Nueva ley migratoria de Cuba cambia poco para los cubanoamericanos. He aquí el porqué
Las nuevas leyes de migración y ciudadanía de Cuba mantienen varias restricciones que afectan a los cubanoamericanos, incluido el requisito de que los cubanos con doble ciudadanía viajen al país con un pasaporte cubano, así como amplias facultades para denegar la entrada a los críticos del gobierno.
La Asamblea Nacional aprobó las leyes en julio de 2024, pero los textos finales aprobados fueron publicados en la Gaceta Oficial del país el pasado martes. Las razones de la demora no están claras, pero la nueva legislación llega en un momento en que las autoridades cubanas han manifestado que acogen a los cubanos residentes en el extranjero como potenciales inversores y propietarios de negocios privados.
Aun así, si bien las nuevas leyes incluyen algunas revisiones, dejaron intacta la controvertida disposición sobre el pasaporte, a pesar de la defensa sostenida por parte de muchos cubanoamericanos que habían instado a las autoridades de la isla a eliminarla.
En la práctica, esto significa que los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba seguirán siendo considerados ciudadanos cubanos mientras se encuentren en la isla —lo cual constituye la política actual— y se les podrían denegar los servicios consulares de la embajada de EEUU en La Habana si llegaran a tener problemas legales, tal como advierte el Departamento de Estado de EEUU en sus recomendaciones de viaje. Tales requisitos han disuadido a muchos cubanoamericanos de regresar a la isla.
La ley es clara y no deja nada a la interpretación.
“Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la presente Ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”, estipula la ley de ciudadanía. “Los ciudadanos cubanos tienen la obligación de identificarse con esta condición a su entrada, durante la permanencia, tránsito y a la salida del territorio nacional, así como en los actos jurídicos que se realicen en el territorio nacional o ante las representaciones diplomáticas y consulares cubanas en el exterior”.
La ley también advierte que los ciudadanos cubanos que posean otras ciudadanías “no disfrutan en el territorio nacional de prerrogativas, beneficios o patrocinios relacionados con estas, y no constituye impedimento para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución de la República de Cuba y las leyes”.
La ley presume automáticamente que los nacidos en Cuba son ciudadanos cubanos, a excepción de los hijos de funcionarios de gobiernos extranjeros o de empleados de organizaciones internacionales. Los cubanoamericanos nacidos en la isla solo pueden entrar al país con sus pasaportes estadounidenses si han completado el proceso legal de renuncia a su ciudadanía cubana.
A principios de este año, el ministro cubano de Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció que los cubanos residentes en el extranjero podrían ser propietarios de negocios privados e invertir en la isla. Sin embargo, como requisito, señaló que debían adquirir el estatus migratorio de “empresario o inversionista”, creado en la nueva ley de migración que, en aquel momento, aún no se había publicado.
La legislación ya publicada revela ahora que la obtención de dicho estatus requiere la aprobación de la autoridad migratoria dependiente del Ministerio del Interior.
Asimismo, la ley de migración otorga un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades migratorias para denegar la entrada o salida del país a cualquier persona —tanto cubanos como extranjeros—, invocando motivos de seguridad nacional o interés público. Con ello, se formaliza una práctica que las autoridades cubanas han empleado de manera habitual para impedir que activistas y críticos del gobierno salgan o entren en el país.
La ley oficializó la flexibilización de ciertas restricciones que ya se habían suspendido desde el inicio de la pandemia de COVID-19, incluida la eliminación del requisito que limitaba a 24 meses la permanencia de los cubanos en el extranjero si deseaban conservar su residencia en la isla. No obstante, las autoridades cubanas siguen estableciendo distinciones legales entre los cubanos que poseen residencia permanente en la isla y aquellos que no la tienen.
La ley guarda silencio respecto a los derechos políticos de los cubanos que residen en el extranjero —quienes, por ejemplo, no pueden votar. Sin embargo, el texto de una versión anterior fue modificado para aclarar que podrán tener derechos de propiedad en la isla.