Muertes sin aclarar en la mayor hidroeléctrica de Ecuador

La empresa Sinohydro, presente en más de 60 países de Asia, África, Europa y América Latina, ha sido señalada por deficiencias en las condiciones laborales por lo que ha enfrentado 70 procesos judiciales entre el 2012 y el 2015 por reclamos presentados por algunos de sus ex empleados. En Latinoamérica, el caso que la ha puesto en el centro de la polémica surgió a raíz de la muerte de 14 trabajadores (11 ecuatorianos y 3 chinos) que participaban en la construcción de la gigantesca hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La compañía china fue contratada por Ecuador para construir este proyecto, que se desarrolla entre Napo y Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia, y hoy es demandada por daño moral por familiares de tres de los obreros perecidos en una explosión. Cada familia exige el pago de $3 millones por indemnización.

“Las condiciones en la compañía fueron más malas que buenas, la alimentación, a los trabajadores los maltrataban los amigos chinos, el idioma que no se les entendía (…) a gente obrera hasta les pegaban”, dijo Héctor, quien trabajó como conductor para Sinohydro y que denunció para este reportaje reproducido por CONNECTAS las condiciones inadecuadas de trabajo a las que estaban sometidos los obreros que trabajaban en el proyecto.

Pero más allá de la indemnización, buscan saber la verdad de lo que pasó y que haya justicia.

Luis Moya, Lidia Shiguango y Amelia Chongo, familiares de las víctimas, aseguran que se había advertido sobre los riesgos que había por filtraciones de agua, lo que hubiera podido evitar la tragedia del 13 de diciembre del 2014, cuando una sección de la tubería de presión número uno de la hidroeléctrica colapsó.

Moya añade que incluso personal de la empresa que supervisa los trabajos ordenó que se repararan “todos esos daños”. Un obrero que se salvó de morir esa noche porque se negó a entrar al túnel también señala que hubo varias advertencias por el peligro en el área, pero que los jefes de nacionalidad china los obligaban a trabajar bajo esas condiciones.

Sin embargo no logran ninguna respuesta ni del alto gobierno ni de la Fiscalía de ese país. Al día siguiente de la tragedia, los ministros de Sectores Estratégicos y de Electricidad, inspeccionaron la zona y anunciaron una comisión que iba a investigar y presentar un informe del que aún no se tienen noticia. Por su parte, luego de seis meses de la tragedia, una fiscalía local solicitó archivar el proceso –abierto por la presunción de homicidio culposo– por considerar que el “hecho no constituye delito” y señaló que su decisión se basó en un informe pericial que determinó que los hechos se produjeron “por causa natural”. El 11 de agosto pasado, el poder judicial archivó la causa.

La tragedia no sólo ha generado un debate con los familiares de las victimas, también parte de la Asamblea Nacional de este país impulsó acciones para conocer las condiciones laborales de la obra. Tanto que en su momento un grupo de legisladores acudió a la construcción y escuchó las denuncias de los trabajadores.

“Pedimos igualdad entre el trato que nos dan con el que reciben los chinos (...). Hay afectación pulmonar por las condiciones del lugar de trabajo (...), existen dos tipos de mascarillas, una para ecuatorianos y otra para los chinos (...). Yo soy soldador y en ocasiones se me ha obligado a trabajar en condiciones extremas, lleno de agua, que me ha cogido corriente (...)”, indicó uno de los trabajadores en una denuncia incluida en un informe que elaboró la comisión legislativa.

En la construcción, las obras fueron motivo de objeción por el ingeniero Patricio Enríquez, quien laboró en la Dirección técnica de las actividades de construcción de la hidroeléctrica y envió cartas al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en abril y mayo del 2012, para informar sobre “la grave situación en la ejecución” de Coca Codo Sinclair a causa de “incumplimientos del contratista chino” que –a su criterio– estaban afectando esta construcción. Entre la lista de deficiencias señaladas por el ingenieron estaban la “carencia de diseños definitivos y aprobados para la construcción de las obras, falta de programación para la ejecución de las actividades, inexistencia de personal clave calificado, desconocimiento de las normas de seguridad industrial y de higiene, etc.”.

Lidia, viuda de Bayron Shiguango, también pide respuestas: “Yo hasta ahora no sé cómo falleció mi esposo (…). Es extraño, querían acabar esto rápido”. Y Amelia, la viuda de Ramón Aguinda, exige justicia: “Hasta ahora yo sufro (…). Ahí los maltrataban”. Las 11 familias afectadas recibieron $60,000 de un seguro de vida por cada obrero. También se les entregó la liquidación laboral. Pero Moya, Shiguango y Chongo no aceptaron el finiquito.

El pedido de una esclarecimiento total de los hechos, de una respuesta judicial satisfactoria del Estado ecuatoriano y de una compensación económica mayor por las muertes es el motor de las tres familias que no dan por cerrado este caso que aquí se presenta con más detalle.

Esta investigación fue realizada por Jonathan Palma para El Universo de Ecuador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de junio de 2016, 9:09 a. m. with the headline "Muertes sin aclarar en la mayor hidroeléctrica de Ecuador."