El gobierno colombiano se queda corto en la protección de líderes sociales, señala informe
El gobierno colombiano está haciendo una labor insuficiente con respecto a su obligación de proteger a los líderes sociales amenazados por grupos armados ilegales en el posconflicto, dijo la organización Human Rights Watch el miércoles.
Un nuevo informe, basado en más de 130 entrevistas realizadas por todo el territorio nacional, confirmó que los mecanismos de protección que ha dispuesto el gobierno todavía están dejando a los ciudadanos más vulnerables en riesgo.
El despliegue militar no ha llevado a una reducción de asesinatos de líderes sociales en las áreas donde los grupos al margen de la ley aún controlan el territorio. Los defensores de derechos humanos reciben teléfonos celulares o botones de pánico, pero no siempre pueden utilizarlos porque, a menudo, se encuentran en zonas sin señal o presencia policial. Aunque la fiscalía ha realizado arrestos por tales asesinatos, desmantelar las estructuras de poder detrás de las muertes es un mayor desafío.
De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en el país desde el 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados de cualquier país latinoamericano en los últimos años”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero la respuesta del gobierno ha sido mayoritariamente hablar”.
El presidente Iván Duque ha afirmado que reducir los delitos contra los líderes sociales es una prioridad máxima de su gobierno. Recientemente anunció un plan con las Naciones Unidas para invertir varios millones de dólares en la seguridad de estos líderes.
Tim Rieser, asistente de política exterior del senador Patrick Leahy, D-VT, dijo que el fenómeno ataca un componente central de la implementación del acuerdo de paz y su éxito en el futuro.
“El acuerdo de paz no puede sobrevivir si esto continúa porque estas personas arriesgaron sus vidas para apoyarlo y son esenciales para su éxito”, dijo Rieser. “En última instancia, va a ser necesario lo que el senador Leahy ha estado diciendo durante años: establecer un sentido de seguridad, oportunidades económicas y servicios sociales en una parte del país donde eso nunca ha existido. Es un desafío abrumador, pero deben demostrar que se puede lograr”.
Varios grupos al margen de la ley se han mantenido activos después del acuerdo de paz, incluidos los grupos disidentes que optaron por no firmar el acuerdo. Cuando los guerrilleros de las FARC comenzaron a desmovilizarse, varios grupos criminales vinculados al narcotráfico intervinieron para llenar la brecha que dejó la extinta guerrilla, señala el informe, y ahora estos luchan entre sí por el control territorial.
Iván Rosero, un líder comunitario en Tumaco, municipio del suroeste de Colombia que ha tenido algunos de los niveles más altos de producción de coca del país, comparó la situación actual con “una versión colombiana del viejo oeste”.
Rosero creó él mismo un pequeño manual de prevención para líderes locales porque el gobierno no había desarrollado nada similar. Rosero se convirtió en presidente de una junta de acción comunitaria luego de que el líder anterior fuera asesinado, un crimen que aún no se ha resuelto. Rosero afirmó que se ha sentido amedrentado por el ambiente hostil hacia los líderes sociales en la zona.
“El gobierno no tiene una verdadera estrategia de prevención para proteger a los líderes”, dijo.
Según el informe de Human Rights Watch, muchos líderes han sido asesinados por no seguir las reglas impuestas por los grupos armados. Oponerse a la minería ilegal, al reclutamiento forzoso o embarcarse en planes de sustitución de cultivos de coca, una iniciativa iniciada en el marco del acuerdo de paz para dar a los campesinos una alternativa económica viable, puede ser mortal.
“Queremos apoyar la sustitución, pero no nos dejan”, dijo un líder local a los investigadores. “Además el gobierno nos ha fallado [...] no tenemos otra opción que sembrar”.
El despliegue militar no ha mejorado la situación, establece el informe. El gobierno de Duque ha enviado miles de soldados a las zonas más afectadas. En Catatumbo, el número de militares aumentó en 5.600 en el 2018. No obstante, el número total de homicidios aumentó de 190 en 2017 a 228 en 2019. Human Rights Watch encontró que el mismo patrón se replica en otras regiones: a pesar de aumentar el número de soldados, los delitos, entre ellos los homicidios, aumentaron.
Debido a problemas presupuestarios, los esquemas de protección brindados a los defensores de derechos humanos tienden a ser insuficientes, concluye el estudio.
Rodrigo Salazar Quiñones, un líder indígena, recibió tres guardaespaldas y un vehículo blindado en 2014 debido a múltiples amenazas. En 2020, la Unidad Nacional de Protección redujo su esquema de seguridad a un guardaespaldas y un teléfono celular. Quiñones fue asesinado en julio de ese año.
Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de Colombia, dijo recientemente que, a pesar de la pandemia, se ha avanzado en la resolución de estos delitos, habiendo determinado quién es responsable en más del 50% de los asesinatos.
Human Rights Watch destacó la mejoría en el procesamiento de responsables de los asesinatos de líderes de derechos humanos. Sin embargo, señaló que a menudo son los sicarios, y no los autores intelectuales del crimen, los que son arrestados. La escasez de fiscales, jueces e investigadores en las zonas afectadas también dificulta el esclarecimiento de los hechos.
“Un sicario puede ser reemplazado fácilmente por otro”, dijo Vivanco.
Rosero dijo que los líderes de derechos humanos se sienten aislados y estigmatizados.
“El proceso de investigación de los asesinatos de líderes es muy incipiente y lento”, dijo. “Hay una apatía del gobierno ante esta situación, una ley de silencio impuesta a las comunidades por grupos ilegales”.
Esta historia ha sido actualizada para aclarar que Rosero se ha sentido intimidado por el ambiente hostil, no directamente amenazado.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de febrero de 2021, 7:19 p. m. with the headline "El gobierno colombiano se queda corto en la protección de líderes sociales, señala informe."
