Auditoría: Pacientes fueron presionados para participar en estudio del síndrome de La Habana
Una junta de revisión interna de los Institutos Nacionales de Salud decidió cerrar un estudio a largo plazo de pacientes con síndrome de La Habana que no encontró signos de lesiones cerebrales después de que varios participantes se quejaron de mal manejo de los datos médicos, sesgo y presiones para unirse a la investigación.
Una portavoz de los institutos dijo que la revisión interna encontró que las políticas de “consentimiento informado” para unirse al estudio “no se cumplieron debido a la coerción, aunque no por parte de los investigadores del NIH”.
“Dado el papel del consentimiento voluntario como un pilar fundamental de la conducta ética de la investigación, el NIH ha detenido el estudio por precaución”, dijo Jennifer George. Ella no aclaró quién presionó a los pacientes.
En una carta enviada el martes, el Dr. Leighton Chan, el autor principal del estudio, dijo a los participantes que “debido a las preocupaciones sobre el estudio planteadas por algunos participantes”, la junta de revisión decidió “cerrar el estudio por precaución”. La carta no menciona lo que encontró la junta de revisión. Se suponía que el estudio continuaría monitoreando a estos pacientes a lo largo de los años.
Chan no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) no proporcionaron más información sobre los hallazgos de la revisión interna ni dijeron si se harán públicos.
Se han reportado “incidentes de salud anómalos”, el término gubernamental para el síndrome de La Habana, en varios países, incluidos Estados Unidos. Varios casos que involucraban a diplomáticos estadounidenses y oficiales de la CIA fueron reportados por primera vez en La Habana a fines de 2016 y 2017,
Las víctimas han descrito haber estado expuestas a fenómenos sensoriales como presión y ruido provenientes de un lugar específico y han desarrollado trauma cerebral y una variedad de otros síntomas como vértigo, tinnitus, migraña, problemas visuales y deterioro cognitivo. Muchas de las víctimas han estado involucradas en trabajos vinculados con Rusia.
La corroboración de que los participantes en el estudio de los NIH fueron obligados a unirse al estudio probablemente añadirá más controversia al debate en torno al síndrome de La Habana y aumentará el escrutinio sobre cómo el gobierno estadounidense ha manejado su investigación y tratado a las víctimas.
Aunque no se había publicado en ese momento, el estudio de los NIH fue citado en una evaluación de inteligencia en marzo del año pasado, que concluyó que el síndrome de La Habana probablemente no fue el resultado de la agresión de un adversario extranjero y que la mayoría de los síntomas reportados podrían explicarse por otras causas, como condiciones preexistentes o factores ambientales.
A pesar de esa evaluación, al menos 334 ex empleados y empleados activos del gobierno, oficiales militares y familiares, incluidos 15 niños, han calificado para recibir tratamiento para el síndrome de La Habana en instalaciones médicas militares especializadas, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos. Para recibir tratamiento en el sistema de salud militar, un médico debe certificar una lesión cerebral u otros síntomas significativos que una causa conocida o una condición preexistente no puedan explicar.
La investigación de los NIH examinó las resonancias magnéticas y los marcadores sanguíneos de las personas expuestas a estos incidentes y no encontró evidencia de lesiones cerebrales traumáticas leves, contradiciendo estudios anteriores. La institución publicó sus primeros resultados en marzo en dos artículos en el Journal of the American Medical Association.
Pero los resultados fueron inmediatamente cuestionados por un grupo de participantes que denunciaron varias irregularidades, incluida la cooperación entre los NIH y la CIA para suprimir datos médicos que apuntaban a un diagnóstico de lesión cerebral traumática, presiones para unirse al estudio y la divulgación no autorizada de datos médicos a otras agencias gubernamentales por parte de investigadores de los NIH. Otros científicos involucrados en estudios anteriores sobre el síndrome de La Habana también cuestionaron la metodología y los resultados de la investigación.
Los NIH comenzaron su auditoría en abril. En ese momento, Nicole Grant, presidenta de la Junta de Revisión Institucional, envió un correo electrónico a los participantes para informarles que la institución estaba investigando quejas sobre el estudio y les pidió que completaran un formulario con más información.
Se preguntó a los participantes si se sintieron “presionados” por unirse o permanecer en el estudio, si se les hizo creer que la participación era necesaria para poder recibir atención médica en otro centro médico y si la información médica recopilada durante el estudio que los identificaría se compartió con otros sin su permiso.
“¿Alguna vez le dijeron o le dieron la impresión de que el personal del NIH que lo estaba evaluando no registraría con precisión sus síntomas?”, fue otra de las preguntas en el formulario.
Grant y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos declinaron hacer comentarios. No está claro si la oficina ha recibido los resultados de la revisión interna.
El estudio del NIH se hizo público en la revista médica en medio de noticias de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes estaba iniciando una investigación formal sobre cómo las agencias de espionaje manejaron la investigación del Síndrome de La Habana tras las quejas de los denunciantes.
El Congreso ha pedido más respuestas tras los informes de los medios que sugieren agentes rusos podrían estar involucrados en estos incidentes. Los legisladores también han presionado a las agencias gubernamentales, en particular al Departamento de Defensa, que coordina la atención médica a través de la Agencia de Salud de Defensa, para que trate a las víctimas con mayor rapidez y gaste el dinero asignado por el Congreso para tales esfuerzos.
La semana pasada, los representantes estadounidenses Mark Green, presidente del comité de Seguridad Nacional, y August Pfluger, presidente del subcomité de Lucha contra el Terrorismo, Aplicación de la Ley e Inteligencia, escribieron a Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente, expresando su “profunda alarma por el hecho de que estos incidentes sigan ocurriendo aquí y en el extranjero”.
“Imploramos a la Administración que tome medidas decisivas para investigar la causa y la atribución de los incidentes de salud anómalos, interrumpir y disuadir las operaciones de cualquier ente extranjero que lleve a cabo estos ataques, y enviar un mensaje claro al mundo de que estas acciones no serán toleradas”, dijeron en una carta.
“También pedimos que la administración sea totalmente transparente con el pueblo estadounidense sobre la gravedad que plantean estas amenazas”.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de agosto de 2024, 2:00 p. m..