Juez de Miami anula veredicto de $30 millones contra Expedia en caso sobre Cuba
En una decisión inusual, un juez federal anuló el veredicto del primer juicio por jurado en una demanda presentada bajo la ley Helms-Burton, que había otorgado a un cubanoamericano de Miami 30 millones de dólares en daños y perjuicios contra cada una de las compañías de reservas Expedia, Orbitz y Hotels.com por presunto tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.
Las decisiones de anular el veredicto de un jurado son poco frecuentes, pero los jueces lo hacen cuando consideran que no hay pruebas suficientes para respaldarlos o que el jurado no aplicó la ley correctamente.
En una orden presentada el viernes, Francisco A. Moreno, juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, declaró que los abogados de un hombre con una reclamación sobre tierras confiscadas en Cayo Coco, un destino turístico en la isla, no lograron demostrar que Expedia Group hubiera traficado con hoteles que el gobierno cubano posteriormente construyó en su propiedad.
Mario Echevarría demandó a Expedia Group, Inc., pero no a su filial Expedia Inc., que realizó las reservas en los hoteles cubanos. Moreno afirmó que los abogados de Echevarría no aportaron pruebas convincentes de que Expedia Group facilitara las reservas y que la empresa matriz no podía ser considerada responsable de las acciones de su filial.
Moreno también concluyó que Orbitz y Hotels.com no traficaron consciente e intencionalmente con las propiedades confiscadas, un requisito establecido por la Ley Helms-Burton, porque no realizaron más reservas de hotel tras ser notificados de una posible demanda.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios contra las cuatro empresas —Expedia Group, Inc.; Hotels.com L.P.; Hotels.com GP, LLC; y Orbitz, LLC— habrían ascendido en conjunto a 119,4 millones de dólares. El juicio con jurado, que duró dos semanas, atrajo la atención porque era la primera vez que una demanda interpuesta bajo la Ley Helms-Burton llegaba a esa etapa.
La Ley Helms-Burton, de 1996, otorga a los ciudadanos estadounidenses que reclaman propiedades confiscadas sin compensación por el gobierno cubano el derecho a demandar a las empresas, estadounidenses o extranjeras, que hayan lucrado o “traficado” con dichas propiedades. Los sucesivos presidentes estadounidenses suspendieron la disposición específica, el Título III, que otorga este recurso, hasta que el presidente Donald Trump la promulgó en 2019 durante su primer mandato.
Las docenas de demandas posteriores se vieron envueltas en líos legales sobre cómo interpretar esta ley que no había sido probada en corte antes.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito ordenó recientemente que otra importante demanda, interpuesta por un heredero contra American Airlines con una reclamación sobre las instalaciones del Aeropuerto de La Habana, continuara en primera instancia. El tribunal de apelaciones dictaminó que un tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos cometió un error al concluir que el titular de una reclamación debe ser ciudadano estadounidense tanto en el momento de la confiscación como al adquirir un derecho sobre la reclamación, lo que, según el tribunal de apelaciones, contradice el lenguaje claro de la ley.
Recientemente, la Corte Suprema insinuó su interés en el asunto, después de que los demandantes en dos demandas separadas bajo la Ley Helms-Burton solicitaran al alto tribunal que aceptara sus casos, tras fallos desfavorables de los tribunales de apelaciones.
Los casos involucraban una demanda de la compañía estadounidense Havana Docks contra cuatro compañías de cruceros por el uso de instalaciones confiscadas en el puerto de La Habana, y una demanda interpuesta por Exxon contra Cimex, una empresa estatal cubana perteneciente a un conglomerado militar, que opera gasolineras confiscadas.
La Corte Suprema solicitó al Departamento de Justicia que emitiera opiniones sobre dos cuestiones legales específicas relacionadas con estos dos casos: si los demandantes deben demostrar que habrían sido actualmente propietarios de la propiedad en cuestión de no haber sido confiscada por el gobierno cubano, y si las empresas estatales cubanas pueden evadir la responsabilidad bajo la Ley Helms-Burton alegando inmunidad soberana extranjera.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EEUU intervinieron. Respondieron negativamente a cada pregunta, dando la razón a los demandantes, y agregaron que una resolución favorable a estas demandas redundaba en beneficio de la política exterior estadounidense.
En un comunicado, Expedia Group dijo que estaba “satisfecho con la orden del juez que revocó el veredicto del jurado y la conclusión de que Expedia Group no violó la Ley Helms-Burton”. Andrés Rivero, abogado de Echevarría, declaró al Herald: “Tenemos la intención de seguir luchando”.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de septiembre de 2025, 4:32 p. m..