Conteo regresivo y reacciones tras anuncio sobre la paz en Colombia
El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado por el gobierno colombiano y las FARC supone un fuerte espaldarazo a la firma de la paz, que deberá ser sólida, con mecanismos que no echen por tierra lo pactado; y que no dejará impunes los delitos más graves para garantizar su reparación.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó el jueves a la prensa que el acuerdo anunciado de manera inédita por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” marca el “conteo regresivo” para “liquidar un conflicto de más de 50 años”.
La relevancia de este acuerdo sobre justicia transicional, el principal escollo durante meses en las negociaciones, allana el camino hacia el acuerdo definitivo de tal forma que las partes se han dado ya un plazo de seis meses para firmar la paz.
De la Calle destacó que las bases de la jurisdicción especial para la paz acordada por las partes en la mesa de diálogo es una “solución inédita”, que va a garantizar que ningún crimen grave quede impune y que establecerá penas en función del reconocimiento del delito y la voluntad de reparación.
“Esto es para culpables, no para inocentes. (…) El inocente siempre estará tranquilo. Es un sistema para actores del conflicto que hayan sido responsables”, subrayó, un sistema que incluye a miembros de las FARC, agentes del Estado que “hayan desviado sus propósitos constitucionales” y “no combatientes que financiaran o apoyaran a grupos al margen de la ley”.
Quedarán fuera de la jurisdicción especial los responsables de delitos políticos, ya que tras la firma del acuerdo, el Estado brindará una amnistía lo más amplia posible para ellos.
El jefe negociador de Santos resaltó que este sistema de justicia ofrece garantías no sólo a las víctimas, con “reparación y verdad”; sino también a los responsables, ya que se asegura que las penas obtenidas en esa jurisdicción especial no podrán ser modificadas por otros tribunales, ante un posible cambio de Gobierno en el país.
Explicó que una vez que el acuerdo final de paz sea suscrito y, lo más importante, refrendado por los colombianos, se aprobarán normas jurídicas vinculantes, “proyectadas a futuro de manera que lo acordado no pueda ser echado atrás por las visicitudes de cualquier gobierno nuevo”.
“Esto tiene que quedar consolidado y tiene que estar para el final del mandato del presidente Santos (agosto del 2017) en pleno proceso de implementación”, subrayó.
Sobre cuándo se instaurará el tribunal especial que juzgará y sancionará los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra; De la Calle aclaró que no se producirá hasta la firma y refrendación del acuerdo final, pero avanzó que será un sistema de justicia “autónomo, independiente y con garantías”.
El negociador gubernamental Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz de Colombia, destacó la importancia de ese sistema de justicia basado en el reconocimiento, ya que, “si algo ha faltado en Colombia, no sólo ha sido conocer más sobre lo que pasó, sino también reconocer, poner la cara”.
Por otra parte, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) expresaron hoy “su más profunda satisfacción” por el acuerdo sobre justicia transicional alcanzado entre Colombia y las FARC.
Los responsables de Exteriores de la organización, reunidos en Nueva York, instaron a las partes “a continuar trabajando hacia un acuerdo final para la conclusión del conflicto y el logro de una paz estable y duradera en Colombia”, según dice un comunicado distribuido por la cancillería ecuatoriana, fechado en Nueva York.
Además, señalaron que los acuerdos son “la base para consolidar la paz en el continente de conformidad con la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz adoptada en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero del 2014”.
Los cancilleres agradecieron el esfuerzo de los países garantes en el proceso, Cuba y Noruega, agrega la nota oficial de la cancillería de Ecuador, que tiene la presidencia pro tempore de la Celac.
Jaramillo insistió en que los crímenes “que más duelen a los colombianos”, como el secuestro, la ejecución, el desplazamiento, el reclutamiento de niños o la violencia sexual; “no serán amnistiados y recibirán las sanciones adecuadas en función de los niveles de reconocimiento”.
El negociador subrayó que reconocimiento no implica impunidad, ya que para los que no vayan a la cárcel en todo caso habrá una restricción efectiva de la libertad, es decir, “estará en un lugar específico bajo un régimen de vigilancia y control” y “no dando saltos por los municipios de Colombia”.
Ninguna de las partes ha precisado cuáles serán esos lugares de “restricción de libertad” en los que los sancionados cumplirán sus penas.
Para el caso de la guerrilla, recordó que el primer paso para acogerse a la jurisdicción especial para la paz será entregar las armas, que deberán hacerlo en un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo final.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de septiembre de 2015, 8:16 p. m. with the headline "Conteo regresivo y reacciones tras anuncio sobre la paz en Colombia."