Denuncian condenas de hasta 25 años para cubanos que salieron a protestar el 11J
El Observatorio Cubano de los Derecho Humanos (OCDH) denunció este lunes que el fiscal provincial de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, ha solicitado condenas hasta 25 años para manifestantes del 11J.
El Observatorio informó que las solicitudes fueron presentadas ante la sala primera del penal Tribunal Provincial Popular de Mayabeque para Maikel Puig Bergolla y otros ocho cubanos que estuvieron involucrados en las protestas populares (las iniciales corresponden a implicados cuyos familiares no desean que se haga pública su identidad).
La organización no gubernamental expuso en el comunicado que dichas peticiones no son más que el reflejo del “talante vengativo del régimen imperante en la isla, que alberga una población penal per cápita que está entre las primeras del mundo”.
“Las acciones represivas del pasado mes de julio han hecho que las cifras de prisioneros políticos hayan aumentado hasta cotas que no se veían en la isla desde la década de los años 80”, señaló la ONG.
A mediados del mes pasado, la organización sin fines de lucro Cubalex, informó que en total 1067 personas han sido detenidas desde que se desató la represión contra los manifestantes del 11 de julio, y hasta ese entonces han sido excarceladas 456.
El régimen cubano y sus órganos represivos han utilizado sistemáticamente los supuestos “delitos comunes” para denigrar y condenar las actuaciones políticas libres de sus ciudadanos, lo cual ha sido denunciado en mas de una vez por el OCDH y condenado por el Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la ONU.
“El gobierno cubano ha utilizado su talento represivo en función de silenciar a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas de la represión del 11J, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas. Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo”, agregó el observatorio.
La nota concluyó con la ONG denunciando que se han forzados argumentos en varios de estos casos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos.
“Las peticiones fiscales que aquí se anuncian son las más extremas que se conocen hasta ahora, dada la desproporción entre los delitos y la cantidad de años en prisión pedida por ellos, detalle que además denota la condición de la justicia cubana”, sentenció.
De cara a la marcha convocada por el grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre (la cual las autoridades cubanas catalogaron de ilegal), el régimen cubano ha comenzado a tomar medidas similares, reprimiendo y sancionando a aquellos que pertenecen a esta inicativa.
La semana pasada expulsaron de sus centros laborales al profesor David Alejandro Martínez Espinoza y al doctor Manuel Guerra, ambos miembros de la iniciativa Archipiélago que promueve la marcha pacífica.
El activista Yunior García, principal promotor de la marcha, fue víctima de un acto de repudio al acudir a la sede de la Asamblea del Poder Popular en La Habana Vieja. García fue rodeado por varias mujeres acólitas al régimen que llevaban carteles de “no nos representas” y el símbolo del dólar, haciendo alusión a la vieja y ya gastada acusación de que todo aquel que no está a favor de la revolución cubana es un asalariado del imperio yanqui.
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Esta historia fue publicada originalmente el 25 de octubre de 2021, 4:33 p. m..