La incansable lucha de Alfredo Romero por los presos políticos venezolanos

Durante más de una década, Alfredo Romero ha monitoreado la situación de personas a quienes las autoridades venezolanas quisieran enterrar: prisioneros políticos que languidecen en la cárcel.

Esta semana la cifra asciende a 342.

“Desde el 2014 hasta ahora, ha habido 11,903 detenidos por motivos políticos”, dijo Romero esta semana cuando viajó a Estados Unidos para recibir el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 2017 este jueves.

“Uno va a cualquier mitin político y le pregunta a alguien si conoce a alguien que ha sido arrestado por protestar, y te dicen que sí”.

En medio del espectacular colapso económico y la agitación política en el país, las detenciones se han convertido en una herramienta clave del gobierno del presidente Nicolás Maduro para echar a un lado y amedrentar a sus adversarios. Los arrestos políticos se han convertido en uno de los factores que han obligado a miles de venezolanos a salir de su país en años recientes, un éxodo que está transformando el hemisferio y el sur de la Florida.

Exiliados en el sur de la Florida

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, calcula que en la Florida viven entre 45,000 y 50,000 venezolanos que han recibido o están solicitando algún tipo de protección por razones políticas.

Romero y el grupo que él fundó, Foro Penal Venezolano, comenzaron a seguir la pista a las detenciones arbitrarias y por motivos políticos en el 2005. En un país donde la información oficial es escasa, la organización depende de más de 4,000 voluntarios para identificar y ubicar a los prisioneros.

Ese trabajo ha sido particularmente crucial durante los períodos de protestas callejeras, más recientemente en abril, cuando las autoridades del gobierno de Maduro encarcelaron a cientos de manifestantes sin audiencias judiciales y sin notificar a los familiares. En cierto momento hubo más de 700 detenidos por participar en manifestaciones callejeras pacíficas.

Aunque la cantidad de detenidos ha bajado de esa cifra, Romero dijo que eso no es necesariamente una señal de avance.

El gobierno parece estar encarcelando más gente, pero por períodos más cortos, lo que hace aumentar el “impacto de la intimidación”, dijo.

“Mientras detienen a unos liberan a otros”, dijo Romero. “El gobierno está tratando de no tener presas a muchas personas a la vez, para evitar el costo político”.

El gobierno insiste en que no castiga la disidencia política. En su lugar, dice que los presos más conocidos, como el candidato presidencial Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quienes han sido encarcelados o colocados bajo arresto domiciliario, están detenidos por razones válidas.

“Ninguno está preso porque sean líderes políticos o porque han promovido sus ideas, sino porque infringieron la ley”, dijo Maduro esta semana en una entrevista con medios estatales.

Lo que falta en el panorama de cómo el gobierno maneja la disensión, reconoce Romero, es saber la cantidad de venezolanos que han huido del país debido a la persecución política.

La cifra de venezolanos que solicitó asilo en el 2016 se triplicó en comparación con el año anterior, a 34,200, según cifras de la ONU. Y la mayoría de los solicitantes —18,300— buscaron asilo en Estados Unidos.

En este momento, los venezolanos son los primeros o están entre los primeros, en términos de números de personas que buscan asilo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y España, dijo Romero.

“Y eso sin contar los más de tres millones de personas que han huido por razones económicas”, agregó.

La ceremonia de jueves en Washington D.C., en que se reconocerá el trabajo de Romero, se celebra en momentos en que la nación sudamericana está atrapada en una profunda crisis económica y política que no muestra señales de ceder. El país está al borde de caer en mora en el pago de $180,000 millones en deuda extranjera y una baja en sus ingresos por concepto de la exportación de petróleo.

Y aunque el presidente Maduro trata de renegociar la deuda, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos casi lo imposibilitan. La falta de efectivo resultante probablemente le dificulte aún más la vida al venezolano de a pie en momentos que el país batalla por importar suficientes alimentos y medicinas.

José Colina, presidente de Veppex, dijo que su grupo quiere que Washington apriete aún más la tuerca, e impongan medidas como reducir las importaciones de crudo venezolano.

Pero el gobierno de Trump también necesita combinar las sanciones a Venezuela con una política de puertas abiertas que permita a los venezolanos pasar la tormenta en Estados Unidos, dijo.

“El gobierno de Trump ha implementado un gran número de sanciones, que hemos estado exigiendo durante los últimos seis años”, dijo Colina. “Ellos reconocen que Venezuela es una dictadura y han impuesto sanciones a más de 50 personas, pero no hay una política inmigratoria que refleje eso”.

La comunidad de venezolanos exiliados ha estado presionando a favor de medidas de protección, como un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. Pero en momentos que el gobierno retira esa protección a los nicaragüenses y hondureños, reconocen que es poco probable.

Romero dijo que Estados Unidos y los países vecinos que denuncian la situación en Venezuela tienen que recibir a más exiliados.

“Si existe la absoluta claridad y entendimiento de que hay abusos a los derechos humanos [en Venezuela] entonces debería haber un entendimiento claro de que la gente necesita protección”, afirmó. “Aunque sea temporal”.

Los voluntarios de Foro Penal han pagado el precio por su trabajo, dijo Romero. Algunos han sido encarcelados, muchos otros han sido intimidados.

En el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno venezolano que ofreciera protección a Romero y a otro miembro de Foro Penal, afirmando que sus “vidas y seguridad peligran”.

Romero dijo que espera que ganar el prestigioso premio de derechos humanos ayude a mantener la presión internacional sobre Venezuela y aliente a más voluntarios —incluso a los que están en otros países— a trabajar con su organización.

“Uno de nuestros logros ha sido nuestra habilidad de registrar a todos los que han sido detenidos, tener esa base de datos, y eso es gracias a nuestros 4,000 voluntarios que se dedican a identificar a esas personas”, dijo. “Y eso ha tenido un costo político para el gobierno”.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de noviembre de 2017, 7:33 p. m. with the headline "La incansable lucha de Alfredo Romero por los presos políticos venezolanos."