Supremo en Panamá bajo escrutinio público
Las pugnas internas y la supuesta injerencia del Ejecutivo reveladas de forma sorpresiva por un magistrado del Supremo de Panamá han elevado aún más el tono de las críticas contra el organismo, muy cuestionado en los últimos meses por sectores civiles y políticos.
La situación afecta además a otro órgano del Estado, la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), que por ley le corresponde investigar y procesar a los magistrados del Supremo.
Escándalos como el de Alejandro Moncada, el separado magistrado y ex presidente del Supremo, procesado y sentenciado a cinco años de prisión por delitos de corrupción en marzo pasado en un proceso inédito llevado a cabo por la Comisión de Credenciales del Parlamento, han colocado a la Máxima Corte bajo el escrutinio público.
También la inesperada reelección el pasado día 4 como presidente del Supremo de José Ayú Prado, cuestionada por sectores políticos y civiles porque el magistrado tiene varias denuncias ante la Asamblea Nacional, que no ha investigado ninguna.
Las al menos seis causas penales abiertas al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que está en EEUU y a quien en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó detener preventivamente por un caso de escuchas ilegales, son otras de las razones que tienen a la Máxima Corte en el ojo del huracán.
Precisamente fue el fiscal acusador de Martinelli por las escuchas, el magistrado Harry Díaz, quien dijo públicamente que el exmandatario mientras estaba en el poder le pidió favores, como su voto para que Moncada llegara a la presidencia del Supremo.
“Él (Moncada) va a hacer las cosas que ustedes no quieren hacer”, habría dicho Martinelli a Díaz, relató el propio magistrado según publicó ayer la prensa local.
Díaz además cuestionó la moral de Ayú Prado, al que tildó de hombre “que no vale nada” porque no le apoyó, como le habría prometido, en su aspiración a la presidencia del Supremo.
“¿Qué clase de magistrados tenemos nosotros?”, se preguntó Díaz tras quejarse de que no recibió el pasado día 4 el voto “prometido en múltiples ocasiones” por Ayú Prado, finalmente reelegido ese día.
En octubre pasado Díaz había dicho, en una entrevista con el rotativo La Prensa, que sus colegas vendían y archivaban fallos, según publicó ayer el mismo medio.
Ayú Prado envió el jueves al Parlamento copias de las entrevistas de Díaz con el fin de que el magistrado fuera citado por la Comisión de Credenciales para que “se ratifique de sus aseveraciones y presente la o las pruebas correspondientes”.
Pero este viernes el responsable de la Comisión, Jorge Iván Arrocha, dijo que esos documentos no eran suficientes para abrir una investigación.
Para investigar a Díaz se requiere “una denuncia o querella formal” presentada por “el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que se sienten aludidos por estas declaraciones”, dijo el diputado oficialista.
Varios analistas locales se mostraron en desacuerdo con la visión del diputado y hablaron no solo del deber del Parlamento de investigar al Supremo, sino también de la necesidad urgente de cambios en el sistema de elección de los magistrados, lo que obligatoriamente pasa por una reforma constitucional.
La ley establece que el presidente de la República debe elegir a los magistrados de la máxima corte, quienes deben ser ratificados por el Legislativo.
El Parlamento “debe jugar su papel e investigar”, porque el magistrado Díaz “habló muy contundentemente de supuestos hechos ilícitos”, dijo a Efe el experto panameño en Derecho Ernesto Cedeño.
La experta constitucionalista Esmeralda de Troitiño, quien fue magistrada del Supremo entre el 2004 y el 2009, añadió que no solo Díaz sino los nueve magistrados del pleno deben ser investigados.
“La crisis es de tal magnitud que puede llevar a un caos en el sistema de Justicia”, alertó Troitiño.
El exmagistrado del Supremo Edgardo Molino (1990-1999) señaló por su parte que Díaz con sus dichos sobre el manejo interno de la Corte solo ha revelado un práctica tradicional en el país.
“En Panamá el que nombra al presidente de la Corte, en la práctica, no en la Constitución ni en la Ley, es el presidente de la República. Se necesita un cambio para que todos los magistrados sean presidentes, por turno, de forma rotativa, por un año”, añadió.
Pese a ello Molino criticó duramente a Díaz porque en su momento no denunció a Martinelli por la supuesta injerencia en el Supremo.
Bajo ese argumento la dirigente del Movimiento Independiente (Movin), Annette Planells, pidió la renuncia inmediata de Díaz, porque “permitió la violación de la Constitución”, que establece la separación de los poderes.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de enero de 2016, 10:20 p. m. with the headline "Supremo en Panamá bajo escrutinio público."