Fiscal general cuestiona al Supremo
La fiscal general de Venezuela cuestionó el jueves una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la reforma de la constitución, con lo que profundizó su distanciamiento del gobierno que ya la identifica como una disidente que podría poner en riesgo el futuro del proceso revolucionario.
Luisa Ortega Díaz volvió a enfrentarse al máximo tribunal al objetar la sentencia difundida la víspera, que determinó que no hace falta convocar a un referendo consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como sostienen el presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno.
“Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos”, dijo Ortega Díaz a la prensa luego de introducir en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una solicitud de aclaratoria del dictamen y que se determine si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación de la población.
Al defender su acción, la fiscal sostuvo que con el proceso constituyente se pretende “vulnerar” la progresividad de los derechos humanos al reducir a la “mínima expresión” la participación popular. “De la sentencia parece que se elimina la democracia partícipa y protagónica”, agregó.
Algunos medios locales difundieron hace unas semanas una misiva que envió Ortega Díaz al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente en la que planteó que ante la crisis que enfrenta el país no era conveniente promover un proceso de reforma de la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez. Poco después de la difusión de la misiva, los magistrados del Tribunal Supremo, Danilo Mojica y Marisela Godoy, que son vinculados a la oposición, se pronunciaron abiertamente contra el proceso constituyente.
En su progresivo distanciamiento del gobierno, la fiscal, quien en el pasado fue cercana al gobierno, cuestionó la semana pasada la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas y señaló a un guardia nacional de herir mortalmente a un universitario con una bomba lacrimógena, pronunciamiento que desmintió la posición del gobierno, que sostenía que el joven manifestante fue asesinado con una pistola de perno por un opositor.
A raíz de esa declaración el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y el vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, señalaron a la alta funcionaria de promover la impunidad y de estar de lado de los opositores, que desde hace dos meses promueven protestas en todo el país contra el gobierno para exigir elecciones generales, entre otros puntos.
“Una revolución se hace con revolucionarios y con revolucionarias, no se hace con traidores”, dijo la noche del miércoles Cabello en alusión a Ortega Díaz. El dirigente dijo tenía informaciones que desde la Fiscalía General se está preparando el “enjuiciamiento” de Maduro, los magistrados del Tribunal Supremo y otros altos funcionarios.
A finales de marzo Ortega Díaz consideró violatorias de la constitución dos sentencias que había emitido el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y denunció una “ruptura” del orden constitucional. A raíz de esa declaración la fiscal inició un progresivo distanciamiento del gobierno.
El proceso para la redacción de una nueva constitución que activó Maduro a principios de mayo ha sido duramente cuestionado por la oposición, que acusa al mandatario de dar un “golpe de Estado” y de imponer un “fraude constitucional”.
El Consejo Nacional Electoral abrió la víspera, y por espacio de tres días, el proceso de inscripción de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente que se elegirá en julio.
La Fiscal Ortega recordó al fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, cuando dijo: “convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta, ¿acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? ¿no hablamos de democracia, pues?”.
Ortega defendió como “el único soberano en la tierra es el pueblo, no hay otro, en consecuencia es el pueblo el que debe participar y no ser reducido a una mínima participación”, recalcó.
Además ha pedido una “aclaratoria” al máximo tribunal sobre si “perdió vigencia la democracia participativa y protagónica, y si se revivió o está renovada la vigencia de la extinta democracia representativa”.
A su juicio en la letra de la sentencia del TSJ sobre la constituyente “parece que se elimina la democracia participativa y protagónica”, y dijo que además está “solicitando que se aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
La fiscal sostiene que “la única forma” de convocar a una Asamblea Constituyente es “si la convoca el pueblo”, y que la decisión emanada de un poder que actúa en representación del pueblo, no está por encima del pueblo mismo.
Ha pedido a la Sala Constitucional que diferencie entre “la convocatoria” e “iniciativa de convocatoria” entre los que distingue el texto constitucional para referirse al poder que tienen los ciudadanos y el que tiene, por ejemplo, el jefe de Estado para convocar la constituyente.
Porque, tal como está planteado, “el pueblo tiene menores posibilidades que los poderes constituidos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente”.
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de junio de 2017, 5:50 p. m. with the headline "Fiscal general cuestiona al Supremo."