Proceso de paz en Colombia enfrenta dura prueba tras fallo judicial
Como un balde de agua fría cayó en el gobierno de Colombia y los partidos de la coalición la determinación que tomó la Corte Constitucional de modificar la manera en la que se estaban dando curso en el Legislativo las iniciativas para implementar los acuerdos de Paz con las FARC.
Hasta el miércoles de la semana pasada los proyectos de ley y reformas constitucionales se habían tramitado a través del ‘Fast Track’ (vía rápida), un procedimiento especial y expedito que permitía reducir el número de debates de las iniciativas, con el que se obligaba a votar en bloque ‘sí o no’ y el cual impedía modificar los proyectos sin el aval del gobierno.
Sin embargo, a raíz de una demanda interpuesta por el senador uribista Iván Duque y respaldada por 1.3 millones de colombianos, el Alto Tribunal determinó que lo acordado en La Habana sí es susceptible de ser modificado por el Congreso. Esta decisión fue interpretada como una victoria del bloque uribista, que había manifestado reiteradamente su inconformidad con el Fast Track por considerar que el Congreso se limitaba a ser un simple “notario” e incluso los congresistas del Centro Democrático se habían retirado de todas las sesiones de votación.
Un punto clave del fallo de la Corte es que la determinación aplica solo para los proyectos que se discutan en adelante y no a las normas ya aprobadas y que son la columna vertebral de los acuerdos, como la ley de amnistía, la Justicia Especial para la Paz y la participación en política de los guerrilleros, entre otras. Temas sensibles como la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), tierras y la reforma política aún quedan por debatir y es ahí donde la coalición de Gobierno y las fuerzas del Centro Democrático (el partido del uribismo) tendrán acaloradas discusiones.
El ex presidente Álvaro Uribe, férreo crítico del gobierno Santos y del proceso de paz, afirmó en su cuenta de Twitter que aunque la sentencia “es un paso importante, es insuficiente, pues hay que pensar ahora qué se va a hacer con todo aquello que se aprobó violando las garantías”.
Aunque en un primer momento la noticia generó una enorme tormenta política en el país, el mismo presidente Santos le bajó el tono al debate asegurando desde Washington que lo decidido por la Corte “no es grave, pero sí hace más dispendioso el procedimiento” y aseguró que en una llamada telefónica con el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, acordaron “seguir trabajando” para cumplir lo acordado.
El secretariado de las FARC afirmó a través de un comunicado que el fallo pone “al proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio”, pero manifestó su intención “indeclinable de seguir cumpliendo con lo acordado”.
EL CONGRESO PUEDE HACER MODIFICACIONES
Duque, precandidato presidencial por el Centro Democrático, celebró la determinación y dijo que con ella “se recupera la independencia y autonomía para votar y modificar los proyectos y el Congreso deja de ser un notario de la Casa de Nariño”.
Por su parte, el presidente del Congreso, el senador Mauricio Lizcano, afirmó que “se ha exagerado” en la interpretación de la sentencia de la Corte y se mostró confiado en el que el Legislativo trabajará ahora “con más responsabilidad y disciplina, para mantener la fidelidad de los acuerdos pero con un procedimiento más lento”.
A juicio de Juan Carlos Henao, ex presidente de la Corte Constitucional y asesor jurídico del Gobierno, “el fallo no es dramático, ni va a alterar la esencia de los acuerdos de paz, pues ya el grueso del proceso se aprobó”. El jurista aclaró que el fallo del Alto Tribunal determinó que “toda modificación que haga el Congreso debe ser para facilitar y mejorar el proceso de paz y no para torpedearlo ni acabarlo y debe ser aprobada por la mitad +1 de los congresistas”. Así mismo, indicó que del acuerdo quedan por debatir detalles y resaltó que el Gobierno cuenta con el respaldo de la mayoría de los congresistas para terminar de sacarlo adelante.
A su turno, el constitucionalista Juan Manuel Charry señaló que el fondo de la decisión no debe centrarse en el tiempo que ahora va a tardar una iniciativa en debatirse, sino en que se podrían aprobar textos diferentes a los que se acordaron con las FARC. “¿Qué sí puede ser delicado? Que un proyecto se apruebe por mitad o se le quiten piezas claves. El Congreso puede expedir una ley distinta a la que se acordó en La Habana”, afirmó.
Así las cosas el proceso de paz en Colombia, que inició oficialmente en octubre del 2012 y con el que se busca dar fin a más de 50 años de violencia, se enfrenta a un nuevo desafío para implementar lo acordado en La Habana. Las mayorías en el Congreso de los partidos que apoyan al gobierno Santos y, del otro lado, la fuerza del uribismo serán claves para definir el futuro de aspectos determinantes para el proceso.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de mayo de 2017, 9:52 a. m. with the headline "Proceso de paz en Colombia enfrenta dura prueba tras fallo judicial."