Alcalde de ciudad puertorriqueña es acusado de corrupción por las autoridades federales

Las autoridades federales detuvieron y acusaron al alcalde de la ciudad puertorriqueña de Guaynabo de aceptar sobornos, en medio de una ofensiva contra la corrupción pública que ha resultado en el arresto de múltiples funcionarios públicos y contratistas en las últimas semanas.

“El alcalde de Guaynabo, a quien sus electores le confiaron los mejores intereses del pueblo, según las alegaciones, tomó parte un esquema ilegal utilizando su oposición para el beneficio personal personal,” said the U.S. Attorney for Puerto Rico, Stephen Muldrow, at a press conference on Thursday morning.

Ángel Pérez Otero — elegido por primera vez alcalde de Guaynabo en 2017 y cuyo predecesor admitió recientemente su culpabilidad en un caso de acoso sexual y violencia de género — enfrenta tres acusaciones federales por conspiración, soborno en programas federales y extorsión. Los videos del arresto, realizado el jueves antes de que saliera el sol, muestran a Pérez-Otero siendo llevado a la custodia del Negociado Federal de Investigaciones.

El pliego acusatorio alega que el alcalde aceptó sobornos y comisiones ilegales de una persona actualmente no identificada, a cambio de contratos municipales. Pérez-Otero, dicen las autoridades federales, influyó y presionó a oficiales municipales para que le dieran contratos a la empresa de la persona anónima, de quien recibía regularmente sumas en efectivo de $5,000.

En la conferencia de prensa, Murdrow dijo que Pérez-Otero podría enfrentar múltiples sentencias de prisión de varios años, incluidos 20 años por el cargo de extorsión. Agregó que la empresa involucrada en la denuncia penal ofreció servicios de construcción.

El FBI también arrestó jueves por la mañana a Radamés Benítez Cardona, asistente del alcalde de la ciudad de Trujillo Alto desde hace mucho tiempo. A cambio de contratos públicos, el funcionario público presuntamente recibió sobornos y comisiones ilícitas de dos personas no identificadas a cambio de un contrato municipal de servicios de gestión de residuos. Benítez Cardona podría haber recibido hasta una suma mensual de alrededor de $17,000 y un anticipo de $200,000, dijeron las autoridades federales.

Joseph González, jefe del FBI de Puerto Rico, enfatizó en la conferencia de prensa que combatir la corrupción es una prioridad para su oficina.

“Nosotros seguimos limpiando la casa,” dijo. “Esto es solo el comienzo. Nuestro trabajo no ha terminado.”

Luisa Colom García, vicealcaldesa de Guaynabo, municipio de unos 83,000 habitantes en el área metropolitana de San Juan, dijo en un comunicado de prensa que se haría cargo de las operaciones municipales tras el arresto de Pérez Otero, y dijo que la noticia “nos impacta de sobremanera.”

Pérez Otero, junto con el gobernador Pedro Pierluisi, pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP) que respalda la estadidad de Puerto Rico. Pierluisi dijo en una declaración escrita que se sentía “defraudado y sumamente molesto” a la luz de la noticia del arresto de Pérez Otero.

“Ante una acusación federal de corrupción no hay afiliación o amistad que valga,” dijo el gobernador.

Pierluisi le exigió a Pérez-Otero que renunciara a la alcaldía y la presidencia de la Federación de Alcaldes, así como a la dirección del partido político. Mientras tanto, el panel especial de fiscales independientes de la isla dijo en un comunicado de prensa el jueves que había suspendido a Pérez Otero de su cargo.

Pierluisi ofreció un mensaje severo a los funcionarios públicos de la isla.

“Asimismo, vuelvo a poner sobre aviso a todo funcionario público que haya cometido un acto como este, o que ni tan siquiera lo esté considerando, que no descansaré hasta que todos estén fuera del gobierno y de mi partido’‘, dijo.

Es la segunda vez en menos de un mes que Pierluisi ha tenido que emitir una declaración de este tipo tras una acusación federal de corrupción de un miembro de su propio partido.

A fines de noviembre, las autoridades federales arrestaron al ahora ex alcalde del municipio costero de Cataño, Félix Delgado Montalvo — conocido coloquialmente como “El Cano”. Al igual que Pérez Otero y Benítez Cardona, fue acusado de aceptar sobornos por contratos municipales multimillonarios y de recibir relojes caros y miles de dólares en pagos en efectivo.

Delgado Montalvo renunció a su cargo y el 2 de diciembre. La fiscalía federal en el Distrito de Puerto Rico anunció que Delgado admitió culpabilidad de un cargo de conspiración de soborno como parte de un acuerdo de culpabilidad. Podría pasar un máximo de cinco años en prisión y será sentenciado en marzo de 2022.

En los últimos años, funcionarios públicos de los dos principales partidos políticos de la isla han sido acusados, arrestados y condenados por corrupción pública. En agosto de 2020, la representante de la PNP María Milagros Charbonier-Laureano fue acusada de robo, soborno y fraude por las autoridades federales. En julio, la ex secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, quien sirvió para el derrocado gobernador Ricardo Rosselló, se declaró culpable de conspiración de fraude.

Diego o, Alcalá, abogado defensor penal que ejerce en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, enfatizó que el procesamiento y enjuiciamiento de casos de corrupción en Puerto Rico a nivel estatal y federal es bajo en comparación con la totalidad de los casos, a pesar de la percepción pública de que es un hecho generalizado. Los casos de soborno y corrupción en 2020 representaron el .4% de los delincuentes federales a nivel nacional, en comparación con el .2% de los delincuentes federales en Puerto Rico, según un informe de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.

Sin embargo, Alcalá le dijo al Miami Herald que la baja frecuencia de casos vistos en ambas jurisdicciones no significa que los delitos no estén ocurriendo, y que los casos recientes de alto perfil podrían indicar que las autoridades están invirtiendo más recursos en la lucha contra los empleados del llamado cuello blanco.

Mientras tanto, Delgado agradeció a la ciudad de Cataño por permitirle servir como su alcalde de la ciudad en su página de Facebook y ofreció a los residentes disculpas por el “mal rato’‘.

“Muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó,” escribió.

Puede leer la acusación federal de Ángel Pérez Otero a continuación: