CIDH condena la muerte de cuatro indígenas Yanomami en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de cuatro indígenas Yanomami por parte de agentes militares en Venezuela, e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
El hecho cuando surgió un altercado entre indígenas del pueblo Yanomami y militares de la Fuerza Aére , luego de que éstos se negaran a devolver un router de internet que pertenecía a la comunidad. El hecho ocurrido en el sector Parima B del Alto Orinoco, estado Amazonas, en la frontera con Colombia y Brasil, el pasado 20 de marzo de 2022.
La CIDH dijo que la región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016.
En su informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH resaltó “graves casos de violencia” contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales. En el caso del pueblo Yanomami, se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que “pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”.
La Comisión recordó que, en 1993, 16 indígenas Yanomami de la región de Haximú fueron asesinados presuntamente por personas dedicadas a la minería ilegal conocidas como garimpeiros. A raíz de una petición, el Estado firmó el un acuerdo de solución amistosa, homologado por la CIDH mediante el informe acuerdo número 32 de 2012, comprometiéndose a adoptar medidas de vigilancia, salud y protección.
La CIDH reitera que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar “automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. La investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.
Instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad recomendó la coordinación y cooperación con las autoridades de justicia Yanomami.
Recordó al régimen venezolano respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, mediante medidas de protección frente a las acciones de terceros. Del mismo modo, señala que conforme a los compromisos, basados en estándares interamericanos e internacionales, la presencia de fuerzas militares en territorios indígenas debe estar previamente acordada con los pueblos indígenas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, anunció el pasado 23 de marzo que designó dos fiscales para investigar el caso.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de abril de 2022, 3:00 p. m..
