Reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba, un escollo por salvar

Las reclamaciones por las propiedades confiscadas por el gobierno revolucionario de Cuba continúan como un asunto crítico pendiente de resolución, casi un año después del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

Algunos alegan que, de no resolverse, las reclamaciones afectarán la credibilidad del gobierno de la isla para futuros inversionistas.

Otros temen que, en medio de las concesiones del presidente Obama al régimen, las casi 6,000 reclamaciones por propiedades confiscadas estancadas en la Comisión de reclamaciones del Extranjero (FCSC) desde hace más de 50 años, terminen siendo saldadas por una fracción de su monto.

“Obama está tan desesperado por llegar a un arreglo con Cuba que puede pagar un centavo por cada dólar”, opina Julie Alvares, dueña de una reclamación por un negocio mayorista de ferretería, una arrocera en Pinar del Río, una finca y una casa en Varadero que eran de su abuelo.

Alvares fue uno de los herederos de reclamaciones de bienes confiscados que asistió a un evento recientemente en el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), donde un panel de expertos respondió preguntas a una audiencia ávida por revisitar el tema de las confiscaciones y valorar las posibles soluciones legales de las reclamaciones.

Las reclamaciones

Entre 1959 y 1961 el gobierno revolucionario cubano nacionalizó los bienes pertenecientes a ciudadanos y corporaciones estadounidenses en la isla. En 1964, el Congreso de Estados Unidos estableció un Programa de Reclamaciones Cubano que autorizaba a la Comisión de Reclamaciones del Extranjero (FCSC), una entidad gubernamental que procesa reclamaciones de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos en otros países, a considerar reclamaciones debidamente documentadas de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

El programa establecía que los reclamantes debían ser ciudadanos norteamericanos en el momento de la confiscación.

La FCSC recopiló reclamaciones valoradas en $1,900 millones, ajustados por la inflación a más de $7,000 millones actualmente. La FCSC es, además, la encargada de gestionar los pagos.

Entre las reclamaciones se incluyen una de la Empresa Cubana de Electricidad por $268 millones, otra de la ITT por $131 millones, así como reclamaciones por refinerías, industrias mineras, propiedades comerciales, tierras, bienes inmuebles, ganado, joyas, obras de arte, muebles, barcos, autos, cuentas bancarias, pensiones y pólizas de seguros, entre otros.

Según explicó el abogado Rolando Anillo, uno de los panelistas del evento y presidente de la Asociación de Dueños de Reclamaciones Cubanas (Cuban Claims Owners Association, CCOA), para la solución de las reclamaciones “lo que tenemos potencialmente es un pago entre gobiernos”, pero “en realidad el gobierno cubano no tiene el dinero para pagar”.

La Asociación de Dueños de Reclamaciones Cubanas fue creada con el propósito de “darles un nivel más personal a los dueños de reclamaciones, que el gobierno no sea el único que hable por los reclamantes”, dijo a el Nuevo Herald Raúl Valdes-Fauli, representante del CCOA.

“La asociación está tratando de crear un grupo de dueños de reclamaciones que en algún momento pueda cabildear o ejercer presión sobre la legislatura para que se tomen en cuenta las reclamaciones individualmente, y no solo por parte del gobierno como política de estado”, explicó Valdés-Fauli.

Como ejemplo de reclamaciones resueltas entre gobiernos, Valdés-Fauli citó los pagos obtenidos por el gobierno de Estados Unidos por reclamaciones de propiedades confiscadas por el gobierno de China entre octubre de 1949, cuando el Gobierno de la República Popular de China (PRC) llegó al poder, y 1966, cuando se implementó el Programa de Reclamaciones de China.

El Departamento del Tesoro estableció un Fondo para reclamaciones de China, donde el gobierno chino depositó un pago inicial de $30 millones en 1979 y $10.1 millones de 1980 a 1984. De un total inicial de más de $196 millones, el gobierno chino consiguió un arreglo por $80.5 millones.

Sin embargo, un acercamiento más individualizado, como el que se le dio a las confiscaciones en Nicaragua entre 1979 y 1990 durante el primer gobierno sandinista, es lo que quisieran obtener los miembros del CCOA, dijo Valdés-Fauli.

Estados Unidos levantó algunas restricciones legales a Nicaragua en agosto, después que el país centroamericano cumplió con la resolución de 30 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses que estaban pendientes.

Hasta el 2005 Estados Unidos tenía registrados un total de 3,166 reclamaciones de ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Nicaragua.

A la vez, Valdés-Fauli reconoce que como el gobierno de Cuba está demandando a Estados Unidos por miles de millones por pérdidas como resultado del embargo económico, podría terminar no pagando un centavo.

El problema de los bienes confiscados “se tiene que resolver, o el comercio con la isla va a continuar interrumpido indefinidamente”, dijo Valdés-Fauli.

La ley Helms-Burton de 1996, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento y la continuidad del embargo, reconoce el derecho de los cubanoamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas a reclamar compensación.

Sin embargo, advirtió el abogado Matías Travieso Díaz, miembro del panel del evento, la ley Helms-Burton deja bien claro que el gobierno americano solo se encarga de las reclamaciones certificadas, o sea, las de ciudadanos norteamericanos en el momento de la confiscación. Las reclamaciones de cubanos que se naturalizaron después tienen que ser presentadas ante las cortes de manera individual y por cuenta del demandante.

Los cubanos cuyos bienes fueron confiscados y que se quedaron en Cuba, “en un futuro tendrán que ir a las cortes cubanas a reclamar”, dijo Valdés-Fauli.

Los fondos para saldar reclamaciones

Según Travieso Díaz, la mayoría de las reclamaciones certificados por la FCSC son por montos inferiores a $1 millón, y suman cerca de $165 millones, una cifra que podría ser saldada con fondos del gobierno cubano congelados por Estados Unidos.

Los fondos congelados –dólares originados mayormente por exportaciones del gobierno de Cuba que pasan en algún punto por algún banco norteamericano como parte de alguna transacción, y son incautados– sumaban el año pasado $275 millones, suficiente para saldar las reclamaciones de menos de $1 millón, dijo Travieso Díaz.

Pero desde hace 15 años el Congreso aprobó una ley para que los casos de reclamaciones en las cortes norteamericanas contra el gobierno de Cuba por violaciones de derechos humanos puedan ser compensados con los fondos congelados, explicó Travieso Díaz.

“Esos fondos están destinados a pasar a esos reclamantes”, explicó.

Para asegurarse que haya fondos congelados disponibles para saldar las reclamaciones por las confiscaciones, “habría que cancelar esa legislatura, pues habría una competencia por los fondos”, dijo el abogado.

Para los casos de reclamaciones por más de $1 millón, Travieso Díaz sugiere que el gobierno de Estados Unidos deje a los reclamantes negociar directamente con el gobierno cubano.

Cincuenta corporaciones, algunas aún activas, son dueñas de aproximadamente el 50 por ciento del monto total de las reclamaciones, explicó Anillo, uno de los panelistas.

Otras reclamaciones han sido vendidas a compañías extranjeras, por lo que han perdido el principio de continuidad nacional y el derecho a reclamar –los dueños de reclamaciones tienen que haber sido y continuar siendo ciudadanos norteamericanos.

Algunas corporaciones, dijo Anillo, han comprado reclamaciones como parte de fusiones, y muchas no tienen interés en obtener ese dinero, sino que preferirían que como compensación se les permita operar en la isla.

“Los individuos que en realidad sufrieron son los que tienen que alzar la voz y ver a qué tienen derecho”, dijo.

Sin embargo, quienes prefieren que les sean devueltas sus propiedades en lugar de recibir una liquidación por parte del gobierno norteamericano, como es el caso de Julie Alvares, se sienten limitados

legalmente.

“Yo no tengo derecho a pelear por mi reclamación, es el Departamento de Estado el que está a cargo”, dijo

Alvares.

Devolver las propiedades confiscadas

Según Travieso Díaz, para el problema de las confiscaciones “no existe un mecanismo de solución único”.

“La restitución –devolución de la propiedad– funciona en algunos casos, pero si una vivienda, por ejemplo, está ocupada por varias familias, no se les puede desalojar para traer al dueño anterior, eso no puede pasar. Hay que buscar otra manera de resolverlo, con compensación u otro tipo de beneficio, pero no mandando a la gente a la calle, y no creo que nadie quiera hacer eso”, dijo Travieso Díaz.

Leyes internacionales prohíben a los gobiernos confiscar propiedades sin ofrecer compensación, pero el gobierno cubano al comienzo de la revolución estableció una Ley Fundamental que creaba una excepción legal a la prohibición de confiscar sin compensación. Específicamente, el artículo 24 de la Ley Fundamental permitía confiscar las propiedades “del tirano derrocado el 31 de diciembre de 1958, y de sus cómplices”.

Sin embargo, la Ley Fundamental aclaraba que “ninguna otra persona o corporación debe ser privada de su propiedad, excepto por autoridades competentes por una causa justificada de utilidad de servicio público o social o de interés nacional”.

En 1996 el gobierno cubano aprobó una ley de reafirmación de soberanía y dignidad declarando que las compensaciones por los bienes expropiados podrían ser parte del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Ese mismo año el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática, Helms Burton, estipulando que Cuba deberá compensar a los estadounidenses por las propiedades confiscadas como requisito para levantar el embargo.

Otro inconveniente para devolver la propiedad a sus dueños originales o a sus herederos, además de que las propiedades pueden estar habitadas por familias, es que muchas serán difícil de reconocer o identificar.

“La realidad es que, después de 54 años, esas propiedades han sido retituladas a cubanos, o abandonadas, o han desaparecido”, explicó Anillo.

Varios estudios realizados por la Universidad de Creighton, en Omaha, Nebraska, entre el 2005 y el 2007, comprobaron que muchos de los inmuebles confiscados por el gobierno cubano ya no existen o están en un estado de deterioro avanzado.

Los estudios también concluyeron que Cuba no tenía dinero para compensar las propiedades confiscadas, y estimaron entre 3 o 4 centavos por dólar perdido como el monto más probable que pueda ser recuperado.

Inversión extranjera

Pedro Menocal, también abogado y panelista del evento, dijo que el tema de las confiscaciones debería ser un tema político, puesto que la mejor alternativa de Cuba para inspirar confianza a futuros inversionistas es respetar los derechos de las personas cuyas propiedades fueron confiscadas.

“Es la mejor manera de inspirar confianza y atraer inversiones”, dijo Menocal, quien añadió que “Cuba tiene que cambiar si se quiere unir al mundo moderno”.

Anillo dijo que aunque Cuba siempre ha admitido que tiene que resolver las reclamaciones por confiscaciones, a la vez el gobierno de Raúl Castro está reclamando al gobierno de Estados Unidos una compensación por pérdidas como consecuencia del embargo económico que asciende a $120,000 millones.

Según Anillo, también hay que valorar que en caso de un cambio de gobierno de Cuba, “no queremos un nuevo gobierno que herede una deuda de miles de millones”.

Pero para proteger a futuros inversionistas, en la isla es necesario crear un código comercial, una ley de inversión extranjera y un tratado de inversión bilateral, explicó Travieso.

Respeto a la ley en Cuba

Leonel Morejón Almagro, un abogado que ejercía como abogado criminal en Cuba, dijo durante el evento en FIU que aunque está totalmente de acuerdo en que “debe hacerse un pago por lo que se arrebató”, su preocupación es que en la isla “no existe un respeto a la ley”.

“¿Cómo establecer un marco legal en un país que no tiene marco legal, con un gobierno que no respeta las leyes?”, dijo Morejón.

En la isla, “no existe un poder judicial independiente que pueda garantizar el concepto de propiedad en Cuba”, añadió Morejón, quien en 1994, junto a otro abogado cubano, Juan José López Díaz, propuso al tribunal supremo popular de la isla que se permitiera a las personas la compraventa de casas y vehículos.

“La respuesta que recibimos del gobierno fue caernos a palo con cabillas durante una conferencia sobre propiedad y derechos en Cuba que estábamos ofreciendo en la casa de otro colega”, dijo el

abogado.

Morejón opina que el gobierno de la isla tiene que establecer un proceso para atender todas las reclamaciones, incluyendo las de los cubanos que se quedaron en Cuba.

“Pero lo que hicieron en el año 1959 lo pueden hacer de nuevo cuando ellos quieran”, concluyó

Morejón.

John Suárez, del Directorio Democrático Cubano, dijo que el tema de las confiscaciones, al igual que el de los derechos humanos, “tienen en común un factor decisivo que es el cambio de sistema”.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de noviembre de 2015, 0:53 p. m. with the headline "Reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba, un escollo por salvar."