Rubio sanciona a familia de Díaz-Canel, al hijo de Castro y a entidades que ‘socavan’ a EEUU
El Departamento de Estado está imponiendo nuevas sanciones el jueves al gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel y su familia, a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, así como a varias otras entidades cubanas, mientras la administración intensifica la presión sobre los dirigentes cubanos para que emprendan reformas democráticas en la isla gobernada por el partido comunista.
La administración está sancionando a la esposa de Díaz-Canel y primera dama oficiosa de Cuba, Lis Cuesta Peraza, y al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, así como al hijo de Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Calis.
Díaz-Canel y Castro Espín ya estaban bajo sanciones de EEUU, pero hasta ahora sus familiares habían podido viajar, y en el caso de Anido Cuesta, vivir en el extranjero sin repercusiones. Fuentes del Herald dijeron que Anido Cuesta, que vive en España, ha viajado últimamente a países extranjeros como enviado oficioso de su padrastro.
Castro Espín, a quien se había rumoreado que habían ascendido de coronel a general, fue el negociador cubano clave con la administración de Barack Obama para establecer relaciones diplomáticas, y su designación señala que la administración podría verlo esta vez más bien como un obstáculo en las conversaciones en curso con Cuba. El gobierno de Trump eligió en esta ocasión a un interlocutor diferente dentro de la familia Castro, el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
El secretario de Estado Marco Rubio también está sancionando al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una organización que difunde “la ideología radical del régimen cubano en el extranjero,” y que, dijo en un comunicado, apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas. También fue sancionada Amistur Cuba SA, la agencia de viajes del Instituto.
Las sanciones bloquean los activos de estas personas y entidades en EEUU, y prohíben a bancos, empresas e individuos estadounidenses realizar cualquier transacción que involucre a los designados.
Las nuevas designaciones se derivan de una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó el 1 de mayo y que también autoriza sanciones “secundarias” contra empresas y bancos extranjeros que hagan negocios en sectores clave de Cuba, como energía, defensa y minería.
El Departamento de Estado está sancionando el jueves a la compañía Minera La Victoria S.A., una empresa mixta cubana de extracción de oro creada por la entidad con sede en Australia Antilles Gold Ltd y la empresa estatal cubana Geominera SA.
La administración sancionó a principios de mes a una compañía minera cubana que era socia de la canadiense Sherritt, lo que obligó a esta última a anunciar que suspendía operaciones y vendería sus intereses en su negocio cubano.
El mes pasado, la administración sancionó también al conglomerado militar GAESA —abreviatura de Grupo de Administración Empresarial S.A.— y a su presidenta, la Gen. Ania Guillermina Lastres Morera—así como al Ministerio del Interior, a la policía, al presidente de la asamblea nacional y a varios generales y ministros.
En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que las personas y entidades sancionadas el jueves “sostienen la maliciosa campaña del régimen para subvertir y desestabilizar” la seguridad nacional de EEUU.
“Estas sanciones apuntan a la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian,” dijo. “A partir del programa de Fidel Castro para globalizar la llamada ‘revolución’ marxista, La Habana ha servido como base de operaciones para la guerra irregular global contra los intereses de EEUU, reclutando, entrenando y equipando a militantes de izquierda violentos en nuestra región —incluidos grupos terroristas marxistas en Estados Unidos— con el objetivo final de socavar la seguridad nacional de EEUU.”
Las sanciones al Instituto de Amistad y a los CDR podrían tener implicaciones mayores, ya que se sitúan en el centro de las “redes de solidaridad” de Cuba, ayudando a coordinar viajes y reuniones de funcionarios cubanos con grupos de activistas extranjeros que apoyan al gobierno en La Habana.
Recientemente, Fox informó que los Departamentos del Tesoro y de Justicia han abierto una investigación sobre un viaje reciente de activistas estadounidenses de izquierda a la isla para determinar si violaron sanciones de EEUU sobre Cuba y leyes que regulan actuar en nombre de un gobierno extranjero.
Los líderes cubanos están bajo una presión sin precedentes por parte de la administración Trump, que presiona a la isla comunista para que cambie su sistema económico y político. Las nuevas sanciones se anuncian mientras la administración actualiza planes de guerra para responder a una posible crisis en la isla y después de que el Departamento de Justicia acusara a Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en el derribo en 1996 de dos aviones de la organización de exiliados Hermanos al Rescate.
La administración también ha enviado una delegación sénior del Departamento de Estado, al jefe de la CIA y, la semana pasada, al jefe del Comando Sur de EEUU para hablar con funcionarios cubanos, mientras que el propio Rubio ha endurecido su retórica, calificando a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional.
Hasta ahora, los dirigentes cubanos no han mostrado inclinación a hacer concesiones políticas.
En una audiencia en el Congreso el miércoles, Rubio dijo que Estados Unidos estaba abierto “a una situación negociada que ponga a Cuba en un camino hacia la democracia, la prosperidad, la libertad, la normalidad,” pero afirmó que era difícil encontrar a la persona dispuesta a hacerlo.
“Claramente hay personas dentro del ámbito tecnocrático del gobierno que podrían desempeñar algún papel en todo esto, pero, en última instancia, si me preguntas, ¿hay ahora mismo un individuo singular en el que confiaríamos y del que dependeríamos para liderar esta transición de principio a fin? No puedo darte ese nombre ahora mismo.”
Probablemente refiriéndose al nieto de Castro, con quien había estado en conversaciones por canales no oficiales, Rubio dijo que “hay claramente individuos dentro del aparato del poder en ese país que entienden que lo que tienen ahora no es sostenible y que necesita arreglarse. ¿Pero tienen poder? No lo tienen; no pueden, incluso si tienen poder; no saben cómo hacerlo, o no tienen suficiente poder, porque gran parte tiene que construirse por consenso interno.”