Ex congresista de Miami que cobró millones para ayudar a PDVSA también colaboró con Gorrín
Semanas después de firmar un contrato de $50 millones para representar a PDVSA, el ex congresista David Rivera acompañó al empresario chavista Raúl Gorrín en sus gestiones por convencer al gobierno de Estados Unidos a que abandonara su política de línea dura a cambio de una salida negociada del dictador venezolano Nicolás Maduro, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
Rivera, entretanto, podría enfrentar problemas ante la justicia de Estados Unidos por su relación contractual con PDV USA, filial estadounidense de PDVSA, dado a que no parece haber registrado la operación ante las autoridades en cumplimiento con la ley de Registro de Agentes Extranjeros, o FARA.
Los esfuerzos ante la administración de Donald Trump no condujeron a nada y Gorrín hoy está acusado por la justicia estadounidense de participar en un entramado de corrupción que le habría costado al pueblo venezolano más de $1,000 millones.
Pero durante varios meses del 2017, el polémico dueño de Globovisión se promocionaba como el puente idóneo entre el régimen y la oposición que poseía las llaves para solucionar la crisis venezolana en varios encuentros con figuras de influencia en la política de Estados Unidos. En algunos de esos encuentros estuvo acompañado por Rivera, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
“Fue Rivera el que organizó algunas de esas reuniones, donde estaba Gorrín precisamente para hablar de que es lo que se podía hacer en Washington”, dijo una de las fuentes consultadas.
“Ellos andaban juntos y el propósito era abrirle puertas a Gorrín para lo que en aquel momento él decía que era un esfuerzo de buscar la paz en Venezuela. Pero la paz estaba basado en que se quedara Maduro en el poder y que se quedaran todos los miembros de su gobierno, con todo lo que se había robado a cambio de una elección en el futuro”, agregó.
El ex congresista del sur de Florida no respondió a las preguntas enviadas por mensajes de texto del Miami Herald.
Rivera, cuya carrera política se vio estancada por presuntas violaciones de ética, llamó nuevamente la atención de los medios de comunicación tras conocerse que estaba siendo demandado por incumplir con un contrato de cabildeo con PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela.
La demanda alega que Rivera cobró un depósito de $15 millones y luego no hizo casi nada para cumplir con sus obligaciones de mejorar la imagen de PDVSA ante la administración de Donald Trump que para ese momento comenzaba una ronda de sanciones cada vez más dura contra el régimen.
Rivera “no brindó ningún servicio significativo”, señala la demanda presentada por PDV USA, actualmente bajo control del presidente interino Juan Guaidó, considerado como el legítimo jefe de Estado de Venezuela por Estados Unidos y otros 60 países.
Bajo el contrato firmado, Rivera tenía que producir al menos siete informes, uno cada dos semanas, brindando detalles de toda su labor y recomendaciones para mejorar la imagen y reputación de PDVSA en Estados Unidos, resalta la demanda que exige el reembolso de los $15 millones que recibió entre marzo y abril del 2017, más pagos de compensación por los daños causados.
Rivera suministró solo dos informes, sumando no más de cinco páginas, mucho del cual estaba duplicado. Estos informes se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones”, y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, ni identificaba a las personas con quien se reunió, los temas discutidos, o las recomendaciones que realizó.
Además de enfrentar una demanda, Rivera podría enfrentar nuevos problemas legales con la justicia federal debido a que no reportó sus actividades en complimiento de la ley de FARA, dijeron expertos legales.
Aún cuando PDV USA es una empresa registrada en Estados Unidos, cinco abogados consultados por el Miami Herald resaltaron que el hecho de que pertenece en un 100 por ciento a PDVSA la convierte en un alter-ego de la empresa estatal venezolana, lo que obligaba a Rivera a reportar que trabajaba para un agente extranjero.
“Absolutamente que sí. Debió de hacerlo”, dijo el abogado de Miami William Norris, un ex fiscal federal que defendió a unos de los integrantes de la red de espías cubanos conocidos con el caso de la Red Avispa, quienes fueron declarados culpables por violar la misma ley.
“Cualquier fiscal digno del cargo revisaría esto detenidamente”, dijo el abogado al resaltar que el increíble monto del contrato sugiere que sus clientes esperaban que Rivera, a través de sus contactos, pudiera lograr un milagro en Washington.
Fracasar de registrarse como un agente extranjero ante el Departamento de Justicia puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión.
Hasta el momento no han aparecido indicios que vinculen directamente la firma del contrato con PDV USA con las gestiones que Rivera realizó al lado de Gorrín, pero la sincronización de los eventos sugiere un nexo.
El contrato fue firmado en marzo del 2017, mientras que las reuniones en las que Rivera acompañaba a Gorrín comenzaron a producirse pocas semanas después, según el testimonio de las fuentes.
Los esfuerzos de cabildeo de Gorrín — que entre otras cosas llegaron a propiciar un encuentro con el vicepresidente Mike Pence — vendían la idea que Maduro y otros líderes clave de su régimen podrían estar dispuestos a negociar una transición política en Venezuela a cambio de conseguir amnistía.
Y en lo que pudo haber ayudado a disipar parte del estigma derivado de sus presuntos vínculos con el régimen venezolano, Gorrín demostró que también tiene vínculos con importantes figuras de la oposición, entre ellas Lilian Tintori, la esposa del líder encarcelado Leopoldo López, y el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges.
“[Gorrín] ha insistido en que la solución al problema de Venezuela es una solución negociada”, dijo una fuente de Washington que está familiarizada con algunas de las conversaciones relacionadas con los esfuerzos del empresario. “Él dijo que Maduro estaría dispuesto a renunciar al poder, pero que solo estaría dispuesto a hacerlo de una manera que garantice que no perderá su prestigio”.
Bajo la propuesta que Gorrín compartió en al menos una reunión en Estados Unidos, Maduro celebraría elecciones presidenciales y admitiría la derrota ante la oposición, siempre que se obtuvieran suficientes garantías de que una vez fuera del poder, él y otros líderes clave del gobierno no sufrirían repercusiones legales, dijeron las fuentes.
“No queremos otro Nuremberg”, dijo Gorrín, citado por una de las fuentes, en una de las reuniones.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de mayo de 2020, 5:18 p. m. with the headline "Ex congresista de Miami que cobró millones para ayudar a PDVSA también colaboró con Gorrín."
