Hombre de Florida es el más nuevo rehén de Maduro, recibe designación de detenido injusto
Elaine Cristella estaba celebrando su último día de trabajo en septiembre antes pasar a retiro de la compañía Micron Technology en Boise, con sede en Idaho, recibiendo una placa de reconocimiento y tarjetas expresando los buenos deseos de sus compañeros, cuando de repente recibió un mensaje de texto con una foto mostrando a su hijo bajo arresto.
Lo último que supo fue que Joseph Ryan Cristella, de 39 años, estaba en Colombia buscando reunirse con su prometida venezolana. Y lo que le estaban diciendo es que había pasado a ser un prisionero de la unidad de contrainteligencia militar de Venezuela.
“Se suponía que sería un día relajante”, dijo Cristella, recordando en una entrevista telefónica el momento en que escuchó la noticia. “De hecho, me fui temprano, estaba fuera de mí, estaba llorando”.
Diez meses después, Cristella sigue detenido en la infame sede de Boleita, sector de Caracas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un lugar citado por organizaciones de derechos humanos por el frecuente uso de tortura por parte de los funcionarios allí, a menudo dentro de un área coloquialmente conocida por los reclusos como la “Casa de los Sueños”.
Es uno de una serie de estadounidenses que después de involucrarse románticamente con alguna mujer venezolana termina viajando a la región fronteriza entre Colombia y Venezuela para luego ser detenidos por las autoridades venezolanas.
Es un patrón que alarma cada vez más a los funcionarios del Departamento de Estado, quienes creen que el régimen de Nicolás Maduro está deteniendo indiscriminadamente a ciudadanos estadounidenses para convertirlos en fichas que luego pueden negociar con Washington a cambio de concesiones políticas.
El miércoles, el Departamento de Estado le confirmó a McClatchy que Cristella había recibido la designación de víctima de una detención injusta, lo cual libera recursos a través de la Ley Levinson, para que el enviado especial del presidente para asuntos de rehenes pueda involucrarse en el caso, un avance positivo para su familia después de meses de inacción por parte de Washington.
“El Departamento no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, dijo un funcionario del Departamento de Estado.
DETENIDO EN LA FRONTERA DE COLOMBIA
Cristella vivía en Orlando, en la Florida, cuando conoció a su prometida, Agnes, durante un viaje de trabajo a la República Dominicana en el año 2020. Le propuso matrimonio en cuestión de meses, dijo su madre.
“Estuvo allí, creo, durante una semana, tal vez un poco menos, y regresó varias veces para visitarla”, dijo. “Estaba muy enamorado”.
Pero una disputa con su jefe afectó su capacidad de viajar a verla, lo que frustró su relación y provocó una confrontación con recursos humanos que resultó en su despido. Cuando viajó a Colombia para reunirse con Agnes en septiembre de 2022, “no estaba en un buen estado de ánimo”. Se encontraba sin trabajo, sin automóvil y sin una dirección permanente, dijo Elaine Cristella.
No está del todo claro si Cristella fue detenido en el lado colombiano o venezolano de la frontera notoriamente porosa. Agnes y su familia disuadieron repetidamente a Cristella de viajar a la región, dijo su madre.
Inicialmente estuvo recluido en una instalación venezolana cerca de la frontera, donde los ex reclusos le contaron a McClatchy sobre las terribles condiciones, antes de ser trasladado a la prisión principal de la DGCIM en la capital venezolana.
Cristella le dijo a su madre que al menos otros cuatro estadounidenses están detenidos en su bloque de celdas, incluidos Eyvin Hernández y Jerrel Kenemore, quienes conocieron a mujeres venezolanas a través de la internet que les motivaron a viajar a la región fronteriza.
Hernández y Kenemore también han sido declarados víctimas de detenciones injustificadas por el Departamento de Estado en virtud de la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes, una ley que proporciona un marco para que el secretario de Estado determine si un estadounidense está siendo detenido injustamente en el extranjero.
La decisión traslada sus casos desde la Oficina de Asuntos Consulares al escritorio del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, una oficina que cuenta con mejores recursos gracias a la Ley Levinson y que gracias a sus conexiones con varias agencias federales está mejor posicionada para manejar casos de rehenes, además de también estar facultada para negociar con gobiernos extranjeros hostiles.
Estados Unidos reconoce a la opositora Asamblea Nacional de Venezuela como la única autoridad legítima del país y acusa a Maduro de aferrarse al poder tras desmantelar la democracia venezolana. Si bien los funcionarios de la administración de Biden se han comunicado con Maduro, no existen vínculos diplomáticos formales entre los dos gobiernos.
Otros dos estadounidenses, Luke Denman y Airan Berry, también están bajo custodia venezolana. Los exboinas verdes están acusados de participar en la Operación Gedeón, un esfuerzo de 2020 para derrocar al gobierno de Maduro.
La administración Biden ha asegurado dos importantes intercambios de prisioneros con el régimen de Maduro en los últimos dos años, incluido el más grande de la presidencia de Joe Biden en octubre del año pasado que aseguró la libertad de siete estadounidenses que también estaban detenidos en Caracas.
Pero el enviado especial de Estados Unidos, Roger Carstens, continúa trabajando para liberar a los que aún quedan y visitó Venezuela el mes pasado para verificar las condiciones de los estadounidenses que aún están detenidos allí.
En una entrevista telefónica, el abogado de Cristella en Venezuela, Guillermo Heredia, dijo que su cliente no ha sido maltratado en Boleita desde que fue trasladado allí desde la ciudad fronteriza de San Cristóbal, donde las autoridades venezolanas afirman que fue detenido por presunto terrorismo.
Pero hasta el momento las autoridades venezolanas no han proporcionado pruebas para respaldar la acusación por terrorismo.
“No hay evidencia, absolutamente nada, presentada en su contra, aparte del hecho de que es un ciudadano estadounidense”, dijo Heredia.
Elaine Cristella habla con su hijo durante 15 minutos cada semana y también dice que lo tratan con humanidad. Pero “su estado mental no es bueno”, dijo.
“A veces llama y es perfectamente normal”, dijo Elaine Cristella. Otras veces, sin embargo, llama y dice cosas incoherentes y admite que escucha voces. “No sé si está siendo torturado, las llamadas están siendo grabadas”.
Ex reclusos en las instalaciones de la DGCIM le dijeron a McClatchy que recibieron inyecciones de sustancias desconocidas durante sus detenciones, y algunos describieron alucinaciones y paranoia después del procedimiento, dando crédito al apodo de su bloque carcelario más notorio, la “Casa de los Sueños”. No está claro si Cristella está alojada en este bloque o qué medicamentos está recibiendo de las autoridades venezolanas.
Al igual que con las familias de otros rehenes, Elaine Cristella, de 67 años, fue extorsionada al recibir la noticia de la detención de su hijo y le dijeron que pagara $3,000 para evitar el peor trato posible al que podría enfrentarse. Sus secuestradores luego aumentaron la suma a $4,000.
Agnes y su familia visitan a Cristella en prisión en Caracas, llevándole comida con un valor nutritivo que no está disponible en la cárcel. Su madre le paga a Agnes para que compre los artículos y, en el transcurso de casi un año, dijo que ha gastado $28,000 al hacerlo, casi agotando su cuenta de ahorros, obligándole a salir de la jubilación.
Durante ese mismo período, Elaine Cristella y su familia presionaron al Departamento de Estado para que avanzara con el caso de su hijo y finalmente asegurara su libertad. También crearon una página de Facebook dedicada a crear conciencia sobre su encarcelamiento con la esperanza de su regreso seguro a suelo estadounidense.
“Haré todo lo que tenga que hacer, pero estoy agotada, estoy agotada”, dijo Elaine Cristella. “Simplemente se está alargando y alargando y simplemente no tiene ningún sentido”.
Para las organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, la detención de Cristela es solo el último ejemplo de un patrón que se ha tornado ya común.
En los últimos años, “el Estado venezolano se ha dedicado a secuestrar a ciudadanos estadounidenses, con el único objetivo de utilizarlos para presionar a ese gobierno e intercambiarlos con venezolanos detenidos en Estados Unidos”, señala un informe emitido el año pasado por el Instituto Casla, una organización de derechos humanos.
“En el año 2022 se conocieron al menos tres nuevos rehenes bajo este patrón. Algunos han sido llevados con engaños desde diferentes ciudades colombianas hasta la frontera con Venezuela y son detenidos por organismos de seguridad para luego ser llevados a las celdas de la DGCIM, y acusados de concierto para delinquir, asociación delictuosa y en el caso de Matthew Heath, de traición a la patria sin ser venezolano”, agrega el informe.
‘FICHAS DE NEGOCIACIÓN’
El senador republicano Jim Risch de Idaho, miembro de alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, “está al tanto de este caso y el Departamento de Estado está al tanto de su interés”, dijo su oficina en un comunicado. “Se mantiene muy informado de cualquier desarrollo y cambio en la situación de Cristella”.
El senador dijo que él también ve un patrón en el régimen de Maduro de recolectar rehenes estadounidenses como piezas de intercambio.
“Con demasiada frecuencia, el Congreso se entera de los estadounidenses que son detenidos injustamente por gobiernos extranjeros”, dijo Risch a McClatchy. “En Venezuela, el régimen de Maduro utiliza a los estadounidenses como moneda de cambio. Esta práctica debe terminar y la administración de Biden debe usar las herramientas proporcionadas por el Congreso en la Ley Levinson para castigar a quienes detienen a estadounidenses por error, así como para disuadir futuras tomas de rehenes”.
El Departamento de Estado le dijo a McClatchy que ha advertido repetidamente a los estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, donde ha emitido su nivel más alto de alerta de viaje, un Nivel 4: No viajar.
Pero un funcionario reconoció que varios ciudadanos estadounidenses bajo custodia venezolana fueron detenidos en la región fronteriza, potencialmente secuestrados en la frontera con territorio colombiano, lo que complica su mensaje a los estadounidenses.
“El Departamento también advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a la región fronteriza entre Colombia y Venezuela debido a delitos, secuestros y riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia”, dijo el funcionario.
Michael Wilner, corresponsal senior de seguridad nacional y la Casa Blanca de McClatchy, informó desde Washington. Antonio María Delgado del Miami Herald y El Nuevo Herald informó desde Miami. El reportero de investigación de Idaho Statesman, Kevin Fixler, informó desde Boise.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de julio de 2023, 6:00 a. m..
