Aprobación en Parlamento venezolano de ley sobre viviendas genera pugna
La mayoría opositora en el Parlamento venezolano aprobó este jueves una ley para entregar títulos de propiedad a los beneficiarios de viviendas subsidiadas por el Estado, lo que generó una nueva pugna con el chavismo.
El presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, anunció la aprobación de la normativa en la primera de dos discusiones, con el respaldo unánime de los 109 diputados de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras que la minoritaria bancada oficialista salvó su voto.
“Este instrumento que acaban de aprobar (…) primero no cumple los requisitos para ser un proyecto de ley, segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional”, señaló el legislador oficialista Pedro Carreño.
En un acalorado debate, los parlamentarios opositores insistieron en la necesidad de otorgar “propiedad plena” a los habitantes de los inmuebles construidos por el programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que según el presidente Nicolás Maduro entregó la residencia un millón en diciembre pasado.
Por su parte, los parlamentarios chavistas aseguraron que la intención de la MUD es “mercantilizar” la vivienda y prometieron llevar “la ley a la calle” para explicarle a los beneficiarios que el gobierno ya inició la entrega de la titularidad sobre los inmuebles.
El jefe de la bancada opositora y promotor del proyecto, Julio Borges, afirmó que la “gran discusión en Venezuela” es “democratizar la economía y los derechos de propiedad”, para eliminar la “dependencia” de los habitantes de esas viviendas del gobierno.
Tras cuestionar la cifra de viviendas construidas y entregadas, Borges prometió que la bancada opositora pedirá una “auditoría completa” sobre el programa social.
En respuesta a estos señalamientos, el diputado oficialista Ricardo Molina, ex ministro de Vivienda, describió el instrumento como una “ley disfraz” que dificulta el acceso de los más pobres a las viviendas.
Además, Molina llamó a los opositores a “buscar los miles de documentos de propiedad en los registros públicos” que ya habrían sido entregados.
Durante un acto de entrega de viviendas este jueves, el presidente Nicolás Maduro dijo que la ley “pretende privatizar la vivienda” y pidió a los beneficiarios de la GMVV “irse a la calle a luchar con la R de rebelión”.
Este programa social fue creado en el 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) con la promesa de construir tres millones de viviendas para el 2019.
Por otra parte, la industria de los alimentos enfrenta una situación extremadamente crítica ante los severos problemas de abastecimiento de materias primas, repuestos, insumos y materiales de empaque, afirmó el jueves Manuel Felipe Larrazábal, director de la Cámara que agrupa a las mayores empresas privadas del sector.
Larrazábal dijo en un comunicado que la compleja situación del sector ha sido generada por la “falta total de acceso a divisas”, la deuda con los proveedores extranjeros que alcanza a $1,600 millones que llevó a la paralización de los créditos internacionales y la congelación y el rezago de los precios de algunos bienes controlados que no permiten cubrir los costos de producción.
La crisis que enfrenta la industria llevó a la suspensión de la producción de atún enlatado, gelatinas, salsa de tomate, bebidas en polvo, flan en polvo, avena, mortadella, carne para almuerzo enlatada, y quesos para untar, señala un informe de la Cámara Venezolana de Alimentos, difundido este jueves.
El estudio reconoce que ante los “niveles críticos” de inventarios hay un “riesgo inminente de ser suspendida” la producción de alimentos como el trigo, las gaseosas, el aceite, las galletas, los jugos, las salchichas, el azúcar, el arroz, la mayonesa.
“Para solucionar esa crítica situación que atraviesa la producción de alimentos se requieren medidas inmediatas”, indicó Larrazábal, y agregó que la industria está a la espera de una convocatoria del gobierno para proponer algunas salidas como el reconocimiento de la totalidad de la deuda comercial con los proveedores internacionales para lograr su refinanciamiento; la promoción del desarrollo agrícola local, y la adecuación de los productos con precios congelados al régimen del precio máximo de venta al público para cubrir los costos de producción.
Durante la última década el gobierno realizó numerosas expropiaciones y acordó una serie de medidas para aumentar el control sobre la industria de alimentos, pero en algunos rubros básicos el sector privado tiene una importante participación en el mercado.
“No hay manera de eludir una crisis más compleja en las próximas semanas”, afirmó el director de la firma local de análisis Econométrica, Henkel García, y dijo a The Associated Press que será inevitable que la escasez de alimentos alcance niveles nunca vistos en el país ante la caída de los precios del petróleo, que provee 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones, y los tiempos del circuito de importación, que se extienden entre dos y cinco meses. Venezuela tiene una alta dependencia de las importaciones.
García indicó que la distribución sectorial de las divisas que acordó recientemente el gobierno como parte de la llamada “acupuntura cambiaria” no resolverá los problemas de abastecimiento y por el contrario los agravará.
Desde finales del 2012 en Venezuela enfrenta un fuerte desabastecimiento de diversos alimentos y medicinas que los analistas y empresarios asocian a una importante merma en la venta de divisas oficiales. El país suramericano mantiene un control de cambios y de precios desde el 2003.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de enero de 2016, 11:03 p. m. with the headline "Aprobación en Parlamento venezolano de ley sobre viviendas genera pugna."