¿Darle una oportunidad a la paz? Muchos en Colombia lo ven difícil
Un año después de que Colombia firmara un histórico y controvertido acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande del hemisferio, al parecer hay partes en ese país que continúan en guerra.
Los asesinatos políticos siguen siendo tristemente comunes, la producción de cocaína está en auge y nuevos protagonistas armados están luchando para llenar el vacío de poder dejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando se desmovilizaron.
El gobierno se prepara para celebrar el 24 de noviembre el aniversario del duramente logrado acuerdo de paz, y tiene mucho de qué enorgullecerse. La tasa de homicidios está en su nivel más bajo en cuatro décadas y los miembros de las FARC, una fuerza de combate de más de 7,000 soldados, han abandonado sus armas y se han convertido en un partido político.
Pero también está claro que los problemas históricos del país no van a desaparecer de la noche a la mañana, a pesar de que el acuerdo ganó elogios internacionales y le valió al presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz en 2016.
Leyner Palacios, un líder de derechos humanos de 41 años del Chocó, una región en el noreste de Colombia devastada por la guerra, dijo que las comunidades que él representa apoyan abrumadoramente el acuerdo de paz a pesar de que están alarmados por los continuos asesinatos y enfrentamientos.
“Aunque las FARC han abandonado sus armas, la violencia, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico, sigue siendo grave”, dijo Palacios, cofundador del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, que representa a unas 11,000 personas. “Estas son comunidades que apuestan por el acuerdo de paz, pero hasta ahora ese acuerdo no nos ha traído la paz”.
La semana pasada, la ONU dijo que estaba “cada vez más preocupada” por el asesinato de activistas, ya que al menos 78 líderes políticos y de derechos humanos han sido asesinados este año. Además, unas 1,500 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, porque grupos como El Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros, luchan por el control de los campos de coca y las minas ilegales.
A nivel internacional, el gobierno promovió el acuerdo de paz como una manera de romper el comercio de coca (la coca es el ingrediente crudo de la cocaína). En cambio, la producción ha crecido a pesar de que las FARC han abandonado el control de sus campos. Hoy, Colombia es una vez más el principal productor de coca del mundo, que le ha granjeado una rara reprimenda de la Casa Blanca.
De alguna manera, el acuerdo de paz es una víctima de grandes expectativas, dijo Rodrigo Rivera, el Comisionado de Paz del gobierno. El pacto fue diseñado para implementarse durante años, incluso décadas, dijo.
Aun así, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, que supervisa el proceso, ha descubierto que el 45% de las 558 estipulaciones del acuerdo se están cumpliendo de una forma u otra y su “implementación está a la par o ligeramente superior a otros acuerdos de paz”. “
Y el pacto ha logrado cosas que hubieran sido inalcanzables hace solo unos años, dijo Rivera.
Las FARC, que resistieron todos los intentos de ser aplastada militarmente durante cinco décadas, ahora están comprometidas con la política pacífica. Su nuevo partido político, llamado FARC-EP, tendrá 10 escaños en la legislatura el próximo año. Y el comandante del otrora grupo guerrillero, Rodrigo “Timochenko” Londoño, se postulará para presidente.
Colombianos en Florida
Esos hitos no deben pasarse por alto, dijo Rivera. Aún así, entiende por qué los colombianos en el sur de la Florida, donde muchos huyeron para escapar de la violencia, son escépticos.
“Muchos de ellos tuvieron que irse debido a la guerra. Están en el exilio y fueron víctimas de las FARC o grupos paramilitares”, dijo. “Todavía tienen ese recuerdo de dolor personal que es totalmente comprensible y debe ser respetado. Y entonces es menos probable que estén abiertos a segundas oportunidades, a estar abiertos a la reconciliación”.
Muchos colombianos en la patria también están luchando con la idea de que guerrilleros veteranos con las manos ensangrentadas puedan caer en la política. Esa percepción, y los constantes escándalos de corrupción, han golpeado a Santos, cuyas calificaciones de aprobación están cerca de los mínimos históricos con el 26%, según una encuesta de Gallup publicada por el periódico El País.
Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa de Santos de 2011 a 2015. Sus órdenes en ese momento fueron bombardear a las FARC en el campo de batalla mientras los negociadores en Cuba intentaban convencerlos de pactar la paz.
Ahora un candidato presidencial independiente, Pinzón, quien también fue hasta mayo el embajador de Colombia en Estados Unidos, dijo que cree firmemente en la paz, pero no le gusta este pacto en particular.
Según el acuerdo, los excombatientes deben presentarse en un tribunal especial donde enfrentarán sentencias alternativas, pero evitarán la cárcel si confiesan sus crímenes y cooperan.
Pinzón dijo que, como ministro de Defensa, le dijeron que los guerrilleros tendrían que enfrentar ese tribunal antes de poder participar en la política. A principios de este mes, sin embargo, el tribunal constitucional dictaminó que los guerrilleros pueden ocupar escaños legislativos y postularse a la presidencia antes de ir al juicio.
Cuando se le preguntó sobre su participación en una carrera presidencial en la que pudiera tener que competir contra Londoño, de las FARC, Pinzón lo calificó de “absurdo”.
“Es inaceptable y no entiendo por qué el presidente de Colombia ha permitido que esto suceda”, dijo. “Este hombre [Londoño] es un delincuente y el mayor violador de los derechos humanos en América Latina, no solo en Colombia”.
“Yo, y creo que la mayoría de los colombianos, entendí que el final del conflicto iba a requerir asumir una serie de responsabilidades que incluían permitir que [las FARC] participaran en política”, agregó. “Pero no así. Simplemente no es lo correcto”.
Las preocupaciones de la guerrilla
Al final, los ex miembros de las FARC tampoco están del todo felices con la paz. La semana pasada, Londoño envió una carta abierta a Santos diciendo que la organización “estaba extremadamente alarmada” por las promesas incumplidas de la administración y por la forma en que los tribunales y el Congreso modificaron el espíritu del acuerdo.
Originalmente, el sistema de justicia transicional se diseñó para las guerrillas, los militares, los políticos y civiles que financiaron y participaron en el conflicto. La semana pasada, sin embargo, los tribunales dictaminaron que el nuevo órgano judicial no tendrá jurisdicción sobre los políticos y será “voluntario” para los civiles.
Las FARC han advertido (y Santos ha aceptado) que darles esa licencia a políticos y civiles podría conducir a la impunidad. Además, a los guerrilleros les preocupa que bajo ciertas interpretaciones pudiera despojárseles de sus derechos y tendrían que enfrentar la extradición a Estados Unidos, incluso si cometen infracciones menores.
Rivera, el comisionado de paz, dijo que esa no es la interpretación del gobierno, y Santos ha intentado tranquilizar a los líderes de las FARC. Santos y Londoño tienen previsto reunirse el viernes para discutir el tema.
Aun así, las FARC advirtieron en un comunicado que “tal como están las cosas ahora, la única forma de salvar este proceso de paz es con marchas masivas en las calles”.
El acuerdo de paz todavía no está fuera de peligro. Si bien el Senado aprobó las regulaciones de implementación a principios de este mes, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para completar ese proceso bajo reglas expeditas de “vía rápida”. Existe el riesgo de las dilaciones por parte de aquellos que intentan anotarse puntos políticos podrían arrojar obstáculos de última hora en el camino.
Rivera dijo que confía en el Congreso y que los colombianos le darán una oportunidad a la paz.
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Esta historia fue publicada originalmente el 22 de noviembre de 2017, 5:52 p. m. with the headline "¿Darle una oportunidad a la paz? Muchos en Colombia lo ven difícil."