Abogado pagará por repatriación de los cuerpos de cubanas asesinadas en Madrid
El abogado peruano dueño del bufete de Madrid en donde ocurrió un terrible crimen la semana pasada, anunció que costeará los gastos de repatriación de las dos víctimas cubanas que trabajaban para él.
Elisa Consuegra Gálvez, de 33 años y oriunda de La Habana, y Maritza Osorio Riverón, de 46 años y natural de Holguín, fueron brutalmente asesinadas el 23 de junio por un hombre que también mató a una tercera persona, el ecuatoriano John Pepe Castillo, de 43 años. Las víctimas fueron golpeadas y acuchilladas, y después de la matanza el asesino quemó los cuerpos con gasolina.
"Estoy despertando de este mal sueño, de una pesadilla que, por desgracia, es real. Mis dos empleadas y compañeras, Maritza y Elisa, eran más que eso para mí: eran como de mi familia; por eso han matado parte de mí", dijo el abogado Víctor Joel Salas Coveñas, en una entrevista con ABC.es esta semana. El letrado peruano se dedica a asuntos de extranjería y desempeñó el puesto de asistente judicial en su país en casos vinculados con narcotráfico.
El procedimiento podría costar entre 8,000 y 12,000 euros, dijo. "Tengo que afrontar mi responsabilidad y no voy a dejar desamparadas a esas familias", añadió.
La Policía española busca un hombre que entró en el despacho de abogados poco antes del triple crimen, y que preguntó por Salas. La principal hipótesis es que el suceso esté relacionado con una venganza contra Salas por asuntos que llevó cuando trabajó en Perú o por los que trataba en España, señalan fuentes de la investigación.
El abogado peruano, que estaba casado, al parecer por conveniencia, con Elisa, había recibido amenazas y acumulaba cuantiosas deudas, según declaró a Efe un amigo de la víctima, que se ha mostrado convencido de que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas de algún cliente.
Salas, ha subrayado, “estaba de deudas hasta arriba” y defendía en España tanto a personas que solo tenían problemas de documentación como a traficantes.
El abogado peruano denunció en 2006, cuando tenía 25 años, y ejercía como abogado en Perú, que una jueza peruana le pidió que manipulara un proceso judicial contra un narcotraficante de origen israelí, que terminó con la suspensión de la magistrada.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de junio de 2016 a las 9:30 a. m. con el titular "Abogado pagará por repatriación de los cuerpos de cubanas asesinadas en Madrid."