¿Estos cuatro países de Latinoamérica realmente protegen a venezolanos que huyen de su país?
Los programas que cuatro países de Latinoamérica ofrecen a los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país no cumplen con los estándares del derecho internacional y tampoco incorporan un enfoque de género claro, denunció Amnistía Internacional.
Esa organización indicó en el informe “Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas”, que el aumento del éxodo de venezolanos deja en evidencia “el incumplimiento de obligaciones” de Colombia, Perú, Ecuador y Chile bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen para resguardar su vida.
El reporte se divulgó un día después de que Estados Unidos anunció la extensión y redesignación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, debido a condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura.
La redesignación brinda protección temporal contra la deportación y concede autorización de empleo para los venezolanos que estaban en Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023.
Amnistía Internacional dijo que a pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y Chile cuentan con leyes que definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, ha comprobado que “rara vez las aplican”.
Estos cuatro países han suscrito los instrumentos de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984.
En base a estas normas legales, están obligados a proteger a los venezolanos que han huido de su país, enfatizó.
El informe revela que, además, los programas potencialmente considerados de “protección complementaria” y otras medidas de regularización migratoria no ofrecen niveles de protección equivalentes al asilo.
“Si bien han permitido otorgar a personas venezolanas un estatus migratorio regular y acceso a algunos derechos y servicios, dicha protección no es equiparable a la protección internacional a las que las personas venezolanas tienen derecho. Además, no incorporan un enfoque de género claro”, se indicó en el reporte.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que la falta de acceso a un estatus migratorio regular es especialmente preocupante para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, quienes quedan totalmente desprotegidas en sus países de acogida.
“Lejos de adoptar nuestras recomendaciones para reducir esta desprotección, nuestro nuevo informe evidencia que los programas vigentes, como los implementados en Perú y Chile, no solamente son revictimizantes, sino que en muy limitadas ocasiones han podido beneficiar a mujeres venezolanas,” dijo Piquer.
¿Qué ofrecen los países a los venezolanos?
Colombia, donde viven unos 2.9 millones de venezolanos, otorga un Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) que les permite estar legalmente por 10 años en el país, trabajar y acceder a servicios de salud y educación.
Pero no establece garantías de protección contra la deportación y preocupan los requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes, y la aparente incompatibilidad entre el ETPV y solicitudes de refugio, explicó Amnistía Internacional.
En Perú, que alberga a unos 1.5 millones de venezolanos, se implementó el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que habilita legalmente a las personas a estudiar y, en teoría, a trabajar.
“Sin embargo, la protección que ofrece en la práctica es limitada. Se ha reportado que pocas instituciones reconocen y aceptan este documento y no protege a las personas venezolanas contra la devolución, ni les garantiza el acceso a servicios de salud”, se señaló en el reporte.
En Ecuador, con aproximadamente 475,000 venezolanos, el gobierno implementó la Visa de Residencia Temporal de Excepción para ciudadanos venezolanos (VIRTE) que otorga el derecho de trabajar y acceso a los servicios de salud y educación.
Pero la investigación de la organización internacional muestra que los requisitos de costo y haber ingresado al país por pasos habilitados antes de junio de 2022 limitan la accesibilidad a esta forma de protección temporal.
En Chile, con al menos 444,400 personas venezolanas en su territorio, la implementación de la más reciente medida de regularización, destinada a las personas en situación migratoria irregular independientemente de su nacionalidad, fue implementada en 2021.
A la fecha no existe ningún programa de protección temporal o complementaria para venezolanos.
Amnistía Internacional dijo que observa con suma preocupación que las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de auto-denuncia y el examen de preadmisibilidad de las solicitudes de asilo, que obstaculizan el derecho de solicitarlo.
Esa organización alertó sobre la necesidad de que los Estados que acogen a venezolanos garanticen, de manera urgente, el acceso a la protección internacional y a formas de protección complementaria.
Recomendó que cuando los Estados opten por programas de protección temporal y complementaria, deben garantizar que estos cumplan con los criterios de legalidad, accesibilidad y protección de derechos, incluyendo la no devolución.
Esta historia fue publicada originalmente el 21 de septiembre de 2023, 2:23 p. m..
