la segunda vuelta también enfrentará presión para restaurar la confianza en los procesos electorales tras los problemas logísticos que marcaron la primera ronda.
Este artículo fue complementado con los servicios cablegráficos de El Nuevo Herald.
