Dos trinitenses murieron en un ataque a bote en el Caribe: sus familias demandan a EEUU
Los familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago que murieron en uno de los ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico realizados por Estados Unidos en el Caribe demandaron al gobierno estadounidense por presunto homicidio culposo y ejecución extrajudicial.
Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, regresaban de Venezuela a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad y Tobago, cuando un misil impactó su embarcación en uno de los 36 ataques que la administración Trump ha lanzado contra embarcaciones civiles en el Caribe y el océano Pacífico, informó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El hecho ocurrió el 14 de octubre de 2025. Otras cuatro personas también murieron en el ataque.
Las demandantes son Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo. Esta sería la primera demanda de este tipo presentada contra la administración del presidente Donald Trump y fue interpuesta en Massachusetts.
La ACLU precisó que las demandas se basan en la Ley de Muerte en Alta Mar, que permite a los familiares demandar por muertes injustas ocurridas en aguas internacionales, y en la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros, que autoriza a ciudadanos extranjeros a presentar demandas ante tribunales federales de Estados Unidos por violaciones de normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.
“Chad era un hijo cariñoso y atento que siempre estaba ahí para mí, para su esposa e hijos, y para toda nuestra familia. Lo extraño muchísimo. Todos lo extrañamos”, dijo Lenore Burnley. “Sabemos que esta demanda no nos devolverá a Chad, pero confiamos en Dios para que nos ayude a superar esto, y esperamos que alzar la voz nos ayude a obtener la verdad y a encontrar un poco de paz”.
Sallycar Korasingh dijo que su hermano Rishi solía llamar a la familia casi todos los días, y que “un día desapareció y nunca más supimos de él. Era un hombre trabajador que había cumplido su condena y solo intentaba rehacer su vida y ganarse la vida dignamente en Venezuela para mantener a su familia. Si el gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas”.
Ataques a embarcaciones son ilegales
Los abogados de la ACLU, del Centro de Derechos Constitucionales, el profesor Jonathan Hafetz de la Facultad de Derecho de Seton Hall y la ACLU de Massachusetts argumentaron en la demanda por qué los ataques a las embarcaciones son “manifiestamente ilegales”.
Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado, como ha afirmado el gobierno de “forma inverosímil”, e incluso en tiempos de guerra estos ataques seguirían siendo ilegales según las leyes de la guerra, que restringen el uso indiscriminado y directo de la fuerza contra civiles y embarcaciones civiles, señalaron.
“Los ataques a las embarcaciones por parte de la administración Trump son actos atroces de personas que afirman poder abusar de su poder con impunidad en todo el mundo”, dijo Brett Max Kaufman, abogado principal de la ACLU. “Al buscar justicia por el asesinato sin sentido de sus seres queridos, nuestros clientes exigen valientemente que se rindan cuentas por sus pérdidas devastadoras y se oponen al ataque de la administración contra el estado de derecho”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, declaró a un medio local después del ataque que “el gobierno no tiene información que vincule a Joseph o Samaroo con actividades ilegales”.
“Es absurdo y peligroso que cualquier Estado proclame unilateralmente la existencia de una ‘guerra’ para desplegar fuerza militar letal”, dijo Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales. “Estos son asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos para el espectáculo, por lo que necesitamos que un tribunal de justicia determine la verdad y ponga fin a la ilegalidad”.
Azmy consideró que la demanda es un paso fundamental para garantizar la rendición de cuentas, y que los responsables podrían enfrentar responsabilidad penal por asesinato y crímenes de guerra.
Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo 36 ataques contra lo que asegura son embarcaciones utilizadas para contrabandear drogas a Estados Unidos, sin aportar evidencia concreta de que estén involucradas en actividades de narcotráfico.
Al menos 125 personas han muerto en esos ataques desde septiembre de 2025, de acuerdo con cifras de la ACLU.
¿Quiénes eran las víctimas?
Joseph vivía con su esposa y sus tres hijos en Las Cuevas, Trinidad. Para mantener a su familia, viajaba con frecuencia a Venezuela para pescar y trabajar en el campo. El 12 de octubre llamó a su esposa para informarle que había encontrado una embarcación para regresar a casa desde Venezuela y que la vería en un par de días, según la ACLU.
Dos días después, su esposa y Burnley vieron informes en redes sociales sobre un ataque a una embarcación. Temiendo que se tratara de la de Joseph, lo llamaron repetidamente, pero no obtuvieron respuesta. Su familia no ha vuelto a saber de él desde entonces.
Samaroo nació en El Socorro, Trinidad, donde aún residen su padre anciano, sus ocho hermanos menores y dos de sus tres hijos. Su madre vive en San Juan.
En 2024, fue puesto en libertad condicional anticipada tras cumplir una condena de 15 años por su participación en un homicidio. Tras su liberación, se mudó a Las Cuevas, donde se dedicaba a la pesca y trabajaba en la construcción para mantenerse a sí mismo y a su familia.
En agosto de 2025, informó a su familia que estaba trabajando en una granja en Venezuela, cuidando cabras y vacas y elaborando queso.
Llamaba a su familia casi todos los días mientras estaba en Venezuela y, en una llamada del 12 de octubre con la señora Korasingh, le dijo que regresaba a Trinidad y que la vería en unos días porque su madre se había enfermado y quería ayudar a cuidarla. Esa fue la última vez que Korasingh o cualquier otro miembro de la familia tuvo noticias de él, según la ACLU.
“El uso de la fuerza militar para matar a Chad y Rishi viola los principios más elementales del derecho internacional”, declaró Jonathan Hafetz, profesor de la Facultad de Derecho de Seton Hall. “Los gobiernos no pueden simplemente acribillar a tiros a las personas, y las afirmaciones de la administración Trump en sentido contrario corren el riesgo de convertir a Estados Unidos en un Estado paria”.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de enero de 2026, 1:09 p. m..
