Gobierno cubano ignora advertencia sobre el hambre y sigue adelante con topes de precios
El gobierno cubano siguió adelante con la imposición de topes de precios a algunos productos alimenticios importados a pesar de que inicialmente indicó que estaba dispuesto a revisarlos después de que los propietarios de empresas privadas advirtieran que la medida los obligaría a dejar de importar pollo, leche en polvo y otros productos esenciales, lo que aumentaría el riesgo de la población de sufrir hambre.
Según una nueva norma publicada este lunes en la Gaceta de Cuba, el precio de los muslos y cuartos de pollo vendidos por empresas privadas a los consumidores no puede exceder los 680 pesos cubanos el kilogramo a partir de ahora. Los precios mayoristas actuales en la Isla superan los 700 pesos, y una bandeja con un kilo de muslos de pollo puede costar más de 900 pesos en una tienda particular.
El boletín oficial también publicó nuevos precios máximos para la leche en polvo, las salchichas, las pastas, el aceite de cocina y los detergentes vendidos por empresas privadas. El gobierno no impuso límites de precios similares a los alimentos vendidos en las tiendas gubernamentales.
En una reunión a finales de junio con dos funcionarios del gobierno, los propietarios de empresas privadas se resistieron a los topes propuestos, argumentando que el gobierno había utilizado un tipo de cambio del dólar “ficticio” para los cálculos y no tuvo en cuenta los fuertes impuestos y tarifas que deben pagar los importadores privados.
Según una grabación secreta de la reunión obtenida por el Herald, los empresarios advirtieron que la medida exacerbaría la escasez de alimentos en pleno verano, una época en la que históricamente el malestar de la población aumenta por el calor y los apagones.
Como el gobierno está en quiebra y no puede comprar alimentos en el extranjero y los agricultores privados no tienen incentivos para producir, la población depende cada vez más de la ayuda exterior y de las pequeñas empresas privadas para comer. Los límites de precios todavía están muy por encima de lo que la mayoría de los cubanos pueden pagar, en un país donde el salario estatal promedio ronda los 11 dólares o 4000 pesos cubanos.
Sin embargo, los empresarios dijeron durante la reunión que sus precios estaban impulsados por los fuertes impuestos que debían pagar al gobierno y pidieron la suspensión del impuesto del 10% a las ventas. La regulación del lunes viene acompañada de una suspensión de los aranceles aduaneros para los seis productos, que los empresarios ya dijeron en la reunión que era insuficiente para bajar los precios.
Estas pequeñas y medianas empresas enfrentan restricciones en el uso del dinero depositado en cuentas bancarias cubanas, tienen que comprar dólares en el mercado informal para pagar a proveedores en el extranjero y deben pagar al gobierno tarifas adicionales por el uso de almacenes e instalaciones portuarias. Todo eso y más, incluidos los altos precios en el mercado internacional, resulta en precios domésticos altos, se quejaron los empresarios durante la reunión.
La medida, que debía entrar en vigor el 1 de julio, fue suspendida en medio de conversaciones sobre “precios justos” con el sector privado, dijeron algunos gobiernos locales en ese momento. Una de las funcionarias presentes en la reunión de junio, la viceministra de Finanzas y Precios Lourdes Rodríguez, señaló al día siguiente que la medida había sido suspendida temporalmente por la necesidad de seguir conversando con los empresarios sobre sus “realidades” y costos, según informó la televisión estatal.
No está claro qué impulsó al gobierno a imponer los precios máximos originales sin cambios. Sin embargo, las autoridades cubanas han señalado recientemente que quieren controlar más a un sector privado emergente que se está expandiendo rápidamente a pesar de las muchas restricciones que enfrenta.
Rodríguez, la viceministra, reconoció durante la reunión de junio que los altos precios en las tiendas privadas se deben a los altos costos que incurren estos negocios para importar alimentos. Pero públicamente, el gobierno adopta una posición diferente, acusando a las empresas privadas de especular con los precios y de alimentar una inflación vertiginosa, incluso si la mayoría de los economistas culpan de esto último al gigantesco déficit fiscal del gobierno y a los mínimos niveles de producción del país.
Después de que el Primer Ministro Manuel Marrero presentara un vago plan para combatir las “distorsiones económicas” y “organizar el sector no estatal de la economía” en diciembre pasado, el gobierno ha detenido a algunos propietarios de empresas privadas bajo acusaciones de evasión fiscal y ha impuesto restricciones de viaje a quienes adeudan impuestos.
Después de que se quejara de que las empresas estatales estaban “cediendo” capacidades de producción al sector privado, el gobierno publicó la semana pasada una nueva norma que limita la cantidad de dinero que las empresas estatales pueden pagar a las empresas privadas. Algunos de esos contratos, por ejemplo, han ayudado al gobierno a proporcionar pan a la población con harina comprada por importadores privados.
Pero en reuniones recientes del Consejo de Ministros y del Comité Central y el Buró Político del Partido Comunista, Marrero y el gobernante Miguel Díaz-Canel, han redoblado sus llamados a ejercer más control, sin proporcionar un plan claro para recuperar la economía. En todo caso, han insistido en los beneficios de las medidas de austeridad y una economía planificada, las mismas políticas que han llevado a la economía de la isla a su actual situación desesperada.
En el último Consejo de Ministros, Marrero, un ex oficial militar, describió la situación de la isla como un escenario de “economía de guerra” en el que “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de julio de 2024, 4:33 p. m..