Fiscalía mexicana acusa a alcalde de ordenar ataque contra los 43 estudiantes
La fiscalía general mexicana acusó este miércoles al alcalde de Iguala, buscado por la justicia, de haber ordenado el ataque a tiros de su policía municipal contra decenas de estudiantes la noche del 26 de septiembre, en el que hubo seis muertos y 43 desaparecidos.
“Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala”, su esposa y su secretario de seguridad pública “en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala”, dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en una conferencia en la capital mexicana.
Esta es la primera ocasión en que la fiscalía general, que tiene a 52 detenidos, señala a presuntos autores intelectuales de este crimen que ha conmocionado a México y al mundo.
Sobre la base de testimonios de detenidos, el fiscal señaló que el alcalde José Luis Abarca dio la “orden de enfrentar” a los estudiantes por temor a que sabotearan un evento público de su esposa como directora local de un organismo público de protección a la infancia.
El alcalde fue separado de su cargo el pasado día 17 por el Congreso del estado de Guerrero.
En junio del 2013, la alcaldía “fue agredida” por un grupo de detractores entre los que estaban “alumnos de Ayotzinapa”, por lo que Abarca quiso evitar que esto pudiera repetirse, explicó el fiscal.
El alcalde y su esposa, María de los Angeles Pineda, hermana de al menos tres narcotraficantes, son vinculados al cartel Guerreros Unidos, al que la fiscalía acusa de haber intervenido en la desaparición de los estudiantes.
Tras la detención el 18 de octubre pasado del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se ha podido descubrir que el crimen organizado estaba completamente infiltrado en el ayuntamiento, que recibía del cartel entre dos y tres millones de pesos mensuales (entre $148,000 y $222,000 dólares).
De los Angeles Pineda era la encargada de distribuir este dinero, con la complicidad de su esposo y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, afirmó Murillo.
Cada mes, al menos 600,000 pesos (unos $44,500) eran destinados al control de la policía local y los propios miembros del cartel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación.
Hallan dos cuerpos más
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que ya son 30 los cuerpos encontrados en un total de nueve fosas, dos más de los informados inicialmente.
Karam explicó que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que han hallado esos cadáveres que, según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes de la escuela magisterial de Ayotzinapa desaparecidos.
Las pruebas de ADN realizadas a partir de muestras tomadas por la fiscalía de Guerrero reveló que los restos no corresponden a los jóvenes desaparecidos, pero ante la posibilidad de “un error” las autoridades están a la espera de los resultados de las muestras tomadas por forenses los argentinos.
Sobre la noche del 26 de septiembre, Murillo precisó que el primer ataque lo sufrió uno de los cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes, donde murió uno de los jóvenes.
Los policías emprendieron una persecución y, en medio de la confusión, atacó a otro autobús en el que viajaba un equipo de fútbol.
Al darse cuenta, los agentes siguieron con la búsqueda y hallaron el primer vehículo, hicieron bajar a los estudiantes y se los llevaron en patrullas a la comisaría de Iguala, de donde fueron “sustraídos” por policías del vecino municipio de Cocula, quienes habían acudido a apoyar el operativo.
Estos se llevaron a los estudiantes hasta un cerro ubicado en Pueblo Viejo, en donde se han encontrado las fosas, controlado por un lugarteniente de los Guerreros Unidos de nombre “Gil”.
Este avisó a Casarrubias de los hechos de violencia, pero los atribuyó a “un grupo delictivo contrario”, por lo que el líder del cartel avaló “las acciones para la defensa de su territorio en Iguala”, señaló el fiscal.
Gil se encuentra prófugo junto con otros dos miembros del cartel que presuntamente ejecutaron las órdenes de Casarrubias, ya plenamente identificados, por lo que “su detención es crucial para la investigación y localización de los estudiantes”, dijo el fiscal.
Incendian alcalía de Iguala
Manifestantes prendieron fuego este miércoles a la alcaldía de Iguala durante una protesta por la desaparición en esa ciudad de los estudiantes hace casi un mes.
Algunos de los maestros y estudiantes que protestaban irrumpieron en el edificio, donde aparentemente no había trabajadores, y lo incendiaron sin que en el lugar hubiera agentes federales, que han asumido la seguridad de esa ciudad.
La sede de la alcaldía de Iguala, situada en el centro de esta ciudad, había sido prácticamente vaciada el pasado jueves cuando el sindicato de maestros de Guerrero y otras organizaciones sociales anunciaron que pensaban tomar el control de las 81 alcaldías de la región.
Unas 5,000 personas, la mayoría maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y estudiantes, marcharon por las calles de esta ciudad de Guerrero que desde hace más de dos semanas se encuentra tomada por la Policía Federal.
Algunos miembros de este combativo sindicato caminaron con los rostros tapados y armados con palos, y detuvieron a dos personas por ser sospechosos de espías y policías infiltrados, a quienes les obligaron a marchar descalzos.
El principal reclamo de los manifestantes es que aparezcan con vida los estudiantes.
En numerosas ciudades de México también se realizaron marchas en una jornada en la que además decenas de centros educativos del país cerraron.
La marcha más multitudinaria estaba prevista a las 18.00 hora local en la capital mexicana, donde los ciudadanos estaban llamados a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de octubre de 2014, 5:24 p. m. with the headline "Fiscalía mexicana acusa a alcalde de ordenar ataque contra los 43 estudiantes."