Alianza en Venezuela prioriza crisis económica en agenda legislativa
La oposición venezolana definió el viernes la hoja de ruta que seguirá con el control absoluto del futuro Parlamento, enfocada en la liberación de sus dirigentes presos y reformas económicas, pero el presidente Nicolás Maduro las rechazó de antemano al descartar una conciliación.
Los 112 diputados electos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) se reunieron en un hotel de la ciudad de Caracas y definieron las prioridades de la agenda que desarrollarán a partir del 5 de enero cuando se instalará la nueva Asamblea Nacional de 167 escaños, elegida el domingo.
Con la súper mayoría calificada frente a los 55 escaños del oficialismo socialista, la MUD planea aprobar, entre sus primeras acciones, una ley de amnistía para unos 80 “presos políticos”, entre ellos el líder radical opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años acusado de promover la violencia en las protestas antigubernamentales del 2014.
Pero Maduro ya adelantó que la vetará. En sesión el jueves, la actual Asamblea, controlada por el oficialismo chavista, nombró como directora de la Defensoría Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a López, lo que fue criticado por organizaciones no gubernamentales.
“La Asamblea está blindada por la Constitución, va a defender al pueblo con una agenda social, económica y política. Podemos aprobar en nuestra primera sesión la ley de amnistía y trabajar en función del nuevo modelo económico. El señor Maduro que siga peleando sólo”, declaró a la prensa el diputado opositor reelecto Tomás Guanipa.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aventajó en más de dos millones de votos al chavismo en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, aseguró que tras asumir la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN) estarán al “servicio de la reivindicación social”.
“La mayoría calificada de la Asamblea Nacional va a estar al servicio de la reivindicación social, nosotros vamos a empujar desde la AN un conjunto de reinvindicaciones sociales, básicas, elementales, claves para el pueblo”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, a la prensa.
El portavoz de la oposición compareció ante los medios acompañado por los 112 diputados de esta coalición política elegidos en los comicios, quienes a partir del próximo 5 de enero asumirán sus cargos oficialmente para el período legislativo 2015-2021.
Torrealba manifestó que la alianza, adversa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, promulgará una “ley de misiones”, que regulará los programas de ayuda social creados por el ex presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y que, asegura, “ha sido utilizada como un elemento de control político”.
“La ley de misiones para todos plantea fortalecer los programas sociales, fortalecer todo lo que signifique la ayuda para cualquier ciudadano, pero vamos a eliminar la manipulación político-partidista, ideológica y el control político-clientelar por parte del Gobierno o el partido del Gobierno”, explicó.
Advirtió que “nadie tendrá que arrastrarse ante el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para acceder a un beneficio social”.
“Han tratado de extorsionar al pueblo con su propio dinero”, dijo.
Antes de entregar el control del Parlamento en enero, los diputados oficialistas tienen previsto nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un foco de conflicto porque según la oposición los candidatos son afines al chavismo.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó en una conferencia de prensa que la “moribunda Asamblea” nada podrá hacer contra “la voluntad de cambio expresada en las urnas”.
Atribuyendo la crisis económica a un errado modelo económico centralista al que se aferra el gobierno de Maduro, la MUD adelantó que pretende dictar o reformar leyes para enfrentar la seria escasez de alimentos que provoca largas filas en los supermercados.
Ofrece además incentivar la productividad del país, altamente dependiente de las importaciones y 96% de cuyas divisas las genera el petróleo, revertir expropiaciones, adecuar los salarios al elevado costo de vida y eliminar los monopolios en la prestación de servicios públicos, entre otras medidas, según un documento preliminar.
No obstante, ante cientos de militantes de su partido reunidos en un congreso extraordinario, Maduro prometió la noche del jueves una “contraofensiva revolucionaria”, al asegurar que la oposición pretende desmontar el modelo socialista y las conquistas para los sectores más pobres del país.
Para Torrealba, el presidente sigue usando el discurso que llevó al chavismo a “la más severa derrota que han experimentado en 17 años” de gobierno. “Demuestra un profundo irrespeto por el deseo de cambio de pueblo venezolano y una incomprensión de su propia desgracia”, afirmó el viernes.
Las principales propuestas de la alianza opositora:
La MUD plantea modificar leyes que imponen controles a la distribución y venta de productos básicos, para reducir la escasez de 60% de esos rubros. Se incluye la ley de Precios Justos, que fija las ganancias en la cadena de producción y comercialización.
También se consideran normas que mejoren la seguridad jurídica, ofrezcan garantías a inversionistas y reversen expropiaciones ordenadas por el gobierno sin las indemnizaciones apropiadas.
La MUD también espera dictar leyes que mejoren el ingreso salarial de los trabajadores en un país con una inflación esperada de 205% para el 2015, y entregar la propiedad de las viviendas a los beneficiarios de programas habitacionales del chavismo.
La MUD propone una “amnistía general” para quienes sean objetos de juicios o sentencias a raíz de protestas políticas y posiciones disidentes. También beneficiaría a quienes hayan sido inhabilitados políticamente.
La coalición plantea una “Ley de Repatriación de Capitales Corruptos”, que establecería mecanismos de cooperación internacional para obtener información destinada a “rastrear los capitales objeto de delitos contra el patrimonio público”.
Asimismo, se prevé una “Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas”, para utilizar licitaciones abiertas como norma en la gestión pública.
La oposición subraya que hay problemas especialmente con el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte público, las telecomunicaciones“ y su infraestructura, identificando los monopolios estatales como causa de las deficiencias.
Por ello se propone ”suprimir los monopolios y reservas“ que el Estado maneja, permitiendo que gobiernos regionales y municipales, o empresas privadas o mixtas a través de concesiones, puedan participar en esas actividades.
La mejora de infraestructura abarca “vialidad, acueductos, recolección de basura, puertos y aeropuertos”, mediante una ley de asociaciones entre empresas públicas y privadas que cumplan con las obras.
También se aprobaría una “Ley de Medios de Comunicación Públicos y Comunales” que buscará ”eliminar la hegemonía mediática de cualquier parcialidad política“.
La oposición afirma que aplicará la facultad de control sobre el Ejecutivo, y por eso interpelará a ministros y presidentes de empresas estatales de alimentación, economía y finanzas, y control cambiario; al presidente del Banco Central de Venezuela por ”ocultamiento de indicadores“ sobre la economía; salud y seguridad social, y al presidente de la poderosa estatal Petróleos de Venezuela sobre el estado del sector.
También se convocará a la fiscal general y al contralor general “por casos de corrupción no investigados”; al ministro de Interior y autoridades de cuerpos policiales “por las medidas y planes de seguridad, y por casos de represión y violación de derechos humanos”.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de diciembre de 2015, 9:46 p. m. with the headline "Alianza en Venezuela prioriza crisis económica en agenda legislativa."