Denuncian salvajismo y represión por parte del gobierno venezolano

Moisés Guánchez ni siquiera estaba protestando. Se encontraba limpiando mesas a inicios de marzo cuando los dueños del restaurante en que trabajaba decidieron cerrar porque se escuchaban tiros en la marcha realizada en la autopista de enfrente, en la localidad de El Carrizal, a las afueras de Caracas.

Pero cuando se dirigía a su casa, el joven de 19 años se encontró subitamente acorralado junto a otras 40 personas por agentes de la Guardia Nacional que procedieron a disparar gas lacrimógeno y balas de goma contra ellos.

Asustado, Guánchez trató de escabullirse, pero uno de los agentes le cerró el paso. Sin cruzar palabra, le apuntó a la cabeza y disparó desde muy corta distancia. Los perdigones de goma impactaron el brazo que el joven había levantado para protegerse la cara. Cayó al suelo aturdido y con dolor, pero los agentes llegaron hasta él, lo levantaron y comenzaron a golpearlo sin piedad pese a que el joven no se resistió. Esto duró un rato hasta que un agente se le acerca y le dispara a quemarropa debajo del cinturón.

Guánchez requirió tres transfusiones de sangre para estabilizarlo antes de ser sometido a tres operaciones, una en el brazo, otra en una pierna y otra en uno de sus testículos.

El de Guánchez es solo uno de los múltiples casos recogidos en el informe de Human Rights Watch (HRW) sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde las autoridades han emprendido una feroz persecución de quienes protestan contra el régimen de Nicolás Maduro, represión que ha dejado un saldo de más de 41 muertos, 750 heridos y decenas de torturados.

“Lo que encontramos durante nuestra investigación dentro del país y subsiguientes pesquisas fue un patrón de serios abusos”, concluyó HRW en su informe, Castigados por Protestar.

“En 45 casos, encontramos fuerte evidencia de serias violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad de Venezuela, que incluyen violaciones al derecho a la vida, a la prohibición a al tortura y al trato cruel, inhumano y degradante, al derecho a la integridad física, a la seguridad, a la libertad y a los derechos al debido proceso”, declaró la ONG.

En la mayoría de los casos documentados en el informe, agentes del orden público utilizaron ilegalmente la fuerza, abriendo fuego y golpeando a individuos desarmados.

Casi todas las víctimas también fueron arrestadas y sometidas a abuso físico y psicológico durante el cautiverio.

En al menos 10 casos, los abusos claramente constituían tortura, dijo el informe.

Los investigadores de HRW también confirmaron informes de que las fuerzas de seguridad de Venezuela permiten que bandas armadas afiliadas al chavismo asalten a civiles desarmados, en algunos casos colaborando abiertamente con ellos.

Aun cuando los investigadores detectaron que algunos de los manifestantes efectivamente habían lanzado piedras y bombas molotov contra los agentes del orden, la ONG resaltó que en los 45 casos detectados la evidencia muestra que las víctimas del abuso oficial no estaban involucradas en actos de violencia, e incluso muchos de ellos, como el caso de Guánchez, ni siquiera estaban participando en las protestas.

“La naturaleza y el momento en que se produjeron estos abusos –además del frecuente uso de epítetos políticos por parte de los agresores- sugieren que el principal objetivo no era el hacer respetar a las leyes o dispersar a las protestas, sino castigar a personas por sus posiciones políticas o sus percibidas posiciones”, declaró el informe.

En algunos casos, “el objetivo de estos abusos parece haber sido evitar que individuos documentaran las tácticas que estaban siendo utilizadas por las fuerzas de seguridad para castigar a quienes intentaban hacerlo”, dijo el documento.

Los investigadores encontraron al menos 13 casos donde individuos fueron perseguidos por tomar fotografías o filmar a los agentes del chavismo, cuando estos reprimían a los manifestantes.

Cerca de la mitad de ellos eran periodistas, que han descubierto que ellos corren mayores riesgos en las calles que los propios manifestantes.

Ese fue el caso de Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años que se encontraba el 20 de marzo cubriendo una manifestación en Barquisimeto, utilizando un chaleco con la palabra “Prensa” escrita con grandes letras.

La periodista en un momento trató de apartarse de la manifestación, afectada por los gases lacrimógenos disparados, y terminó viéndose arrinconada junto a un fotógrafo por varios agentes.

Cuando Méndez y el fotógrafo subieron las manos y gritaron que eran periodistas, uno de los agentes respondió: “Me estabas tomando fotos. Ustedes son los que envían fotos diciendo ‘SOS Venezuela’. Ustedes causan problemas a la Guardia Nacional”. Luego, y a una distancia de pocos metros, les disparó con balas de goma, alcanzándole a Méndez en la pierna y cadera izquierda.

El informe también recoge casos de detenciones arbitrarias, como el de José Romero, quien fue detenido por la Guardia Nacional cuando salía de una estación del metro en Caracas.

“Un agente le pidió su identificación y cuando Romero se la presentó, le dio una cachetada. Romero fue detenido sin que se le diera explicaciones y trasladado a un edificio donde fue mantenido incomunicado, amenazado de muerte, golpeado y quemado”, relató el informe.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de mayo de 2014, 5:12 a. m. with the headline "Denuncian salvajismo y represión por parte del gobierno venezolano."