Corte Suprema lidia con demandas por confiscación de propiedades de EEUU durante era de Castro
Miembros de la Corte Suprema este lunes acribillaron a preguntas a los abogados que defendían casos relacionados con la Ley Helms-Burton, una ley de 1996 que permite demandar a empresas que “trafican” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Esta es la primera vez que demandas relacionadas con estas reclamaciones llegan al alto tribunal.
Los jueces escucharon los argumentos orales en los casos presentados por Exxon, que demanda a Cimex, la empresa cubana dirigida por militares que administra gasolineras y otros activos petroleros confiscados por Cuba, y Havana Docks, una empresa estadounidense que poseía una concesión de muelles e instalaciones en el puerto de La Habana y que demanda a cuatro compañías de cruceros.
La ley, formalmente conocida como Ley Libertad, se firmó en 1996, pero la disposición para demandar en tribunales federales fue suspendida por todos los presidentes hasta que Donald Trump la promulgó en 2019. Se han presentado alrededor de 45 demandas en tribunales federales, pero el litigio se ha visto complicado por el lapso de tiempo y la interpretación del texto.
No quedó claro hacia dónde se inclinaba el tribunal, y la mayoría de las veces, los jueces se limitaron a interrogar a ambas partes con un interés inesperado en casos derivados de una cuestión política tan específica. Como resultado, las audiencias se prolongaron una hora y media más de lo previsto.
La cuestión jurídica central en la demanda de Exxon contra Cimex es si la Ley Helms-Burton invalida las disposiciones de inmunidad extranjera establecidas en otra ley, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, para las entidades propiedad del gobierno cubano.
Exxon (que entonces operaba como Standard Oil) tenía extensas operaciones de petróleo y gas en Cuba a través de su filial Esso Standard Oil S.A.. En 1960, el gobierno cubano de Fidel Castro expropió sin compensación todos los activos de Exxon, incluyendo refinerías y la red de gasolineras que actualmente opera Cimex. Con décadas de intereses devengados y la posibilidad de una indemnización triple bajo la Ley Helms-Burton, la reclamación actual de Exxon supera los mil millones de dólares.
En 2022, Havana Docks obtuvo un fallo histórico de un jueza de Miami que ordenó a las líneas de cruceros Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar más de 400 millones de dólares por el uso de los muelles e instalaciones que Havana Docks construyó en el puerto de La Habana para transportar pasajeros estadounidenses.
Sin embargo, dado que la concesión de Havana Docks expiró en 2004, antes de que las compañías de cruceros transportaran visitantes estadounidenses a Cuba entre 2016 y 2019, un tribunal de apelaciones anuló la decisión.
La Corte Suprema decidirá ahora “si el derecho de acción se limita a la propiedad en la que el demandante habría tenido interés en el momento del tráfico de no haberse producido la expropiación”, según los documentos judiciales del caso.
Se espera que el fallo de la Corte Suprema se dicte en algún momento del verano, e incluso un fallo favorable a los demandantes podría no resolver los casos definitivamente, ya que otros aspectos de las demandas aún están en litigio. Aun así, una decisión favorable podría brindar otra ventaja a la administración Trump, que ha cortado el suministro de petróleo a Cuba desde México y Venezuela y está presionando a La Habana para que entable negociaciones en medio del agravamiento de la crisis humanitaria.
La administración Trump había dejado claro que consideraba ambos casos importantes para su política exterior hacia Cuba y permitió que el Procurador General de Estados Unidos enviara abogados a las audiencias, quienes presentaron argumentos a favor de las posturas de Havana Docks y Exxon.
El Departamento de Estado de Estados Unidos llamó la atención sobre las audiencias en redes sociales.
“Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos considera demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano”, declaró la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en X. “Como escribió la Administración a la Corte: ‘Estados Unidos tiene importantes intereses en política exterior en fomentar la democracia en Cuba promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del gobierno cubano mediante demandas amparadas en el Título III y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de expropiaciones ilegales de la era castrista’”.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de febrero de 2026, 6:09 p. m..