EEUU restaurará sanciones si para abril Maduro no ha cumplido con compromisos de Barbados
La administración Biden le advirtió el lunes al régimen de Nicolás Maduro que tiene hasta abril para cumplir con su compromiso de liberar a todos los presos políticos y permitir que todos los opositores puedan competir en las elecciones presidenciales de este año si no quiere ver la restauración de las sanciones petroleras.
“A menos que Maduro y sus representantes en Venezuela vuelvan a encarrilarse, específicamente en lo que respecta a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, no estaremos en condiciones de renovar la Licencia General 44, que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela para cuando sea necesario renovarla en abril”, dijo a McClatchy un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Hemos dejado en claro que todos los que quieran postularse para la presidencia deban tener la oportunidad y el derecho a hacerlo en igualdad de condiciones electorales y en libertad de movimiento y con garantías para su seguridad física”, añadió el funcionario.
La administración Biden levantó parcialmente las sanciones petroleras contra el régimen de Nicolás Maduro en octubre después de que éste llegara a un acuerdo con la oposición venezolana estableciendo una hoja de ruta para celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes este año.
Desde el levantamiento parcial de las sanciones, Venezuela, que depende profundamente de los ingresos petroleros, ha negociado una serie de acuerdos con compañías petroleras internacionales que buscan recuperar la colapsada producción de petróleo del país, que en julio de 2020 había alcanzado un mínimo histórico de 392,000 barriles por día. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y en un momento de su historia produjo hasta 3 millones de barriles por día. Pero sus ingresos petroleros colapsaron después de que la administración Trump impusiera sanciones en enero de 2019.
Una licencia aprobada por Washington el año pasado, que en esencia dio luz verde a Venezuela para renovar sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos a través de compañías petroleras internacionales, tuvo un impacto inmediato en la industria petrolera del país: Venezuela pudo aumentar su producción a poco más de 900.000 barriles por día a principios de diciembre, un impulso significativo para la problemática economía del país.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, agregó en una conferencia de prensa que la administración tiene diferentes opciones a su disposición con respecto al futuro de su política hacia Venezuela, y que todas las opciones están bajo consideración, dado que el gobierno de Maduro hasta ahora no ha cumplido con los compromisos que asumió en el acuerdo firmado en en Barbados en octubre.
El gobierno de Maduro “asumió algunos compromisos sobre los partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y sobre lo que todo eso significaba, y no ha tomado esas acciones”, dijo Kirby, instando a los funcionarios del régimen a “tomar las decisiones correctas” antes de abril.
Washington y el régimen de Maduro sostuvieron durante largos meses una serie de encuentros el año pasado que culminaron con la firma en Barbados de dos acuerdos separados con líderes de la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año.
Como parte de sus compromisos, el régimen acordó levantar las prohibiciones que impiden que los líderes de la oposición se postulen a cargos públicos, implementar reformas profundas al muy criticado sistema electoral, permitir que los observadores internacionales supervisen las elecciones y liberar a todos los presos políticos.
A cambio, la administración Biden otorgó una licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela, y una segunda licencia general que autorizaba las operaciones de la estatal Minerven, una empresa minera de oro previamente sancionada que había estado comerciando en el mercado negro.
En diciembre, después de negociar un intercambio de prisioneros con Caracas, el presidente Biden expresó optimismo de que Maduro estaba listo para proceder con las reformas democráticas. “Hemos establecido requisitos específicos para unas elecciones democráticas”, afirmó entonces el presidente. “Maduro está de acuerdo con todos ellos”.
Las declaraciones en Washington de esta semana se producen pocos días después que la Corte Suprema de Venezuela, controlada por el régimen, dictaminara que a la opositora María Corina Machado no podrá postularse en las elecciones presidenciales, en lo que para muchos asesta un duro golpe a la hoja de ruta establecida en Barbados.
El fallo contra Machado ratifica una inhabilitación de 15 años que le había sido impuesta para ejercer cargos públicos. La popular dirigente opositora ganó abrumadoramente las elecciones primarias el año pasado y, según la mayoría de las encuestas, derrotaría fácilmente al gobernante Maduro en una elección presidencial.
Dada su gran popularidad, la mayoría de los analistas creen que la candidatura de Machado representa el mayor desafío que ha enfrentado el régimen de Maduro en los últimos años y que el gobernante haría todo lo que estuviera en su poder para mantener su nombre apareciera en la boleta de votación, sin importar los compromisos que ya había adquirido en Barbados.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de enero de 2024, 6:32 p. m..
