Maduro involucra a medios de comunicación en plan de golpe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes que los medios televisivos venezolanos están involucrados en un plan de golpe en su contra, una denuncia que hace después de haber visto en los noticieros de la mañana una supuesta “manipulación total” de la información, reportó la agencia de noticias EFE.

“Estuve viendo hoy los noticieros de los medios de comunicación de la burguesía, están todos metidos en el plan del golpe, así lo creo, el tipo de tratamiento que le dieron a los asuntos del país fue una manipulación total, abierta y descarada”, dijo Maduro durante un contacto telefónico que hizo a un acto oficial en el centro del país.

El presidente hizo el comentario después de invitar a los venezolanos a participar en una marcha que se realiza el sábado para conmemorar los 26 años de la revuelta popular conocida como el Caracazo, un evento que el chavismo exalta como el suceso que impulsó al nacimiento de la llamada revolución bolivariana.

“Sábado de dignidad, y además respondiendo a toda esta campaña que hace la burguesía mediática, los dueños de los medios de comunicación televisivos del país”, dijo tras reiterar que la marcha del sábado será “antiimperialista (…) para que los imperialistas del mundo sepan que Venezuela se respeta”.

El presidente informó hace dos semanas de que su Gobierno había desmontado un plan de golpe de Estado “trazado” desde EE.UU. y en el que [según el gobierno] estarían participando militares de la aviación venezolana y dirigentes opositores, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado día 19.

Impunidad absoluta

El secretario ejecutivo de la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, afirmó también el viernes que, luego de 26 años del “Caracazo”, los tiempos han sido de “negación de la justicia” para las víctimas, reportó EFE.

De los “26 años del Caracazo, más de la mitad, 16, han ocurrido bajo el régimen chavomadurista, han sido años de absoluta impunidad, han sido años de negación de la justicia”, dijo en una rueda de prensa Torrealba, refiriéndose al periodo gobernado por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro.

Estos “han sido años en que las únicas víctimas que han obtenido algún tipo de justicia ha sido porque han acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, añadió el secretario de la MUD, plataforma que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición, y quien no especificó casos.

La revuelta popular conocida como “Caracazo” inició el 27 de febrero de 1989, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, en las barriadas pobres de la capital venezolana en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.

La jornada de disturbios fue sofocada a tiros por militares y policías y dejó un número aún no determinado de muertes que se estima entre 300 y 3,000.

Anualmente el chavismo exalta este evento como el suceso que impulsó al nacimiento de la llamada revolución bolivariana y que este año prevé conmemorar con varios actos y una marcha en el centro de Caracas.

Estos actos también fueron cuestionados por Torrealba quien consideró aquella jornada como “un día luctuoso, del que centenares de familias tienen el recuerdo amargo de la violencia”.

“Este proyecto autoritario, que es temporalmente inquilino de Miraflores (sede del Ejecutivo venezolano), tiene la mala costumbre de convertir en fiesta lo que son tragedias”, dijo.

Firmas contra la represión

En otros hechos relacionados, estudiantes de las principales universidades venezolanas comenzaron el viernes a recolectar firmas para la derogación de una resolución que permite a los militares utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas, reportó la Associated Press.

La campaña surgió tras el reciente asesinato de un adolescente en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza que supuestamente le realizó un policía durante una manifestación.

“Esperamos que en los próximos días el gobierno entienda y asuma la responsabilidad de los asesinatos que están ocurriendo y anule la resolución”, afirmó Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Central de Venezuela, al exhortar al Ejecutivo a que derogue la normativa rechazada por organizaciones de derechos humanos y la coalición opositora, que la consideran inconstitucional.

El Ministerio de Defensa emitió el mes pasado una normativa que permite el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso en el caso de desórdenes callejeros que representen un “riesgo mortal”.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha defendido la regulación asegurando que es un “documento hermosísimo de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso”.

Iglesias indicó que los estudiantes esperan llevar el proceso de recolección de firmas fuera de las universidades para incorporar a todos los sectores de la sociedad.

“Si este gobierno no responde cumpliendo su responsabilidad como tiene que ser pues entonces vamos a presionarlo por todos los lados”, dijo el dirigente al asegurar que los universitarios, que protagonizaron el año pasado una serie de protestas contra el gobierno, están dispuestos a presionar en las calles para lograr la derogación de la regulación.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, descartó esta semana que el asesinato en San Cristóbal del estudiante Kluiverth Roa, de 14 años, tenga que ver con la referida resolución e indicó que la muerte del joven, que fue condenada por el presidente Nicolás Maduro, se debió a que un policía actuó de manera indebida. El funcionario policial es señalado de presuntamente disparar una bala de goma con una escopeta contra Roa.

Saab dijo que la Defensoría del Pueblo exhortó a hacer un manual de la normativa y a establecer otras precisiones sobre la actuación de la Guardia Nacional en las protestas.

La alianza opositora presentó a inicios de mes en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad y un amparo cautelar contra la normativa. A esta acción se sumaron la víspera cinco organizaciones civiles.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de febrero de 2015, 5:49 p. m. with the headline "Maduro involucra a medios de comunicación en plan de golpe."