¿Se han olvidado de las reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba en medio de la normalización?

Cuando Javier García-Bengochea abrió el periódico una mañana de 1996, lo último que esperaba ver era una mención de la antigua propiedad de su familia.

Pero, casi al final de un artículo de The Wall Street Journal sobre las inversiones de empresas extranjeras en Cuba, allí estaba. Una naviera italiana que tenía negocios en Estados Unidos iba a reconstruir el puerto santiaguero de La Marítima Parreño como nuevo destino para sus cruceros.

El puerto y sus almacenes fueron una vez parte de una empresa privada dirigida por un primo de García-Bengochea, Albert J. Parreño, quien se había nacionalizado estadounidense en 1943. Si la familia hubiera vendido, regalado o incluso abandonado la propiedad, su reconstrucción no habría sido una noticia tan significativa.

Lo que sucede es que el gobierno cubano confiscó los terrenos en 1960 y nunca pagó a la familia por su participación en la compañía, como exigen las leyes internacionales.

“Todas las operaciones de empresas estadounidenses en Cuba son con propiedades robadas”, dijo García-Bengochea, neurocirujano que vive en Jacksonville, Florida. “Es una de las cosas más vergonzosas que he visto”

García-Bengochea es uno de casi 6,000 ciudadanos estadounidenses con intereses en reclamaciones certificadas de propiedades al gobierno cubano. La reclamación de su primo es la número 1231, según la Comisión de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos. Los cubanos que se naturalizaron estadounidenses después que sus propiedades fueron confiscadas por el régimen de Castro no cumplen los requisitos para participar en el proceso.

Ahora que se han reanudado las relaciones diplomáticas con Cuba, se han aliviado algunas restricciones de viaje y en el Congreso se estudian varios proyectos de ley que facilitarían más el comercio entre los dos países, García-Bengochea y los demás reclamantes temen cada vez más que sus reclamaciones —que hoy tienen un valor de entre $6,000 millones y $8,000 millones— puedan quedar sin solución para siempre.

“Se les está acabando el tiempo para esto”, dijo Mauricio Tamargo, ex presidente de la Comisión. “Entiendo algunos gestos de apertura en el proceso para comenzar las discusiones, pero hemos ido mucho más allá de lo necesario”.

Ha pasado más de medio siglo desde que Fidel Castro tomó el poder y confiscó las propiedades a nombre de la revolución. Desde entonces, la Comisión, una agencia independiente del Departamento del Justicia, ha evaluado 8,821 reclamaciones de partes estadounidenses y validado 5,913 con certificaciones.

La mayor parte de las reclamaciones son de empresas. Otras fueron presentadas por individuos, como el primo de García-Bengochea, que eran ciudadanos estadounidenses en el momento de la confiscación. Aunque las propiedades confiscadas tenían un valor inicial de $1,900 millones, los intereses acumulados en el tiempo transcurrido hace que la cifra aumente a casi $8,000 millones.

Según las leyes internacionales, el gobierno estadounidense debe negociar una resolución de las reclamaciones con el gobierno cubano. Pero en momentos que el proceso de normalización de relaciones se ha acelerado, no ha habido un avance en el tema de las reclamaciones, y los defensores de los reclamantes están frustrados.

“Estoy muy consternado ante el nivel de comercio que hay entre los dos países”, dijo Tamargo. Hay que dejar de otorgar estas concesiones comerciales y comenzar a obligar [al gobierno cubano] a hacer una oferta y zanjar estas reclamaciones”.

Los padres y tíos de Tamargo también eran reclamantes certificados, dijo. Entre las propiedades que el gobierno cubano les confiscó está una finca en la provincia de Oriente y una casa en La Habana, además de otras propiedades.

Algunos expertos se mantienen optimistas de que el gobierno cubano pagará las reclamaciones, pero les preocupa que aliviar las restricciones e viajes y los cambios a otras limitaciones al comercio con Cuba han hecho que Estados Unidos haya perdido fuerza en cualquier negociación.

“El gobierno de Washington dificulta mucho hacer lo que se debe con Cuba”, dijo Roy Smith, profesor de la Facultad Stern de Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York, refiriéndose a las medidas del gobierno para desarrollar las relaciones con la isla. “Pero creo que todavía queda tiempo”.

Diplomáticos de ambos países se reunieron en Cuba el 8 de diciembre para discutir por primera vez las reclamaciones, pero se limitaron a hacer presentaciones y acordaron reunirse más adelante este año para seguir tratando el tema.

Desde entonces no ha habido más negociaciones sobre el asunto, según el Departamento de Estado.

“Esperamos tener otro diálogo sobre las reclamaciones en los próximos meses, que sería el próximo paso en lo que esperamos que sea un proceso complejo que demore tiempo”, dijo un portavoz del Departamento de Estado el lunes en un correo electrónico. El portavoz habló a condición de no ser identificado, como parte del protocolo de esa agencia. “Encontrar una resolución a las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses es una prioridad para la normalización”

Pero mientras más tiempo Estados Unidos espere, más difícil será, dijo Smith.

“Las reclamaciones están entre los problemas más complicados que existen entre los dos países y creo que será lo último en solucionarse”, agregó Smith. “Eso es si se soluciona, porque sospecho que quizás no sea el caso”.

El proceso no es sencillo y hay muchas complicaciones, explicó Smith. El gobierno cubano ha presentado sus propias reclamaciones, por un valor superior a los $800,000 millones, por concepto de daños y perjuicios que dice ha provocado el embargo estadounidense a la isla. Por otra parte, algunos reclamantes estadounidenses han recibido alivios fiscales a cuenta de sus pérdidas.

Quizás más complicado es la capacidad del gobierno cubano de pagar solamente “unos 2 centavos por cada dólar”, dijo Patrick Borchers, profesor de la Universidad Creighton University que es investigador de un estudio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sobre las reclamaciones.

Pero no significa que sea un caso perdido. Encontrar una solución a las reclamaciones “es de interés para los dos países”, dijo Richard Feinberg, experto de la Iniciativa Latinoamericana del Brookings Institution en Washington, quien es profesor de la Universidad de California en San Diego.

Cuba mejoraría su entorno empresarial y evitaría consecuencias jurídicas, dijo, y Estados Unidos mantendría “el principio de la compensación” en el proceso de normalización.

Cualquier medida por parte del gobierno norteamericano probablemente se tomaría entre las elecciones de noviembre y la toma de posesión del nuevo presidente en enero, dijeron expertos.

“Si va a suceder algo significativo, casi que puedo garantizar que será después de las elecciones”, dijo Borchers, quien señaló que la condición de estado indeciso de la Florida en materia electoral y la existencia de una nutrida población cubanoamericana dificultan a Obama tomar medidas sin afectar a la candidata virtual demócrata Hillary Clinton.

Pero no importa cuándo suceda, siempre que ocurra, dijo García-Bengochea.

“Es vergonzoso”, dijo García-Bengochea. “Este proceso ha encontrado la forma de no respetar la ley”.

Desde que García-Bengochea leyó el artículo en The Wall Street Journal en 1996, varias empresas internacionales han seguido haciendo negocios en la antigua propiedad de su familia, entre ellas Carnival Cruise Line, China Harbour Engineering Co. y Fred Olsen Cruise Lines, dijo García-Bengochea. La propiedad incluye el puerto de Santiago y sus almacenes.

García-Bengochea heredó la reclamación de su primo Parreño, abogado de Nueva York y ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación. La reclamación, que tenía un valor original de $547,365, ha aumentado a casi $ millones con una tasa anual de intereses del 6 por ciento.

El representante federal Jeff Duncan, republicano por Carolina del Sur, celebró en junio del 2015 una audiencia en el Capitolio en la que García-Bengochea testificó. Desde entonces, él y otros legisladores “no han visto un avance significativo en este tema”, dijo Duncan.

“Estamos aquí, observando la normalización de las relaciones con Cuba, y todavía tenemos estas reclamaciones pendientes”, dijo. “No es un requisito previo, si siquiera es un requisito”.

En una carta del 24 de junio, Duncan y el representante Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, solicitaron una actualización de la situación al Departamento de Estado sobre los avances en el asunto. Hasta el 8 de julio no habían recibido respuesta, dijo Duncan.

“Esto fue importante en su momento”, dijo Duncan de las reclamaciones. “El hecho que todavía no se haya solucionado es uno de los asuntos más indignantes en la normalización con Cuba”.

“[El gobierno cubano] consigue [de Estados Unidos] todo lo que quiere, pero nosotros no conseguimos nada a cambio”.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de julio de 2016, 3:22 p. m. with the headline "¿Se han olvidado de las reclamaciones de propiedades confiscadas en Cuba en medio de la normalización?."