Presentan caso de policías venezolanos torturados por régimen de Maduro en CorteIDH
Un caso sobre violaciones a los derechos humanos del venezolano Alfredo José Chirinos Salamanca y de otros agentes de un cuerpo policial de Venezuela, algunos de ellos torturados durante su encarcelamiento, fue presentado en contra del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que sometió el caso en febrero ante la CorteIDH sobre la responsabilidad del régimen por las violaciones a los derechos humanos de 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, arrestados en junio de 2016 por el presunto homicidio del periodista oficialista Ricardo Durán.
La CIDH dijo que pasados 45 días de esa decisión, los fiscales solicitaron sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar, lo cual fue declarado procedente, y la jueza ordenó la libertad inmediata de las víctimas. A pesar de ello, permanecieron detenidas en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.
“Según denuncias públicas, cinco funcionarios fueron sometidos a torturas para obtener información o confesión sobre la participación en los hechos. En protesta, las víctimas realizaron una huelga de hambre, sin recibir una atención médica adecuada”, puntualizó.
Doce de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017. Sin embargo, Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron arrestados, y sufrieron distintas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a audiencias judiciales, no ejecución de boletas de excarcelación y traslado a otro centro penitenciario, donde permanecieron en condiciones inhumanas de aislamiento, de acuerdo con la CIDH.
En un informe la CIDH concluyó que el régimen violó el derecho a la libertad y a la integridad personal de las víctimas, al mantenerlas privadas de libertad arbitraria e ilegalmente durante un lapso de 17 meses a 2 años, durante “el cual sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pese a conocer las denuncias, el Estado no hizo nada por esclarecer los hechos ni proteger la libertad de estas personas”.
“Por lo anterior, la Comisión estableció que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en su artículo 1.1, y los artículos 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, dijo.
La CIDH recomendó al régimen venezolano reparar integralmente a las víctimas de manera material e inmaterial, disponer medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, de ser su voluntad y de forma concertada.
También iniciar y conducir la investigación penal de manera diligente, efectiva y en un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
Disponer mecanismos de no repetición y medidas para asegurar que las condiciones de detención en el Helicoide se ajusten a los estándares interamericanos.
“En particular: Emitir una directiva desde las más altas autoridades para que los funcionarios del SEBIN se abstengan de cualquier práctica que constituya tortura o un trato cruel, inhumano y degradante, incluidos los actos de violencia sexual y de género. Investigar y enjuiciar el uso de la tortura, incluso durante los interrogatorios”, detalló.
Asegurar que las condiciones de detención del SEBIN se adecuen a los estándares internacionales relativos a las personas detenidas.
Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de cualquier índole, incluso de carácter coercitivo, para asegurar que funcionarios del SEBIN den efectivo cumplimiento de las boletas de excarcelación emitidas por decisión judicial.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2022, 4:54 p. m..
