Paz recupera las vías, pero Evo Morales sigue marcando la crisis boliviana
El tráfico está regresando gradualmente a las carreteras de Bolivia después de que el presidente Rodrigo Paz declarara un estado de emergencia y desplegara fuerzas militares y policiales para desmontar los bloqueos que paralizaron grandes partes del país durante más de siete semanas.
Pero, aunque la crisis inmediata parece estar disminuyendo, analistas advierten que las tensiones políticas y económicas que amenazan la estabilidad de Bolivia están lejos de resolverse.
El gobierno reportó avances significativos en la reapertura de las rutas de transporte durante el fin de semana. Según la autoridad vial de Bolivia, los bloqueos activos bajaron de alrededor de 50 a solo 12, con la mayoría de los cierres restantes concentrados en Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.
Las autoridades dijeron que las rutas que conectan La Paz y El Alto con Chile y Perú han sido reabiertas en gran medida, permitiendo la reanudación de envíos largamente demorados de combustible, alimentos y suministros médicos. Los servicios de autobuses de pasajeros también comenzaron a operar nuevamente en varias ciudades importantes.
Sin embargo, la normalización temporal ha hecho poco para calmar los temores de un nuevo estallido de disturbios.
Seguidores de Morales anunciaron el lunes que pausarían sus movilizaciones en lo que describieron como una tregua temporal, aunque dejaron claro que la confrontación está lejos de haber terminado.
“Esta lucha va a continuar”, dijo el dirigente sindical Isidro Auca. “La batalla no ha terminado”.
Morales, hablando junto a líderes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, reiteró ese mensaje.
“Por ahora, es una pausa”, dijo Morales, insistiendo en que su movimiento no se ha rendido.
Protestas de varios sectores
Las protestas comenzaron a inicios de mayo, impulsadas inicialmente por sindicatos, mineros, maestros y grupos indígenas que exigían acciones del gobierno frente al agravamiento de la crisis económica boliviana. Posteriormente, seguidores de Morales se sumaron a las manifestaciones, elevando sus demandas hasta incluir la renuncia de Paz.
Los bloqueos provocaron severas escaseces de combustible, alimentos y oxígeno médico, particularmente en La Paz y El Alto, y dejaron al menos 16 muertos, incluidos 13 que presuntamente fallecieron por no haber podido recibir atención médica a tiempo debido a las carreteras bloqueadas. Estimaciones del gobierno sitúan las pérdidas económicas en más de $3,000 millones, aproximadamente el 7% del PIB boliviano de $40,000 millones.
Para Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Bolivia y director del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, el estado de emergencia solo ha producido un alivio temporal.
“Esto puede normalizar las cosas por un momento, pero volverá a empeorar”, dijo Sánchez Berzaín en una entrevista. “Lo que estamos viendo es una tregua”.
Sánchez sostiene que el problema de fondo es la influencia persistente del “socialismo del siglo XXI”, un movimiento político inspirado en Venezuela y promovido por el fallecido Hugo Chávez, que transformó gran parte de la izquierda latinoamericana durante las últimas dos décadas. En Bolivia, dijo, muchas figuras vinculadas a ese movimiento —incluyendo funcionarios del sistema judicial, fuerzas de seguridad, burocracia y aparato fiscal— continúan controlando las verdaderas palancas del poder, incluso después de que Paz, entonces figura opositora, ganara la presidencia a finales de 2025.
Según Sánchez, Paz ganó la presidencia, pero no el control total del Estado boliviano.
“Rodrigo Paz ha tomado el control del gobierno, pero no del poder”, dijo Sánchez. “El poder sigue en manos de lo que llamo el narcoestado plurinacional construido bajo el socialismo del siglo XXI”.
Eso, explicó, ha dejado a Paz gobernando desde una posición estructuralmente débil, incapaz de implementar plenamente reformas o desmantelar la maquinaria construida durante la era del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo Morales.
“Todo su plan en este momento es simplemente mantenerse en el gobierno”, dijo Sánchez.
Ese diagnóstico es compartido, aunque en términos menos ideológicos, por Evan Ellis, experto en América Latina del U.S. Army War College, quien considera que el estado de emergencia es útil en el corto plazo, pero insuficiente para abordar una inestabilidad más profunda.
“A corto plazo, sí, esto probablemente calme las cosas”, dijo Ellis. “El ejército ahora tiene un marco legal para actuar, y después de siete semanas de disrupción, la mayoría de los actores entiende que esto no puede continuar así”.
La amenaza de varias crisis
Pero Ellis advirtió que Bolivia sigue atrapada en múltiples crisis superpuestas.
En el plano económico, el gobierno ha hecho promesas a numerosos sectores sociales —incluyendo aumentos salariales, gasto en infraestructura y subsidios— pese a su limitada capacidad fiscal.
“Cuando el país está quebrado y sigues haciendo promesas a grupos que usaron la disrupción para conseguir concesiones, eso genera frustración en todos los demás”, dijo Ellis.
Bolivia ya sufre su peor crisis económica en cuatro décadas, con inflación creciente, caída de reservas internacionales y creciente indignación pública por la escasez de combustible y el aumento de precios.
Políticamente, Paz enfrenta presión tanto desde la derecha como desde la izquierda.
Desde la derecha, sus críticos lo acusan de indecisión y de no haber desmantelado por completo las estructuras heredadas del MAS. Desde la izquierda, sindicatos y organizaciones indígenas creen cada vez más que la movilización agresiva en las calles funciona.
“Tomaron al país como rehén y obtuvieron concesiones”, dijo Ellis. “Eso les enseña que la presión da resultados”.
En el centro de la parálisis política de Bolivia permanece un hombre: Evo Morales.
El expresidente, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece atrincherado en Chapare, una región cocalera del centro del país donde sus leales lo han protegido eficazmente de ser arrestado desde octubre de 2024.
Morales enfrenta múltiples procesos judiciales, incluida una orden de captura por trata agravada de personas, derivada de acusaciones relacionadas con una menor de edad con quien presuntamente tuvo un hijo mientras era presidente. Él niega haber cometido delito alguno.
El gobierno acusa a Morales de financiar y alentar los bloqueos para desestabilizar la administración de Paz y forzar su regreso al poder.
Sánchez Berzaín sostiene que la continua libertad de Morales simboliza la debilidad del Estado.
“Si el presidente no puede arrestar a Evo Morales, entonces no hay gobierno”, dijo. “Cuando dentro de un país existe un poder mayor que el Estado, desaparece la soberanía”.
Ellis cree que remover a Morales sería políticamente y operativamente difícil, aunque no imposible.
Señaló que la policía boliviana y partes del ejército siguen profundamente penetradas por figuras leales a Morales, particularmente en Chapare.
“La cuestión no es si el ejército daría un golpe de Estado”, dijo Ellis. “La cuestión es si ciertos elementos pueden ser confiables y no sabotear operaciones”.
Según Ellis, Paz podría considerar cada vez más la remoción de Morales como esencial para estabilizar el país.
“Si resuelve el problema Evo, muchos de los otros problemas se vuelven manejables”, dijo Ellis. “Si no lo hace, ninguno lo será”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha respaldado al gobierno de Paz, condenando los bloqueos y reafirmando su apoyo al orden constitucional boliviano.
“Apoyamos al gobierno constitucionalmente electo de Bolivia”, dijo el domingo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. “No podemos apoyar ninguna alteración del orden constitucional”.
Aun así, los analistas advierten que la calma actual en Bolivia podría resultar engañosa.
La inestabilidad del país refleja debilidades estructurales de larga data: instituciones frágiles, profundas divisiones regionales, débil Estado de derecho e intensa polarización política.
Ellis señaló que la actual turbulencia boliviana podría representar menos una anomalía que un retorno a patrones históricos.
“Bolivia históricamente ha sido difícil de gobernar”, dijo. “En cierto sentido, los años de Morales fueron la excepción”.
Este artículo fue complementado con servicios cablegráficos de el Nuevo Herald.
