Corte suprema venezolana ratifica prohibición a candidatura presidencial de Machado
La Corte Suprema de Venezuela, controlada por el gobierno, dictaminó el viernes que a la líder opositora María Corina Machado no podrá postularse en las elecciones presidenciales programadas para finales de este año, asestando un duro golpe a la hoja de ruta para una transición democrática que el líder Nicolás Maduro había acordado con la administración Biden.
El fallo contra Machado ratifica una inhabilitación de 15 años que le fue impuesta para ejercer cargos públicos. La opositora había ganado abrumadoramente las elecciones primarias realizadas el año pasado y, según la mayoría de las encuestas, derrotaría fácilmente al gobernante Maduro en una elección presidencial.
Dada a su gran popularidad, la mayoría de los analistas creen que la candidatura de Machado planteaba el mayor desafío que ha enfrentado el régimen de Maduro en los últimos años y que el gobernante haría todo lo que estuviera en su poder para mantener su nombre fuera de las boletas de votación a pesar de haber acordado con la administración Biden en que todo dirigente de la oposición estaría en condiciones de optar por cargos públicos.
El fallo, que se produce un día después de que un funcionario clave del régimen, Jorge Rodríguez, advirtiera que no había manera de que a Machado se le permitiera presentarse a las elecciones, declaró que la inhabilitación se debe a su presunta participación en un plan de corrupción gestado al lado del líder de la oposición Juan Guaidó que llevó a Venezuela a perder el acceso a unos 4.000 millones de dólares en fondos internacionales.
El tribunal también criticó a Machado por apoyar la adopción de sanciones por parte de Washington contra el régimen socialista de Caracas.
Estados Unidos había estado esperando que Maduro cumpliera con los compromisos que su gobierno asumió en una serie de negociaciones celebradas a lo largo del año pasado con miembros de la administración Biden.
Las conversaciones culminaron con la firma en Barbados de dos acuerdos separados con líderes de la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año. Previo a la firma, representantes de la administración Biden y Maduro sostuvieron varias reuniones sobre la persistente crisis política y económica que ha llevado a millones de venezolanos a buscar refugio en países vecinos y Estados Unidos.
Como parte de sus compromisos, el régimen acordó levantar las prohibiciones que impiden que los líderes de la oposición se postulen para cargos públicos, implementar reformas profundas al sistema electoral, permitir que observadores internacionales supervisen las elecciones y liberar a todos los presos políticos.
A cambio, la administración Biden, que había mantenido sanciones al petróleo venezolano, otorgó una licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela, y una segunda licencia general que autorizaba las operaciones de la estatal Minerven, una empresa minera de oro previamente sancionada que había estado comerciando en el mercado negro.
