Informe anual de Amnistía Internacional: derechos humanos en crisis en las Américas

Amnistía Internacional denunció el martes la “tendencia regresiva” en materia de derechos humanos de los últimos dos años en América, donde los compromisos de los Estados para respetarlos eran “papel mojado para millones de personas”.

La ONG criticó en su informe anual que el año pasado se puso de relieve la magnitud de la crisis de derechos humanos que afronta el continente, donde la combinación de discriminación, violencia, desigualdad, conflicto, inseguridad, pobreza, daños medioambientales y la falta de garantías respecto a la justicia amenazaban la protección de esos derechos.

La “arraigada cultura” de la impunidad, la negación de la verdad y el resarcimiento a millones de personas debilitaba el Estado de derecho, alerta el informe, que reprocha que las autoridades “emplearon reiteradamente respuestas militaristas” para hacer frente a problemas sociales y políticos.

Amnistía destaca que ocho de los 10 países más violentos del mundo son de América Latina y el Caribe, y en cuatro de ellos –Brasil, Colombia, México y Venezuela– se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial.

“Solo 20 de cada 100 homicidios en América Latina desembocaban en una condena; en algunos países, el porcentaje era incluso menor. La delincuencia violenta era particularmente generalizada en El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela”, dice la ONG.

Amnistía alerta de la creciente influencia de las multinacionales y su implicación en abusos contra los derechos humanos, especialmente en territorios pertenecientes a pueblos indígenas, lo que incrementó la violencia.

La inseguridad, la violencia y las dificultades económicas en México y Centroamérica llevaron a un número cada vez mayor de personas, en particular menores no acompañados, a abandonar sus hogares y cruzar las fronteras, recalca.

Amnistía cita como ejemplo de las crisis de derechos humanos a México, donde al menos 27,000 personas seguían en paradero desconocido al finalizar el año y hay miles de denuncias de torturas y de ejecuciones extrajudiciales.

En Venezuela, un año después de las manifestaciones que se saldaron con 43 muertos, nadie había sido declarado culpable ni se habían retirado los cargos contra las personas detenidas arbitrariamente por las autoridades, según AI.

Los derechos humanos en Cuba estaban en una encrucijada con una mejora de las relaciones internacionales del país, al tiempo que las autoridades sofocaron la disidencia, agrega Amnistía.

En Brasil, la ONG dice que la construcción de las instalaciones para los Juegos Olímpicos condujo a desalojos en Río de Janeiro, a menudo sin notificación, indemnización o reasentamiento adecuados, y denuncia el uso de la fuerza excesiva en la represión de manifestaciones.

En Colombia, las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuaron avanzando significativamente, lo que incrementó las expectativas de acabar pronto con un conflicto armado de 50 años.

Estados Unidos aceptó muchas de las recomendaciones de la ONU tras el análisis de su historial de derechos humanos y reiteró que apoyaba las peticiones de cerrar el centro de detención estadounidense en Guantánamo (Cuba), pero no aplicó ninguna de esas sugerencias al finalizar el año.

A pesar de los sólidos mecanismos y leyes, la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en la región y las autoridades no enjuiciaban a los responsables ni proporcionaban reparación adecuada a las víctimas, recrimina la ONG.

El año pasado persistió el patrón de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos y había una creciente tendencia a hacer un uso indebido de los sistemas judiciales para reprimir a quienes defendían esos derechos, añade.

La creciente violencia contra las mujeres seguía siendo uno de los principales desafíos en América y apenas se avanzó en abordar dicha situación, critica Amnistía, que menciona los elevados índices de violencia de género en Guatemala, Guyana, El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago, entre otros países.

También sufrían discriminación y violencia las personas del colectivo LGBTI, pese a los avances en algunos países.

EEUU no adoptó medidas para acabar con detenciones secretas

Estados Unidos fue criticado por no haber rendido cuentas, ni reparado los crímenes cometidos en el marco del programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En su informe de 2015, AI recuerda que decenas de detenidos permanecían bajo custodia militar indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, y destaca que el pasado septiembre, EEUU aceptó aproximadamente tres cuartas partes de las 343 recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Lamenta que EEUU dijese que respaldaba la petición de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Mujer, y la rendición de cuentas por torturas, pero al finalizar el año no se había puesto ninguna en práctica.

AI destaca igualmente que aunque EEUU afirmó que prohíbe la tortura o la desaparición forzada y que será perseguida, al acabar 2015 no se había adoptado ninguna medida para poner fin a la impunidad por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA.

Aquel programa funcionó bajo la autorización del entonces presidente George W. Bush.

Pese a esas proclamas, “a favor de la transparencia”, AI destaca que más de 12 meses después de que se hiciera público el resumen desclasificado del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU sobre el programa de la CIA, 6,700 páginas que detallaban el trato a cada detenido, seguía clasificado como alto secreto.

La mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido sometidos a desaparición forzada y a condiciones de reclusión y/o técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al terminar 2015, había 107 hombres recluidos en Guantánamo, la mayoría sin cargos ni juicio, asegura AI.

La ONG indica que al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la Policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde 2001 se elevó a al menos 670.

Y eso que la mayoría no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma taser.

Las autoridades no registraron la cifra exacta de personas muertas cada año a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero los cálculos oscilaban entre 458 y más de 1,000.

Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros.

Más de 35,000 menores de edad no acompañados y 34,000 familias fueron detenidos al cruzar la frontera sur en 2015 y, aunque huían de la violenci,a muchas familias fueron detenidas durante meses mientras se procesaban sus solicitudes de permanencia en EEUU.

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de febrero de 2016, 3:19 p. m. with the headline "Informe anual de Amnistía Internacional: derechos humanos en crisis en las Américas."