Perú al filo: Keiko Fujimori más cerca de una victoria histórica
Perú parecía encaminarse el martes a devolver al poder a la dinastía política de los Fujimori, mientras la candidata conservadora Keiko Fujimori ampliaba su estrechísima ventaja sobre el aspirante izquierdista Roberto Sánchez en una segunda vuelta presidencial profundamente polarizada.
Con el 98.94% de las papeletas escrutadas, Fujimori acumulaba el 50.07% de los votos, equivalente a 9.11 millones de sufragios, frente al 49.92% de Sánchez, quien había obtenido 9.08 millones. La diferencia era de aproximadamente 29,000 votos, mientras unos 200,000 votos permanecían bajo revisión en medio de impugnaciones legales y actas observadas.
Aunque las autoridades electorales podrían tardar semanas en certificar el resultado final, la ventaja creciente de Fujimori sugiere que, en su cuarto intento, podría finalmente alcanzar la presidencia tras tres dolorosas derrotas por estrecho margen.
De confirmarse, su victoria marcaría uno de los regresos políticos más significativos de la historia contemporánea del Perú.
La elección volvió a dejar al descubierto la persistente fractura política del país: una nación dividida entre los partidarios del fujimorismo —el movimiento construido alrededor del polarizante legado del expresidente Alberto Fujimori— y una amplia coalición decidida a impedir el retorno de esa familia al poder.
Mientras la ventaja de Fujimori se ampliaba lentamente en los últimos días, Sánchez intensificó sus esfuerzos por movilizar a sus seguidores, cuestionando la integridad del proceso de revisión de votos y enmarcando la disputa como una lucha más amplia por la legitimidad democrática. Durante el fin de semana, el candidato de izquierda viajó a la región andina de Cusco, uno de sus principales bastiones electorales, donde se reunió con simpatizantes y expresó preocupación por el recuento.
Dirigiéndose a una multitud en la localidad de Combatapa, Sánchez acusó a sus adversarios de intentar socavar la voluntad popular y llamó a los peruanos a mantenerse movilizados.
“Hoy estamos luchando democráticamente, con la fuerza del voto del pueblo, por la recuperación de la democracia”, dijo el domingo desde un balcón con vista a la plaza del pueblo.
También ha alentado a sus seguidores a “defender el voto del pueblo”, mientras continuaban manifestaciones pacíficas en Lima contra las autoridades electorales.
Más de 27.3 millones de peruanos estaban habilitados para votar en una contienda marcada tanto por la historia como por las propuestas políticas. En esencia, la elección se convirtió en un referendo entre dos visiones opuestas del poder, cada una vinculada a líderes acusados de debilitar las instituciones democráticas.
Sobre la campaña pesaban las sombras de dos intentos de quiebre democrático separados por tres décadas.
En 1992, Alberto Fujimori ejecutó con éxito un autogolpe, disolvió el Congreso y consolidó el poder ejecutivo. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó hacer lo mismo al ordenar la disolución del Congreso, pero su maniobra colapsó en cuestión de horas y terminó con su arresto.
La segunda vuelta terminó convirtiéndose, en la práctica, en una batalla entre esos dos legados.
Sánchez, exministro y una de las figuras más estables dentro del turbulento gobierno de Castillo, emergió como el abanderado de la izquierda resurgente en Perú. Obtuvo un fuerte respaldo entre votantes rurales y de bajos ingresos que consideran que Castillo nunca tuvo una oportunidad real de gobernar y que fue bloqueado por élites políticas y económicas profundamente arraigadas.
Ha prometido buscar la liberación de Castillo, presentándolo como un acto de justicia política. Sus seguidores ven a Castillo como una víctima del sabotaje de las élites. Sus críticos sostienen, en cambio, que su intento fallido contra el Congreso fue un claro intento de autogolpe.
Por su parte, Fujimori apostó fuertemente por el legado de su padre.
Su campaña se centró en restaurar el orden en un país agotado por años de parálisis institucional, prometiendo políticas de seguridad más duras, estabilidad económica y un renovado impulso a la minería y la inversión privada. Su mensaje resonó entre votantes frustrados por la inestabilidad crónica y el colapso de la gobernabilidad.
La disfunción política en Perú ha alcanzado niveles alarmantes.
El país ha tenido ocho presidentes y 21 primeros ministros en la última década. En apenas cinco años, más de 170 ministros han pasado por el gobierno, erosionando la continuidad institucional y la confianza pública.
A medida que se debilitó la autoridad central, la influencia se desplazó cada vez más hacia el Congreso, actores regionales, el poder judicial y organizaciones criminales, incluyendo redes de minería ilegal y grupos de extorsión.
Fujimori sostiene que puede revertir ese deterioro.
Su partido, Fuerza Popular, tendrá 22 de los 60 escaños del Senado recientemente restaurado, lo que le otorga un poder político significativo y la hace considerablemente menos vulnerable a las batallas de destitución que derribaron a varios presidentes recientes.
Esa perspectiva tranquiliza a buena parte del sector empresarial peruano.
Los inversionistas ven en gran medida una eventual administración Fujimori como favorable al mercado y predecible. Ella ha prometido preservar el modelo económico liberal instaurado por su padre en los años noventa, que ayudó a transformar al país en una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Su probable equipo económico incluye a tecnócratas experimentados como el exministro de Economía Luis Carranza.
Los empresarios esperan que su gobierno pueda restaurar consistencia en la política pública, reducir trabas regulatorias y reactivar proyectos mineros paralizados.
Pero la posibilidad de una presidencia de Fujimori también revive viejos temores.
La principal preocupación de sus críticos no es si puede restaurar el orden, sino qué tipo de orden pretende imponer.
Fujimori ha dicho que quiere “gobernar como mi padre”.
Para sus seguidores, eso significa liderazgo firme y capacidad de decisión. Le atribuyen a Alberto Fujimori haber derrotado la hiperinflación y desmantelado grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Para sus opositores, sin embargo, la frase resulta profundamente alarmante.
El gobierno de Alberto Fujimori se volvió cada vez más autoritario y culminó con una condena de 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Sánchez y sus aliados sostienen que la inestabilidad del Perú no puede separarse de la propia conducta política de Keiko Fujimori. La acusan de usar su influencia en el Congreso para debilitar a gobiernos sucesivos mediante obstrucción, campañas de destitución y presión legislativa.
En particular, responsabilizan a la “Señora K”, como suelen llamarla sus críticos, de haber ayudado a crear precisamente la disfunción que ahora promete corregir.
Las dudas sobre el respeto a las normas democráticas también resurgen porque Fujimori nunca aceptó plenamente sus derrotas en 2016 y 2021. Tras perder frente a Pedro Castillo, denunció fraude electoral sin presentar pruebas concluyentes y buscó invalidar miles de votos.
Este año, Sánchez también ha planteado sus propias preocupaciones sobre supuestas irregularidades, particularmente en el voto exterior, y propuso un recuento conjunto, oferta que Fujimori rechazó.
Lo estrecho de la contienda prolonga una tendencia notable en la política peruana.
Esta es la tercera elección presidencial consecutiva decidida por apenas unas decenas de miles de votos. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Fujimori por unos 40,000 votos. En 2021, Pedro Castillo la venció por un margen igualmente reducido.
Este artículo fue complementado con los servicios de cable de el Nuevo Herald.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de junio de 2026, 2:49 p. m..
