Petro dice que enfrenta un golpe de Estado, pero su presidencia no corre peligro
Proclamando su inocencia en medio de una investigación anunciada esta semana en su contra, el presidente colombiano Gustavo Petro lanzó un llamado a la población de su país para que se mantenga en guardia ante lo que describió como el comienzo de un golpe de Estado.
Pero la investigación anunciada por el Consejo Nacional Electoral contra las violaciones presuntamente cometidas por su campaña del 2022, en realidad no representan gran amenaza para su presidencia, dijeron analistas, al calificar como poco probable que las acusaciones formuladas contra el jefe de Estado terminen causando que sea destituido por el Congreso.
“Las consecuencias de este caso para el presidente son ínfimas porque el Consejo Nacional Electoral no es el juez competente del presidente, sino que lo es la Comisión de Acusaciones [de la Cámara de Representantes] en donde nunca se ha procedido a hacer un proceso de [destitución] de un presidente de Colombia en su historia”, dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora de riesgos políticos ubicada en Bogotá.
Pese a la seriedad de la acusación formulada contra el presidente, las probabilidades de que la comisión en esta ocasión haga algo diferente a lo que ha venido haciendo en el pasado son sumamente bajas, señaló Guzmán.
Ese pronóstico es compartido por muchos, aún cuando esta es la primera vez que se le abre una investigación a un presidente colombiano por el manejo de los fondos de su campaña electoral.
El Consejo Nacional Electoral anunció que abría la investigación bajo la presunción de que Petro superó los límites de gastos establecidos en las campañas en unos 5,300 millones de pesos ($1.27 millones).
Según el consejo, la campaña de Petro no reportó a las autoridades los aportes que recibió del sindicato de profesores por 500 millones de pesos, así como los aportes del sindicato obrero por 379 millones de pesos y un préstamo realizado por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos.
De la misma manera, el consejo acusa a la campaña de no reportar los pagos a testigos electorales por la suma de 921 millones de pesos, los gastos por propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos, y los pagos al movimiento Colombia Humana por 500 millones de pesos.
En la noche del lune Petro se dirigió al país denunciando la investigación como un intento por derrocar al presidente colombiano democráticamente electo.
“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”, dijo el presidente. “Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento”.
El miércoles, el gobernante insistió en que el caso fue armado en base a “pruebas falsas” por el presidente del consejo, César Lorduy.
“Esta es la trampa de Lorduy”, escribió Petro en su cuenta de X. “Claro que el CNE [Consejo Nacional Electoral] no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario”.
El anuncio de la investigación acaparó la atención de los medios de comunicación en Colombia, siendo esta la primera vez que un presidente colombiano enfrenta este tipo de acusaciones.
Pero Guzmán, al igual que otros analistas, cree que Petro está aprovechando la acusación para tratar de generar simpatías y levantar su decaída popularidad, la cual ronda por el orden del 30%.
“Lo que el presidente está tratando de hacer es politizar el caso en su contra para convertirlo en un rallying cry en torno a la bandera, a su alrededor, para que la gente tenga más simpatía por el presidente y no lo culpe a él por sus fallas de gestión, sino culpe a un sistema político fosilizado que lo quiere perseguir”, dijo Guzmán.
Enfatizó que pese a la seriedad de la acusación, la investigación anunciada no amenaza la presidencia del jefe de Estado. “Petro va a gobernar hasta el 7 de agosto de 2026”, fecha en que culmina su periodo constitucional, dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de octubre de 2024, 3:47 p. m..
