El nuevo frente de batalla en Colombia es el referendo

El presidente Juan Manuel Santos declaró el jueves el fin de las hostilidades en contra del mayor grupo guerrillero del país, poniendo fin de hecho a un conflicto civil de medio siglo que ha costado 220,000 vidas y forzado a millones a huir de sus hogares.

Santos dijo que el cese al fuego entraría en vigor el lunes, y que tendrá lugar luego que los negociadores en La Habana anunciaron haber llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de casi cuatro años de negociaciones.

Pero, al mismo tiempo que las armas son acalladas en la selva, se abre un nuevo frente en los colegios electorales, a medida que la nación se prepara a votar sobre el acuerdo el próximo 2 de octubre.

Humberto de la Calle, el principal negociador del gobierno, dijo el jueves que eso podría tener consecuencias “inimaginables” y “catastróficas” si los colombianos rechazan el pacto.

Mientras los opositores piden al país que vote en contra del acuerdo con la esperanza de volver a la mesa de negociaciones para conseguir mejores términos, de la Calle dijo que eso no llevaría a nada.

“Si el ‘no’ gana, las negociaciones habrán terminado”, dijo. “Personalmente, opino que eso seria catastrófico”.

Durante una conferencia de prensa en La Habana, donde se han estado llevando a cabo las conversaciones desde el 2012, De la Calle dijo que cada vez que se han derrumbado las conversaciones de paz con el grupo guerrillero de 52 años de edad, se ha tardado al menos una década para que comience un nuevo esfuerzo por conseguir la paz.

Un calendario difícil

Se espera que el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC Timoleón “Timochenko” Jiménez formalicen el acuerdo en una ceremonia de firma en las próximas semanas. El gobierno dijo que no se ha fijado fecha o lugar para ese evento, pero que tendrá lugar antes de la votación del 2 de octubre.

Una vez que la firma tenga lugar, pondrá en movimiento una serie de sucesos. En un plazo de cinco días después de las ceremonia, las FARC tendrán que congregarse en zonas de concentración. Cuando ellos abandonen esas áreas seis meses más tarde, todas sus armas tendrán que estar en manos de la ONU.

Pero el calendario implica que las FARC tendrán que estar en camino a esas áreas, o ya en ellas, cuando tenga lugar la votación. Rechazar el acuerdo a esas alturas dejaría a las FARC –y al gobierno– en el limbo, tanto en el sentido geográfico como en el político.

Los sondeos sugieren que serán unas elecciones reñidas. Un sondeo del 23 de agosto llevado a cabo por el periódico El Tiempo concluyó que un 32 por ciento dijeron que votarían a favor del acuerdo de paz, un 30 por ciento votarían en contra del mismo, y un 27 por ciento dijeron que se abstendrían. Para que el acuerdo entre en vigor, el voto de “sí” necesita por lo menos un 13 por ciento de los votantes registrados, lo que equivale a unos 4.4 millones de boletas. El sondeo de 700 personas tiene un margen de error del 3.7 por ciento.

También el jueves, Santos entregó el documento de paz de 297 páginas al Congreso de Colombia, el cual tiene que autorizar el plebiscito. Rodeado por una multitud de partidarios suyos que entonaban “Sí podemos”, Santos dijo que era hora de que los colombianos imaginen un futuro sin guerra.

“La paz nos permitirá perder el miedo con el que nos hemos criado como colombianos después de tantos años de conflicto armado”, dijo.

Salto arriesgado

Aunque se había dado a conocer partes del acuerdo con anterioridad, el documento entero se hizo público el jueves, lo cual dio a los críticos del acuerdo la oportunidad de ver los detalles.

Una de las principales preocupaciones es que el acuerdo garantiza a las FARC un mínimo de cinco escaños en la Cámara y el Senado por dos ciclos electorales a partir del 2018, mucho después de que hayan pasado por el proceso de reintegración. Con anterioridad, el gobierno había restado importancia a la idea de que los guerrilleros conseguirían automáticamente tener escaños en el Congreso.

El jueves, los negociadores calificaron el acuerdo de “red de seguridad” que permitirá al grupo arriesgarse a la paz.

“El propósito de cualquier acuerdo de paz en el mundo es que [los actores armados] depongan las armas y entren a la vida civil, democrática y política”, dijo de la Calle. “Colombia no puede perder eso de vista”.

Asimismo, ha habido preocupaciones sobre el costo del acuerdo en un momento en que las finanzas de Colombia están en mal estado.

Según el acuerdo, los guerrilleros desmovilizados recibirán subsidios equivalentes al 90 por ciento del salario mínimo durante dos años antes de pasar a programas existentes de reintegración que deben prepararlos para la fuerza de trabajo o ayudarlos a crear sus propios negocios.

Cuando se insistió en cuánto costaría el acuerdo, los negociadores dijeron que todavía no saben cuántas personas tienen las FARC en sus listas. Se ha calculado que hay entre 7,000 y 9,000 combatientes, pero se piensa que el grupo cuenta con el triple de ese número en “milicias” urbanas como parte de sus redes de apoyo.

Lecciones centroamericanas

Sea cual fuere el costo, será mucho menos que el de combatir a los guerrilleros o ponerlos en la cárceles, afirmaron los negociadores.

El senador Roy Barreras, quien ha estado participando en las conversaciones, dijo que la ayuda económica se propone evitar la "experiencia centroamericana", donde naciones tales como El Salvador y Guatemala firmaron acuerdos de paz sólo para ver un rápido de la violencia callejera cuando los combatientes endurecidos se convirtieron en los principales miembros de las pandillas.

“Subsidiar a las personas para que puedan abandonar la violencia y regresar a sus familias es una aspiración nacional”, dijo Barreras. “Ese dinero no es para las FARC, es para Colombia”.

A los críticos les preocupa además que el acuerdo es demasiado clemente, y que permite a aquellos que han cometido graves crímenes evitar condenas de cárcel –aunque no control y encierro– si dicen la verdad y brindan desagravios. Aquellos que no cumplan con esas restricciones podrán encarar hasta 20 años de cárcel.

La imagen de veteranos líderes guerrilleros, acusados de masacres y otros crímenes, con un posible papel en la vida política, es anatema para muchos, y estará probablemente en el centro de la campaña para votar el “no”.

Pero, al mismo tiempo que algunas de estas preocupaciones comenzaban a ganar terreno en Colombia, llovieron las felicitaciones de todo el mundo.

El secretario de Estado de EEUU John Kerry dijo que el acuerdo podría tener como resultado “una paz justa y duradera para todos los colombianos”.

“Estados Unidos ha sido un firme aliado de Colombia, a través de administraciones y Congresos encabezados por ambos partidos políticos, mientras el pueblo colombiano defendía su democracia”, escribió en un comunicado de prensa. “Seguiremos siendo aliados de Colombia en lo que ellos continúan tomando medidas para asegurar la paz justa y duradera que se merece el pueblo colombiano”.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de agosto de 2016 a las 4:06 p. m. con el titular "El nuevo frente de batalla en Colombia es el referendo."