Evo Morales, una década de gobierno con menos pobreza y más corrupción
La década económica dorada que ha vivido Bolivia con Evo Morales cojea en avances sociales, con un estado de derecho minado por la crisis de la justicia, los altos índices de violencia machista y contra la infancia, el legalizado trabajo infantil y la deficiente sanidad.
Morales llegó al poder el 22 de enero del 2006 presentándose como la cara de la renovación y la revolución social en la política, pero hoy es el mandatario latinoamericano que más tiempo lleva en el cargo y sueña con gobernar de forma continua hasta 2025.
Una de sus principales promesas fue la de mejorar la vida de los bolivianos más desfavorecidos, los débiles, los más pobres en el entonces país más pobre, pero aunque logró avances importantes en la erradicación del hambre, otros indicadores del bienestar social siguen bajo mínimos.
Así lo ha denunciado el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien en los últimos años ha aumentado la intensidad de sus críticas hacia Morales y su Gobierno, al considerar que el estado de derecho y los derechos humanos han sufrido un retroceso en el país andino.
La violencia contra las mujeres y la infancia es uno de los asuntos de los que no puede presumir el Gobierno boliviano.
Bolivia es, según datos de la ONU, el país latinoamericano con mayores índices de violencia machista, y aunque fue este Gobierno el que por fin aprobó una ley, pospuesta por años, para tratar de frenar esta lacra, de momento los resultados son escasos.
Al menos 107 bolivianas, según la Defensoría, fueron asesinadas el año pasado y el 80 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia que también se hace extensiva a los menores y que en muchos casos se produce dentro del hogar.
Con la nueva ley han aumentado las denuncias, pero no se ha logrado el pretendido efecto disuasorio.
Este asunto se entrelaza con otro de los problemas más acuciantes que enfrenta Bolivia, el de una justicia gravemente debilitada por la corrupción, la falta de medios y la más absoluta falta de confianza por parte de la población.
Reiterados escándalos, con grabaciones en vídeo incluidas, involucran a jueces y fiscales, el propio Gobierno ha tachado de “vergüenza” al poder judicial y la lentitud de los procesos ha desembocado en cárceles hacinadas en las que la mayor parte de los reos no tiene sentencia firme.
La ineficacia del sistema se refleja también en el aumento de los linchamientos, en los que las turbas toman la justicia por su mano alegando que actúan bajo la justicia indígena originaria, que aunque está reconocida en la Constitución (2009) al mismo nivel que la justicia ordinaria, sin embargo no ampara el castigo físico y menos las ejecuciones.
A Morales también le han costado críticas algunas desmesuradas inversiones en temas sin una repercusión directa en el bienestar de la población.
Entre esos proyectos, el lanzamiento de un satélite ($300 millones), la construcción de un museo dedicado a la “revolución” en el apartado pueblo natal del mandatario ($6.7 millones) o el empeño del Presidente en ofrecer su país como sede de cumbres del más diverso signo, sin reparar en gastos.
Los abundantes recursos destinados a esas iniciativas contrastan con la precaria situación de los hospitales públicos bolivianos, donde los niños con cáncer se ven obligados a costearse el tratamiento con iniciativas como la venta de tarjetas navideñas pintadas por ellos mismos.
Según un informe de la ONG Save the Children difundido en el 2015, por cada mil nacidos en Bolivia, 39.1 no llega a cumplir los cinco años y el índice de mortandad materna es también el más elevado de Suramérica, con una mujer en riesgo de fallecimiento por cada 140 partos.
Además, el país no cuenta con tratamiento para niños hemofílicos, banco de córneas o aceleradores lineales para tratar tumores, entre otras carencias.
Bajo el Gobierno de Evo Morales, en 2014, también tuvo lugar la legalización del trabajo infantil, una decisión que levantó ampollas entre organizaciones de derechos humanos pero que los niños trabajadores, y más aún sus familiares, aplaudieron y que el propio mandatario defiende al considerar que crea “conciencia social”.
En Bolivia trabajan unos 850,000 menores, algunos en sectores de especial dureza como la minería, la agricultura y la venta callejera, sin que esta situación tenga visos de mejorar a corto plazo.
Bonanza económica amenazada
Bolivia consiguió en los diez años de gobierno de Morales un crecimiento económico y una reducción de la pobreza sin precedentes, apoyada por los ingresos generados por el gas, pero ahora sus precios han bajado como los del petróleo y eso plantea retos para los próximos cuatro años.
Desde que asumió el poder, el mandatario aimara, indigenista e izquierdista, puso en marcha reformas para desmontar el modelo “neoliberal”, hacer del Estado un actor central de la economía e impulsar la industrialización del país, uno de los sueños más extendidos en Bolivia, pero que no termina de nacer.
Con una nueva política económica, bautizada como “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, Bolivia logró un crecimiento promedio del 5.1 por ciento entre los años 2006 y 2014, convirtiéndose en una de las economías más pujantes del continente.
En ese mismo período la extrema pobreza (menos de un dólar de ingreso diario) se redujo del 38.2 al 17 por ciento y el objetivo ahora es reducir esa cifra a 9.5 por ciento para el 2020 y colocarla en cero hacia el 2025, cuando Bolivia cumpla 200 años como país independiente.
Los resultados de la década pasada sorprendieron a propios y extraños si se comparan con periodos previos a Morales, en los que Bolivia siempre registró los peores desempeños económicos regionales, en medio de sus agudas crisis políticas y sociales.
Otros rasgos distintivos del modelo de Morales son el control de la inflación, un tipo de cambio fijo respecto al dólar congelado desde el 2011, el estímulo del ahorro y créditos en moneda boliviana, la ampliación de la demanda interna, la subvención del coste de los carburantes y los aumentos salariales por encima de la inflación.
También ha sido una clave de la gestión la continuidad del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, que acompaña al presidente Morales en el mismo cargo desde hace 10 años.
Casi todos los análisis coinciden en que el origen del “milagro boliviano” está en el fuerte tirón que le dieron a su economía los altos precios de las materias primas, en particular las del gas natural, que es exportado a los mercados de Brasil y Argentina.
Entre los años 2006 y 2014 los ingresos por la renta petrolera sumaron alrededor de $28,000 millones, casi cuatro veces la cifra global del Producto Interior Bruto (PIB) anterior al 2005.
La bonanza del período permitió el crecimiento del PIB anual hasta alrededor de los $32,000 millones de dólares, para un país con una población de poco más de diez millones de habitantes, pero cuya población económicamente activa es mayoritariamente informal.
Lo conseguido durante 10 años ha merecido elogios del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), instituciones a las que, no obstante, denosta Morales por considerarlas instrumentos del “imperialismo”.
Sin embargo, el fin del ciclo mundial de los precios altos del petróleo, a los que se indexan los del gas natural, plantea nubarrones en el horizonte para el Gobierno porque en 2015 comenzaron a mermar los ingresos provenientes del energético.
En 2015 la renta petrolera sumó $3,500 millones, un 35 por ciento menos que en 2014, y la situación puede agravarse este año porque el precio del petróleo sigue a la baja.
El precio del gas natural boliviano se sitúa hoy en cerca de $5 por millón Unidades Térmicas Británicas (BTU), la mitad de lo que percibía Bolivia antes del desplome de los precios
La producción no ha logrado diversificarse porque hoy las exportaciones de gas y de minerales representan el 80 por ciento de todas las ventas nacionales anuales y los sueños de la industrialización del hierro y la petroquímica tampoco han dado sus primeros frutos.
En cuanto a su forma de gobernar, el sencillo sindicalista que vistió su popular “chompa” de lana a rayas en la primera gira internacional que hizo nada más ganar las elecciones parece haber quedado atrás, lejos del caudillo insustituible y todopoderoso del “proceso de cambio”, como llaman al Gobierno de Morales los sectores que le son afines.
Hoy todo el proceso gira en torno a Morales, cuya fotografía aparece en cuanta publicación y material oficial difunde el Gobierno. Para el gobernante no hay matices: o se está con él o contra él, o se está con su “proceso” o con el “imperialismo”.
Esta filosofía ha vuelto a quedar patente en la campaña con miras al referendo del 21 de febrero próximo, en que se someterá a votación una reforma constitucional para permitirle ser candidato una vez más en 2019.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de enero de 2016, 2:41 p. m. with the headline "Evo Morales, una década de gobierno con menos pobreza y más corrupción."