Informe de Human Rights Watch condena los abusos contra los manifestantes en Cuba
El gobierno cubano cometió abusos de manera sistemática contra personas arrestadas por protestar en julio como parte de un plan para reprimir la disidencia, concluyó un informe de Human Rights Watch publicado el martes que documenta 130 casos de arrestos arbitrarios, malos tratos a detenidos y violaciones del proceso penal.
Según el informe, muchos de los detenidos estuvieron incomunicados durante días o incluso semanas o fueron detenidos violentamente y, en algunos casos, maltratados durante la detención.
“Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo,” indica el informe. “A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar”.
La organización también dice que las autoridades cubanas violaron sistemáticamente los derechos de los detenidos a un juicio justo, realizando juicios sumarios y negando el acceso a abogados, entre otras violaciones.
La organización con sede en Nueva York dijo que sus investigadores realizaron más de 150 entrevistas, revisaron archivos y verificaron imágenes para documentar los arrestos de 130 personas de toda la isla. El informe dice que la información publicada sobre cada caso se basa en relatos directos de la persona detenida, un familiar o su abogado.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.
En una conferencia de prensa en Miami el martes, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que la represión contra los detenidos no fue casual sino “una política de estado sancionada al más alto nivel, para prevenir, frenar de raíz cualquier esfuerzo del pueblo cubano por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.
El activista llamó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet y a su secretario general, António Guterres a condenar la represión en la isla.
“Si nos olvidamos de Cuba, si normalizamos la represión en Cuba y asumimos que eso es predecible, que ahí no hay libertades, que ese pueblo está condenado a vivir en esas condiciones, es muy difícil que las condiciones mejoren,” dijo. “Se requiere de una presión concertada, universal, una alianza de democracias que el exijan a ese régimen una transición a la democracia en Cuba”.
Vivanco también dijo que las “sanciones unilaterales” de Estados Unidos contra el gobierno cubano son un obstáculo para la mejoría de la situación de los derechos humanos porque constituyen un freno diplomático para que otros países condenen el récord “deplorable” de derechos humanos de Cuba. El activista calificó al embargo de “contraproducente” e instó a la administración de Biden a eliminarlo.
La embajada de Cuba en Washington no contestó a una solicitud de comentario sobre el reporte.
El informe de HRW presenta una imagen crítica de la respuesta del gobierno cubano a las manifestaciones sin precedentes en toda la isla el 11 de julio. La organización dice que constató que las protestas fueron abrumadoramente pacíficas y que de los 130 casos documentados, solo unos pocos detenidos fueron acusados de arrojar piedras a la policía, acusaciones que negaron. El informe también menciona que nadie ha sido responsabilizado por la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, durante una manifestación en La Güinera, un barrio pobre en las afueras de La Habana, y la única víctima reportada oficialmente ese día.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en Madrid, dijo que obtuvo documentos que muestran que un oficial de policía le disparó en la espalda. El Herald no ha podido confirmarlo de forma independiente.
Una organización de asistencia legal, Cubalex, ha documentado 1,124 arrestos relacionados con esos hechos, y 566 personas siguen detenidas. De ellas, 15 tienen 18 años o menos. Los funcionarios cubanos han negado en repetidas ocasiones los arrestos a menores.
La investigación encontró que oficiales de la policía estuvieron involucrados en violencia de género contra una menor, Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años arrestada en La Habana. Ella le dijo a los verificadores de HRW que durante la detención, dos mujeres oficiales le ordenaron desnudarse y ponerse en cuclillas.
“Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como ‘pabellón’, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los oficiales la despertaban repetidamente por la noche para interrogarla, dijo Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quién la estaba ‘financiando’”, dice el informe.
Zequeira también dio un testimonio similar al medio de comunicación independiente Cubanet. La adolescente fue condenada a ocho meses de prisión por “desorden público”. Solo pudo ver a su abogado unos minutos antes de la audiencia, dice el informe, y más tarde se le permitió cumplir su sentencia en arresto domiciliario. Zequeira y su familia dijeron que no han podido obtener copias de las sentencias.
HRW también destaca el caso de Michel Parra González, un empleado de un hospital de 20 años que fue detenido el 11 de julio en Matanzas, al este de La Habana. Al día siguiente, los agentes lo llevaron a una sala de interrogatorios donde ocho agentes de policía lo patearon y lo golpearon con puños y porras durante unos 15 minutos, menciona el informe.
“Recibió golpes en la espalda, manos, pies, testículos y glúteos”, dice el documento. Parra González dijo a los investigadores de HRW que un oficial de policía le dijo: “A gente como tu deberíamos darles un tiro”. Otro le dijo “Esto es para que sepas qué ocurre cuando te opones a la revolución”.
El joven dijo que nunca recibió atención médica por los golpes y que los funcionarios de la prisión no le permitieron presentar una queja por las golpizas. También fue acusado de “desorden público” y puesto en libertad bajo arresto domiciliario el 2 de agosto para esperar el juicio. En septiembre, las autoridades le pidieron a él ya su hermana Ana Laura, quien también fue arrestada por manifestarse, que pagaran una multa para que se cerraran sus casos. Ellos pagaron.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de octubre de 2021, 8:24 a. m..