Los hondureños se sienten más seguros

El 26 de junio del 2014, Andrea Argeñal, de 13 años, acababa de llevar a sus primos menores a la escuela en la sección de Rivera Hernández de San Pedro Sula, la segunda ciudad en tamaño de Honduras. Sus parientes afirman que ese es el tipo de favor que ella hacía con frecuencia a su familia.

De pronto, pandilleros secuestraron a Andrea, airados porque ella se negaba a entrar a su mara, pandilla de narcotráfico. La llevaron a una casa que habían invadido, una de las muchas guaridas criminales en Honduras conocidas como casas locas.

Allí, torturaron a Andrea, la violaron y acabaron matándola.

“La policía apenas respondió a su desaparición”, dice el tío de Andrea, René Maradiaga, en el lugar donde se encontró su cadáver, detrás de la ‘casa loca’. “Se demoraron de 10 a 15 días antes de empezar a buscarla en serio”.

Los mareros ya habían aterrorizado a muchos residentes locales al punto de que abandonaron Honduras con destino a Estados Unidos, especialmente a adolescentes como Kevin Portillo, quien fue amenazado por la misma mara que mató a Andrea.

“Si un chico obedece a esa mara, entonces una mara rival te amenaza”, dice Kevin, de 17 años, uno de las decenas de miles de menores de edad centroamericanos que llegaron solos a la frontera estadounidense el año pasado. (El fue deportado de vuelta a Honduras meses después.)

Pero, a pesar de todo, el horrendo asesinato de Andrea resultó la gota que colmó el vaso para su comunidad, si no para su país.

Desde que los conquistadores españoles invadieran lo que es ahora Honduras hace cinco siglos, allí se ha tratado la seguridad policial más como un privilegio privado que un derecho público. Esa es una de las principales razones –además de la insaciable demanda de drogas de Estados Unidos– que Honduras y San Pedro Sula han sufrido en años recientes las tasas de homicidio más altas de todo país o ciudad en el mundo.

Este año, funcionarios estiman que los mismos podrían disminuir hasta un 30 por ciento.

¿Qué cambió? Muchos opinan que la policía es lo que cambió.

Eso no significa un montón de equipos SWAT, helicópteros y tiroteos, no obstante.

Más bien, las cifras reflejan prácticas más modernas y profesionales tales como usar análisis de datos criminales para despachar patrullas con más efectividad en barrios como el de Andrea, como hace ahora la policía en San Pedro Sula.

O enseñar clases de resistencia a las pandillas en las escuelas locales, como lo hacen también.

O ayudar a pintar las casas de los residentes en barrios de donde las pandillas acaban de ser sacadas.

“En años anteriores, por desgracia, la gente veía a la policía como igual de criminal y represiva que las mismas maras”, dijo Eva Nelly Paz, activista comunitaria de San Pedro Sula, mientras miraba a los policías pintar casas cerca de un campo de caña de azúcar donde los mareros antes echaban los cadáveres de sus víctimas.

Alcides Vides, el nuevo subcomisionado nacional de policía en San Pedro Sula, insiste que sus agentes “están ahora en contacto con los ciudadanos, y los ciudadanos confían en ellos. Cuando eso pasa, la criminalidad violenta disminuye”.

Honduras, una nación pobre, tiene aún una escasez crónica de policías: solo hay uno por cada 1,200 habitantes. El condado Miami-Dade, por ejemplo, tiene uno por cada 400.

Pero Honduras está finalmente acrecentando las filas de su policía, gracias a millones de dólares en ayuda estadounidense y un nuevo impuesto de seguridad al que la élite gobernante del país accedió a regañadientes hace un par de años.

Ellos admitieron, además que su estrategia de mano dura –usando a las fuerzas armadas en vez de la policía para combatir a las maras– ha fracasado. De hecho, el gobierno de Honduras, encabezado por un presidente gobernador cuyo partido ha abogado mucho tiempo por la mano dura, presentó este verano un plan de reforma que llama a un aumento significativo de la policía civil y a requerimientos más estrictos para sus reclutas, incluyendo diplomas de secundaria.

“La historia de esta parte del mundo ha probado que la mano dura no funciona”, afirma Vance Stacy, asesor de la policía hondureña a nombre de la Oficina Internacional de Narcóticos y Policía (INL) del Departamento de Estado de EEUU.

Stacy está ayudando a implementar conceptos probados en EEUU tales como la vigilancia comunitaria, la descentralización de los comandos y el uso de estadísticas computarizadas para prevenir los crímenes violentos. Los jefes de policía hondureños afirman que ahora modelan sus métodos en base a los de Los Angeles, donde esas técnicas han reducido enormemente el poder de las pandillas. (Irónicamente, las principales pandillas centroamericanas tuvieron su origen en Los Ángeles una generación atrás.)

“Ahora somos una fuerza digital”, dice el general Elder Madrid, segundo al mando de la policía nacional de Honduras. “Es una mentalidad diferente”.

“La vigilancia comunitaria”, dijo Stacy, “es el único método que va a afectar directamente las causas subyacentes de la violencia”. La policía hondureña, agregó, “está empezando a hacer de este un lugar más estable”.

Un reciente estudio de la Universidad de Vanderbilt sugiere que el experimento está funcionando en el triángulo centroamericano plagado de violencia de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y al menos está haciendo un rápido progreso en el distrito de Chamelecón de San Pedro Sula, el cual podría decirse es el epicentro del terror de las maras de Honduras y, lo que no es de extrañar, un lugar que genera más emigrantes que ningún otro en la región, según funcionarios estadounidenses.

Nuevas estaciones de policía financiadas por EEUU acaban de ser terminadas en Chamelecón, con albergues provistos de literas de modo que los policías pueden mantenerse en el barrio. Esa presencia policial, conjuntamente con nuevos parques públicos y luces en las calles brillantes como lámparas de estadio, amenaza la dominación de las maras. Negocios que antes estaban abrumados por la extorsión criminal están volviendo a la vida.

“La gente ya no tiene tanto miedo de salir de compras”, dice Ruby Zaldívar, dueña de una tienda de tortas y suministros para fiestas.

Zaldívar estima que sus ventas han aumentado este año en un 70 por ciento –las piñatas de los “Minions” son las que mejor se venden– y ella está cerrando incluso después de oscurecer, algo que no había hecho en años.

Durante un recorrido reciente junto a una patrulla nocturna de la policía nacional en Chamelecón –a través de un área controlada por la mara más poderosa de Honduras, MS-13– los residentes del lugar caminaron por las calles después de oscurecer. Eso es algo que no podían hacer hace poco más de un año atrás, cuando maras como MS-13 todavía imponían un toque de queda que mantenían a los locales a puertas cerradas después de las 8 p.m.

Ya no parece haber un toque de queda en efecto en muchas cuadras de Chamelecón.

Ni tampoco parece estar en efecto en el vecindario de San Pedro Sula donde Andrea Argeñal fue asesinada.

De hecho, la comunidad ha hecho un gesto de desafío: convertir la ‘casa loca’ en un centro de recreación juvenil.

“Ahora la llamamos una casa de esperanza”, dijo Maradiaga.

La policía está estacionada 24 horas, siete días a la semana en la calle donde Andrea fue secuestrada.

Y adolescentes como Kevin Portillo afirman que se sienten lo bastante seguros como para quedarse en Honduras.

Esta historia fue publicada originalmente el 7 de octubre de 2015, 3:38 p. m. with the headline "Los hondureños se sienten más seguros."