Ex residente de Miami quería salvar animales en Venezuela. Ahora él necesita que lo rescaten
En la noche en que le arruinaron la vida, el activista por los derechos de los animales y ex residente del sur de Florida, Jonatan Palacios, de 39 años, recibió una llamada que nadie quiere recibir: la camioneta en que viajaba su familia a través de una carretera montañosa en el oeste de Venezuela había caído por un precipicio.
El vehículo, que servía como ambulancia de rescate de animales para la organización no gubernamental que él fundó, había caído más de 200 metros, dando varias volteretas al caer por el barranco, arrojando violentamente a la mayoría de sus seis ocupantes antes de finalmente quedar boca abajo.
Testigos del accidente del 14 de enero de 2021 le dijeron al Miami Herald que el conductor había salido de una curva para encontrarse de frente con dos camiones cisterna que viajaban rápidamente cuesta abajo hacia él, ocupando los ambos carriles de la estrecha carretera. Temiendo que la camioneta iba a quedar aplastada bajo una de las gandolas, el conductor Jesús Caicedo, de 34 años, trató de maniobrar para quitarse del camino, pero terminó cayendo por el abismo.
Tres personas murieron, incluyendo a la hija adoptiva de cuatro años del activista, Giselle. Su madre y la pareja sentimental de Palacios, Anyelly Parada, de 23 años, sobrevivieron pero sufrieron heridas graves, al igual que los otros dos sobrevivientes: Yirenny Villalba, de 22 años, y Abigail Guerrero, de 29.
El activista, que llegó al sitio horas más tarde esa noche, en realidad fue el primero en alcanzar el cuerpo de Giselle después de bajar la montaña y buscar en el área en la oscuridad. La policía y los equipos de rescate se habían negado a hacerlo a pesar de que los sobrevivientes gritaban pidiendo ayuda desde abajo.
Lleno de profunda rabia y dolor, Palacios exigió una investigación en los días siguientes, hablando primero con las autoridades y luego denunciando el caso repetidamente a través de las redes sociales, enfatizando que los camiones cisterna no solo causaron el accidente, sino que ni siquiera debían estar allí, dado que existía una estricta prohibición para que los vehículos de carga transitaran por esa vía de noche.
Pero en lugar de justicia, las denuncias públicas de Palacio lo llevaron a la cárcel. ¿La razón? Los camiones, que pertenecían a la petrolera estatal PDVSA, transportaban combustible para una red de contrabando encabezada por un alto funcionario del régimen. La gota que derramó el vaso se produjo poco después, cuando Palacios tuiteó una foto del fiscal general del país posando junto a un mono para llamar la atención por la falta de inacción oficial en el caso.
El activista, un excontratista del sur de Florida que se graduó de North Miami Beach High School, lleva ya más de dos años en prisión y actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Occidente CPO2 Santa Ana, en el estado Táchira, en lo que él llama condiciones infernales.
Sin embargo, Palacios es inocente, dice la abogada Raquel Sánchez, quien forma parte de la organización venezolana de derechos humanos sin fines de lucro Foro Penal, que muchas veces intenta brindar defensa legal a los presos políticos en el país sudamericano.
“No existe sustento legal real para su arresto”, dijo Sánchez. Su encarcelamiento “es el resultado de un acto de represalia luego de que denunciara la falta de investigación de una tragedia donde murió su hijastra de cuatro años, junto con dos trabajadores de su organización”.
Otras personas familiarizadas con el caso le dijeron al Miami Herald que el activista fue encarcelado por revelar públicamente a los funcionarios del régimen detrás de la operación de contrabando de combustible.
Palacios, nacido en Colombia, se encuentra entre los cientos de víctimas del uso del sistema judicial por parte de los funcionarios venezolanos para castigar o sacar del medio a los disidentes o simplemente a aquellos que se atreven a interponerse en su camino. Ejerciendo un control casi absoluto sobre los jueces de la nación, los funcionarios del régimen son a menudo los que deciden los dictámenes de las cortes.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo un informe de las Naciones Unidas divulgado en el 2021.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, agregó el informe.
La comisión de la ONU que elaboró el informe concluyó que el uso de los tribunales venezolanos para encarcelar y torturar a disidentes es sistémico, pero Palacios no es político. Su organización, Funda Bolívar, se dedicó únicamente al rescate de animales callejeros en el estado fronterizo de Táchira, a menudo brindándoles un hogar y atención médica.
“El trabajo que estaban haciendo es hermoso”, dijo Nelson Salas, un residente de Orlando que regularmente donaba dinero a la organización. “Jonatan y su equipo demostraron un profundo amor por Venezuela y por todo tipo de animales”.
Según Salas, Funda Bolívar rescataba y brindaba atención veterinaria a los animales que habían sido atropellados o abusados —en algunos casos, algunos fueron macheteados por personas que intentaban matarlos— y les brindaba un lugar seguro para vivir mientras les buscaban un nuevo hogar. También realizaban campañas de vacunación y de adopción y trataron de educar a las personas sobre la importancia de respetar y cuidar a los animales.
Manteniéndose únicamente a través de donaciones, la organización creció hasta convertirse en la más grande de su tipo en Venezuela y, para 2021, empleaba a 35 personas que cuidaban a los cientos de animales llevados a su sede en San Antonio, Táchira.
En ocasiones, los esfuerzos por salvar animales incluían un elemento de peligro, dijo Salas. “Si encontraban un lugar donde se realizaban peleas de perros o peleas de gallos, Jonatan iba allí y trataría de detenerlos, asegurándose de que todos los presentes supieran que estaban participando en una actividad ilegal. Lo hizo con gran riesgo porque estos son eventos de apuestas y los organizadores normalmente no son angelitos”.
En una carretera oscura y serpenteante
Palacios estaba en proceso de presentar una denuncia de ese tipo el 14 de enero del 2021 cuando decidió que era mejor que su familia y compañeros de trabajo regresaran a casa, porque ya era tarde, mientras él esperaba que regresara el interrumpido servicio eléctrico para reunirse con las autoridades.
Cerca de una hora después recibió la llamada. “Estaba en completo shock, no podía creer lo que estaba escuchando”, le dijo al Miami Herald. Desesperado, agarró la radio para comunicarse con miembros de su red de rescate de animales y pedir ayuda antes de dirigirse hacia la zona en una motocicleta, solo deteniéndose para recoger a uno de sus trabajadores en el camino.
Al llegar al lugar se encontró con que ya estaban allí policías de tránsito y agentes de la Guardia Nacional, pero nadie hacía nada por las víctimas. En ese momento, Palacios escuchó “un grito horrible” de Parada, quien desde la oscuridad clamaba por su hija.
“Yo empecé a gritar; me iba a lanzar pero la guardia ya no me dejó lanzarme por donde había caído el vehículo,” Palacios relató a el Miami Herald. “Yo sentí muchísimo desespero y le gritaba a la guardia, pero ¿por qué no hacemos algo? Agarrémosno de la manos todos y vamos a bajar por aquí. Pero no tenían la voluntad. No se que pasaba”.
Yirenny Villalba, una veterinaria que tras sobrevivir y recuperarse de las heridas sufridas en el accidente se vio obligada a abandonar Venezuela, dijo que todos menos uno de los seis ocupantes salieron disparados del vehículo y quedaron tendidos, gravemente heridos, en diferentes puntos del barranco acantilado. No podían verse entre ellos en la oscuridad de la noche.
Aparentemente, Giselle murió casi de inmediato, pero Caicedo, el conductor y director de Fauna Silvestre de la organización, sobrevivió inicialmente y los demás le escucharon con vida, agonizando mientras esperaba ser rescatado. Murió antes de que pudieran llegar a él. Las sobrevivientes también escucharon con vida a Guillermo Ayala, un jardinero de 62 años que acababa de ser contratado. Él gritó pidiendo auxilio varias veces, pero también murió antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Las tres sobrevivientes sufrieron múltiples fracturas que eventualmente requirieron cirugía.
“Pasamos más de seis horas tirados allí esperando ayuda. El accidente fue como a las 10:30 p.m. y la primera sobreviviente la sacaron como a las 4 a.m.”, dijo Villalba.
Palacios dijo que él fue quien realmente encontró a Giselle. Frustrado por la falta de acción de la Guardia Nacional, se dirigió a otra zona en la ladera de la montaña donde la gente le dijo que podía llegar hasta la ambulancia. Él, con la ayuda de otros, buscó en la oscuridad entre los arbustos espinosos y las piedras cortantes y encontró a la niña después.
“Giselle estaba tirada boca abajo, sangrando por la boca. Yo la levanté y ella suspiró y yo juraba que estaba viva. La levanté y cuando la abracé pensando que estaba viva, sentí su cuerpo totalmente destruido, y la volví a alejar para mirar sus ojos y me di cuenta que sus ojos ya estaban cristalizados”, dijo.
Amenazas y camiones inexistentes
La rabia se apoderó de Palacios en los días siguientes; no solo por la falta de acción de las autoridades, sino por el hecho de que desde el inicio habían salido a encubrir que los camiones de PDVSA habían causado el accidente. Esa noche vio como un capitán de la Guardia Nacional acorralaba al testigo principal y le decía que nunca mencionara que los camiones estaban allí si quería evitarse problemas. Los funcionarios continuaron presionando al testigo posteriormente, hasta que éste decidió abandonar el país.
Lo mismo sucedió en la clínica donde estaban siendo atendidas las sobrevivientes. Los investigadores policiales les dijeron a las mujeres que habían estado borrachas o drogadas porque los camiones cisterna no existían.
Asqueado, Palacios decidió sacar todo al público, lo que terminó sellando su destino, dijo Salas. “En Venezuela hay que andar con cuidado y primero saber con quién se está tratando”, dijo. “Jonatan estaba cegado por la situación y salió a denunciar no solo a los responsables, sino a los que realmente están detrás de la operación de contrabando de combustible”.
Palacios culpó públicamente al actual gobernador del Táchira, Freddy Bernal, un ex policía venezolano que fue sancionado por Washington por proporcionar armas a la guerrilla colombiana y que tiene fuertes vínculos con los paramilitares armados aliados del régimen conocido en Venezuela como Colectivos.
Los funcionarios gubernamentales que controlan la frontera han estado involucrados durante años en el contrabando de combustible, aprovechando los bajos precios del producto subsidiado en Venezuela para venderlo con enormes ganancias en Colombia. Informes de prensa publicados en el 2021, revelaron la participación de Bernal y sus Colectivos en el estado Táchira en un tinglado criminal que les reporta millones de dólares todos los meses.
En una carta enviada recientemente al presidente colombiano Gustavo Petro pidiendo ayuda, Palacios dijo que fue invitado en febrero de 2021 por la policía de investigaciones de Venezuela, CICPC, a sus oficinas para discutir los hechos que llevaron a la muerte de su hija. Una vez que entró en una habitación dentro de sus oficinas, dijo, lo golpearon sin decirle por qué y lo empujaron a una celda de la cárcel.
“Desde ese día en adelante, todos mis derechos han sido violados”, dijo Palacios en la carta a Petro. “Fui torturado y mi integridad personal ha sido violada ya que los funcionarios del CICPC no solo me golpearon y utilizaron a los demás presos para causarme daños físicos y psicológicos, sino que mi honor fue destruido públicamente luego de que el Fiscal General Tarek Saab publicara en sus redes sociales que yo era un delincuente colombiano”.
Saab dijo en Twitter que Palacios era un estafador internacional y los fiscales lo acusaron de 17 delitos diferentes. Por falta de pruebas, todos menos uno de ellos fueron desechados. El único que quedó fue el de incitación al odio cuando tuiteó una foto de Saab junto al mono. Más recientemente, fue acusado de contrabando luego de usar un teléfono celular dentro de la prisión para publicar un video de un recluso ciego comentando sobre su vida tras las rejas.
Los teléfonos celulares, sin embargo, están fácilmente disponibles en las prisiones venezolanas para cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos.
Además de Palacios, los funcionarios arrestaron a otros miembros de Funda Bolívar, incluyendo al presidente de la organización, Yilmar Campo, y a Parada, tratando de intimidarles para que testificaran falsamente contra el activista. Estuvieron encarcelados durante meses.
Zair Mundaray, un exfiscal venezolano que ahora está exiliado en Colombia, dijo que investigó el caso de Palacios y cree que aunque el activista se convirtió en un objetivo después de exponer la operación de contrabando de combustible, fue la foto que publicó sobre Saab lo que provocó los cargos en su contra.
Es lo único que tiene el expediente, pero el caso presentado contra Palacios es absurdo, dijo Mundaray.
“Es un hecho insólito que él aparezca como víctima y delega su representación a un fiscal, siendo que él dirige todo el aparataje del ministerio público, mostrándose al mismo tiempo como víctima y fiscal de la causa. Esto es una situación que lo deja a [Palacios] sin ninguna posibilidad de defensa, ni de maniobra,” dijo Mundaray.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de marzo de 2023, 11:54 a. m..
