Difíciles condiciones viven los detenidos en espera de extradición a EEUU

Debía ser una semana importante para Hugo Enrique Romero. El jueves regresaba a Miami con su novia, y el domingo planeaban casarse.

Pero el 29 de enero a las 4 de la madrugada, el amanecer del día de su partida hacia Estados Unidos, la policía le tocó a la puerta con las armas desenfundadas. Mientras su prometida y la familia miraban, Romero fue lanzado al suelo y le informaron que era buscado en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Romero, de 53 años y con doble ciudadanía de Estados Unidos y Colombia, que en otros tiempos vendió decorados de interiores y piezas para vehículos cerca de Pembroke Pines, no lo podía creer.

“Nunca me han puesto siquiera una multa de estacionamiento”, explicó.

Romero dice que quiere probar su inocencia en los tribunales estadounidenses tan pronto como sea posible. Pero un año después, sigue preso en la tristemente célebre prisión bogotana de La Picota, en un búnker del noveno piso designado para los delincuentes más peligrosos.

Entre el 2002 y el 2014, Colombia extraditó a 1,769 personas a Estados Unidos, y cientos más quedan atrapadas en el sistema todos los años.

El Miami Herald entrevistó a más de 10 personas que están esperando la extradición o han pasado por el sistema. Todas alegan que les negaron sus derechos básicos que un detenido en Estados Unidos pudiera esperar: agua corriente, salir a la luz del sol, niveles mínimos de higiene, acceso a servicios médicos y claridad en los cargos que se les presentan. Algunos alegan que agentes policiales estadounidenses los interrogaron sin darles acceso a un abogado o informarles de sus derechos.

En momentos que Estados Unidos estudia leyes que pudieran ampliar significativamente las extradiciones desde países andinos, como Colombia, la situación crea interrogantes sobre qué responsabilidad pudiera tener Estados Unidos por esas personas detenidas en el extranjero.

Unas difíciles condiciones

Colombia alberga a los detenidos que esperan ser transferidos o ir a juicio –fundamentalmente en Estados Unidos– en los patios 12 y 16 de La Picota. Es un búnker frío sobre un edificio de prisiones que no recibe luz directa del sol, tiene menos de tres horas diarias de agua corriente y está aislado de otros reos y de muchas comodidades.

Allí, en esta prisión dentro de otra prisión, los detenidos dicen que pasan hasta 12 horas diarios encerrados en un área común con poca supervisión.

Kaleil Isaza Tuzman, un ciudadano estadounidense de 43 años que fue detenido en septiembre bajo alegaciones de fraude de valores en Estados Unidos y de mentir a las autoridades normativas, dice que es un ambiente caótico y peligroso donde los inocentes –y los acusados de delitos menos graves– están junto con delincuentes peligrosos.

“No hay mucha agua o comida y la mayor parte del tiempo no hay guardias presentes, lo que crea un ambiente tipo El Señor de las Moscas”, dijo Isaza, quien alega que ha recibido amenazas contra su integridad física y ha sido sujeto a intentos de extorsión. “Me acusan de delitos financieros no violentos, de los cuales soy inocente, pero me tienen en una prisión medieval de máxima seguridad sin recurso de hábeas corpus o proceso debido”.

Documentos judiciales colombianos pintan un panorama horrible de los dos pabellones donde tienen a los “extraditables”. Después de una inspección en el 2013, los tribunales concluyeron que los pabellones tenían mala ventilación y drenaje, y sólo había agua corriente algunas horas al día. También reconocieron que la falta absoluta de luz solar era una violación de la ley de derechos humanos en Colombia.

La duras condiciones quizás no sean algo que sorprenda a los convictos en América Latina, pero la gran mayoría de los detenidos en la unidad, como Romero e Isaza, no han sido declarados culpables de nada, y simplemente esperan su juicio.

Los detenidos describieron retretes tapados con excremento debido a la falta de agua, y de pasar varios días sin bañarse. Un ex prisionero dijo que las celdas olían tan mal que tuvo que esparcir desodorante en las paredes. La poca agua que hay no es potable, de manera que los detenidos tienen que hacer fila, a veces durante varias horas, para hervirla y poder beber.

Andrés Felipe Ríos, de 51 años y que lleva unos seis meses detenido bajo cargos de drogas, dice que ha pasado años en las notorias prisiones de Nueva York y Kentucky, y que las condiciones en esos lugares es mucho mejor que en Colombia.

“Al menos te tratan como a un ser humano”, dijo. Aquí “vivimos prácticamente encerrados como

animales”.

Ríos dijo que los detenidos sufren de problemas de la piel debido a la falta de luz solar. Cuando uno sufrió un infarto el año pasado, lo escoltaron siete pisos escaleras abajo; tuvo que cruzar el patio de la prisión y entonces lo hicieron subir más escaleras hasta la enfermería, dijo Ríos. El hombre falleció poco después.

Hace poco, a un detenido extraditado le diagnosticaron tuberculosis al llegar a España. Hasta el momento, dicen varios prisioneros, no se ha hecho ningún esfuerzo por someter a pruebas a los demás detenidos.

“Esto es muy inhumano y pone en peligro a todos los detenidos”, dijo Ríos, quien es el representante de derechos humanos elegido en su sección.

Fuerte seguridad

Vicente Ostos, director regional del sistema de prisiones de Colombia que supervisa el pabellón de los extraditables, dice que muchos de los problemas son de infraestructura. Dijo que la presión del agua no es suficiente para llegar al noveno piso y que la altura de la torre mantiene el edificio frío en medio de la atmósfera andina.

Al preguntársele por qué —incluso después de la inspección de los tribunales— los prisioneros no reciben ninguna luz solar, dijo que los riesgos son demasiado altos.

“Es una asunto de seguridad y movimiento”, afirmó. “Para trasladar a los detenidos necesitamos seguridad adicional”, que sencillamente no hay.

En respuesta a las alegaciones de mala atención médica, Ostos dijo que, en parte debido a la muerte del reo el año pasado, se ha abierto una enfermería más cerca, pero los detenidos disputan esa afirmación.

Cuando Colombia reanudó las extradiciones a Estados Unidos en 1997, el sistema estaba diseñado para manejar a poderosos barones de las drogas y líderes paramilitares buscados por Washington. Los detenidos por lo general eran muy peligrosos y tenían buenos contactos, por lo que el aislamiento era una necesidad.

Pero abogados e investigadores dicen que el sistema de extradición parece basarse en la presunción de culpabilidad. En medio de las duras condiciones, funcionarios del FBI y la DEA con frecuencia presionan a los detenidos en busca de información.

Los narcotraficantes, por ejemplo, pueden ser alentados a revelar rutas e identificar aliados a cambio de menos tiempo en prisión, dijo José Guarnizo, quien escribió un libro sobre los colombianos que han caído en el sistema por error, titulado “Extraditados por error”.

“Si usted inocente, no tiene ninguna ruta o cómplices que revelar, no tiene nada”, dijo. “Y probablemente tampoco tiene un abogado capaz de sacarlo”.

Los reos dijeron que la presión psicológica —y la incertidumbre que rodea su futuro— tienta a algunos ha hacer confesiones falsas con la esperanza de acelerar el proceso. Incluso los que hacen dejación de sus derechos y exigen un juicio rápido, pueden pasar varios meses en prisión. Ostos, de la dirección regional de prisiones de Colombia, dijo por lo general la extradición de un detenido demora un año.

Extraditados por error

Carlos Ortega, de 65 años, pasó 10 meses en el pabellón de extraditables por alegaciones estadounidenses de que era un narcotraficante.

“Es como si el Estado lo hubiera secuestrado a uno”, dijo desde su casa en Bogotá. “Uno no tiene absolutamente ningún derecho”.

Fue sólo cuando lo enviaron a la Florida que Ortega y sus abogados tuvieron acceso a las pruebas en su contra: grabaciones de vigilancia mal transcritas que confundieron a Carlos Ortega con otro Carlos que vivía en Costa Rica. Fue un simple caso de identidad equivocada que pudo haberse solucionado volviendo a escuchar las grabaciones o verificar el pasaporte de Ortega, que nunca había estado en Costa Rica.

Incluso en momentos que el caso del gobierno se venía abajo, Ortega dijo que las autoridades le ofrecieron una negociación de cargos: declararse culpable y poder regresar a su casa en seis meses. De otra manera, le advirtieron, lo podían condenar a un litigio que durara muchos años y a pasar tiempo en prisión. Ortega se negó y dos semanas después las autoridades le ofrecieron un mejor acuerdo: aceptar los cargos y regresar a casa de inmediato.

“Les pregunté ‘¿culpable de qué? porque no he cometido ningún delito”, recuerda Ortega. “La respuesta de ellos fue: ‘Ya pensaremos en algo, no te preocupes’ ”.

Ortega mantuvo su postura y el tribunal lo declaró inocente. Pero la experiencia le arruinó la vida. Tuvo que pagar más de $250,000 en honorarios jurídicos y viajes, perdió su firma de asesoría de aviación y le retiraron la visa estadounidenses, que tuvo durante seis décadas.

Ortega dijo que era lo suficientemente mayor y orgulloso para soportar la presión , pero que “la mayoría de las personas en el sistema son jóvenes o tienen familia, y están dispuestos a decir cualquier cosa por salir”, explicó.

Ortega y otros también alegan que fueron interrogados por funcionarios de la DEA y el FBI sin leerles sus derechos y sin la presencia de un abogado. En el caso de Ortega, la información que dio a los agentes se usó en su contra en el tribunal.

“La primera vez que me leyeron mis derechos fue cuando estaba subiendo al avión que me iba a llevar a Estados Unidos”, dijo.

La embajada de Estados Unidos en Colombia indicó que las autoridades de la DEA y el FBI declinaban comentar sobre el asunto. También declinaron abordar las alegaciones específicas de los detenidos.

“Jorge”, quien aguarda la extradición bajo cargos de drogas y pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que agentes del FBI lo habían interrogado. Cuando pidió un abogado, afirma que le dijeron que no tenía ese derecho hasta que estuviera en Estados Unidos.

“Me dijeron que si cooperaba y la información llevaba al arresto de otras personas, eso me beneficiaría”, contó. “Pero nunca pude ver a un abogado”.

Douglas McNabb, abogado que ha manejado muchos casos de extradición, especuló que los agentes estadounidenses pudieran haber estado recopilando información, en vez de testimonios para usarse contra los acusados en un tribunal.

Dijo que aunque los agentes no tienen poder para influir sobre las sentencias, es común que insinúen que tienen esa autoridad a cambio de información.

“Las leyes estadounidenses sí tienen validez en otros países y la Quinta Enmienda [de la Constitución] es particularmente válida en este caso”, dijo McNabb. “Existe una advertencia abreviada de lectura de derechos que debe leerse a los estadounidenses y extranjeros”, dijo. No hacerlo permitiría a los abogados suprimir cualquier declaración, agregó.

Roxanna Altholz, abogada de derechos humanos de la Facultad Berkely de Derecho en la Universidad de California, dijo que ese tipo de presiones y amenazas son comunes.

“No he estudiado específicamente el uso de condiciones deplorables como las que existen en lugares como La Picota para sacar información a los detenidos, pero no me sorprendería”, dijo. “Es parte de la estrategia de la fiscalía, usar lo que tengan a la mano para que la gente entregue información”.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de noviembre de 2015, 2:31 p. m. with the headline "Difíciles condiciones viven los detenidos en espera de extradición a EEUU."