La violencia de las pandillas obliga a los salvadoreños al destierro interno

Pandilleros salvadoreños secuestraron a una adolescente de su casa y se la llevaron a una cárcel, donde fue violada durante toda la noche. A la mañana siguiente, sabiendo que gozaban de total impunidad, la regresaron a su residencia.

La joven y su familia huyeron de inmediato del lugar para evitar que la raptaran de nuevo.

Incidentes como estos se han vuelto demasiado comunes en El Salvador, donde las pandillas operan cada vez con mayor impunidad, obligando a miles de ciudadanos a abandonar sus hogares para salvar sus vidas.

El suceso con la adolescente es uno de los varios casos de desplazamiento interno mencionado en un informe de Refugees International (RI), una organización con sede en Washington que brinda protección a las personas desplazadas.

El informe Huir o quedarse, un acto suicida: Desplazamiento interno en El Salvador, fue elaborado por la asesora senior en derechos humanos del RI, Sarnata Reynolds, quien lo divulgó recientemente.

La violencia desatada por las dos principales pandillas, Mara Salvatrucha (M-13) y Barrio 18, que entre ambas tienen 70,000 miembros, es la causa de que decenas de miles de salvadoreños, en su mayoría de zonas muy pobres, huyan de sus hogares, de acuerdo con el estudio.

Pero a menos que abandonen el país, es muy poco lo que pueden hacer para protegerse por la escasez de recursos financieros y la ausencia de una estrategia humanitaria nacional que les suministre asistencia.

“En la mayoría de los países, una vez que las personas dejan el lugar que pone en peligro sus vidas, son capaces de encontrar un poco de paz y seguridad. Este no es el caso para los salvadoreños. Debido a que el país es tan pequeño, y las bandas criminales tienen una presencia tan fuerte a nivel nacional, las personas no se sienten seguras y continúan viviendo escondidos”, dijo Reynolds a el Nuevo Herald.

El Salvador tiene la concentración más elevada de integrantes de pandillas per cápita en América Central, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Y su “desenfrenada violencia” está forzando desplazamientos, tanto dentro del país como fuera de las fronteras, de personas desesperadas buscando seguridad. En ese escenario también participan algunos miembros de la Policía y del Ejército, según el informe.

Reynolds precisó que, aunque no existen cifras oficiales, un estudio reciente señaló que podría haber 288,000 personas desplazadas internamente y decenas de miles han salido del país.

Durante los primeros seis meses de este año fueron asesinadas casi 3,000 personas, y otras cientos de miles fueron sometidas a extorsión, amenazas de muerte, reclutamiento forzoso y violación, se pormenorizó en el documento.

Solo a mediados de agosto se registraron 508 homicidios, con lo que la tasa diaria de asesinatos en este mes se ubicó en 26.74 homicidios, informó el Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador. Este baño de sangre es atribuido al aumento de los enfrentamientos entre los pandilleros y organismos de seguridad.

El desborde de la violencia es tal que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró a las pandillas y sus colaboradores como grupos terroristas.

“Mientras que el gobierno centra su atención en tratar de combatir las pandillas, poca atención está dado a las víctimas. Sin programas gubernamentales para ayudarles dentro de El Salvador, la única opción para muchos es huir a otros países”, dijo Reynolds, quien estuvo en junio en esa nación evaluando la situación humanitaria de las personas internamente desplazadas.

Desamparo gubernamental

En los últimos 20 años, de acuerdo con el informe, ningún gobierno ha estado dispuesto a desarrollar ni a invertir en programas y redes que ayuden a las personas desplazadas.

“Ni siquiera existen programas para ayudar a las familias a reclamar justicia contra los perpetradores de la violencia, ya que las víctimas solo reciben protección si aceptan testificar contra un delincuente, y únicamente mientras el caso está activo”, se afirma.

El RI mencionó el caso de una joven que fue amenazada después de presenciar el asesinato de su padre, por ello acudió a las autoridades para pedir protección, pero le dijeron que solo la ayudarían si aceptaba ser testigo. Pero como ella tenía demasiado miedo para testificar, le notificaron que no podían suministrarle protección. Actualmente está escondida.

Debido a que el índice de condena es inferior al cinco por ciento, tampoco la detención del victimario garantiza la justicia, ni le devuelve la seguridad a una familia.

“Las personas no van a la policía cuando reciben amenazas de muerte. Hacen sus maletas y huyen de sus comunidades para protegerse. Esto puede ser lo mejor para ellas, pero lamentablemente refuerza la capacidad de las pandillas de operar con impunidad”, dijo Reynolds a el Nuevo Herald.

La situación es peor si una víctima o un testigo accede a cooperar con la policía.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, muchos testigos fueron asesinados después del juicio debido a que el gobierno no siguió protegiéndolos”, se destaca en el documento.

En algunas situaciones, la Policía y el Ejército son “cómplices de las actividades de las pandillas y trabajan en colaboración con éstas, como protectores de la comunidad (…) Con frecuencia, la única protección que puede brindar la Policía a las personas o familias elegidas como objetivo, es montar guardia en la puerta de sus casas mientras hacen las maletas y huyen”.

Además de ello, el RI afirmó que descubrió que aunque la violencia es lo que impulsa a las personas a huir, “el gobierno prefiere decir que la mayoría de los salvadoreños que abandona el país lo está haciendo por motivos económicos o por reunificación familiar”.

“Algunos salvadoreños sí salen del país por esas razones, pero un gran número de jóvenes y adultos no toman la decisión de abandonar sus hogares sino que son forzados a salir”, agregó.

Claman por una estrategia humanitaria

Para el RI es fundamental que El Salvador implemente una estrategia humanitaria integral que incluya medidas de protección, albergues para las familias, el acceso a alimentos, a educación y atención médica.

Entre las recomendaciones, el RI sugiere al gobierno salvadoreño que reconozca que las pandillas y algunos miembros de las fuerzas de seguridad son los causantes del desplazamiento interno y externo, y que se comprometa a implementar una respuesta humanitaria.

También que designe a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como punto de referencia principal en cuestiones de desplazamiento interno dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Construir centros transitorios que ofrezcan a las familias un albergue temporal mientras se consideran los próximos pasos a seguir.

Con el apoyo de ACNUR, consultar a los gobiernos municipales de los 14 departamentos de El Salvador para identificar posibles lugares de reubicación y reasentamiento.

A su vez el gobierno de Estados Unidos debería financiar programas bilaterales y autorizar de nuevo el Estatus de Protección Temporal.

Sugiere, asimismo, que México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el apoyo de ACNUR, garanticen que todos los salvadoreños que expresan temor a violaciones graves de los derechos humanos, reciban un proceso justo.

“Los que huyen tienen derecho de solicitar y recibir protección cuando han huido de un riesgo creíble de tortura o persecución. Es inadmisible que sean devuelto a un país donde su vida está en grave riesgo,” dijo Reynolds.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de agosto de 2015, 9:15 p. m. with the headline "La violencia de las pandillas obliga a los salvadoreños al destierro interno."