EEUU restablece sanciones al oro venezolano; dice que lo hará con el petróleo si Maduro no cambia
La administración Biden reinstauró el martes las sanciones al sector aurífero de Venezuela, un día después de amenazar con hacer lo mismo con las exportaciones de petróleo del país sudamericano si el régimen de Nicolás Maduro no cumple antes de que finalice abril con su compromiso de liberar a los presos políticos y permitir que todos los dirigentes de la oposición estén en condición de competir en las elecciones de este año.
El apretón de tuercas se produce después de que el régimen de Caracas descalificara a la principal contendiente de la oposición, María Corina Machado, para participar en las elecciones presidenciales previstas para la segunda mitad del año. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció en las redes sociales que “en respuesta a las acciones antidemocráticas” del gobierno de Maduro, Estados Unidos “ha revocado el alivio de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela”.
El restablecimiento de las sanciones al oro venezolano probablemente afectará las operaciones de las mineras estatales, como Minerven, que manejan gran parte de la producción del metal amarillo del país. Antes de que Washington aprobara el alivio de las sanciones en octubre pasado, la mayor parte del oro producido en las minas del sur venezolano se utilizaba como forma de pago encubierto en el extranjero para compensar la falta de acceso de Venezuela al sistema financiero internacional.
Las autoridades estadounidenses han advertido que el sector petrolero venezolano podría ser el próximo blanco de las sanciones.
“A menos que Maduro y sus representantes en Venezuela puedan retomar el camino, específicamente en lo que respecta a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, no estaremos en condiciones de renovar la Licencia General 44, que brinda alivio a la industria petrolera de Venezuela y el sector del gas cuando sea necesario renovarlo en abril”, dijo a McClatchy un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Hemos dejado claro que todos los que quieran postularse para la presidencia deben tener la oportunidad de hacerlo en igualdad de condiciones y con toda libertad de movimiento y todas las garantías de seguridad física”, añadió el funcionario.
La administración Biden levantó parcialmente las sanciones petroleras contra el régimen de Nicolás Maduro en octubre después de que éste llegara a un acuerdo con la oposición venezolana estableciendo una hoja de ruta para celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes este año.
Desde el levantamiento parcial de las sanciones, Venezuela, que depende profundamente de los ingresos petroleros, ha negociado una serie de acuerdos con compañías petroleras internacionales que buscan recuperar la colapsada producción de petróleo del país, que en julio de 2020 había alcanzado un mínimo histórico de 392,000 barriles por día. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y en un momento de su historia produjo hasta 3 millones de barriles por día. Pero sus ingresos petroleros colapsaron después de que la administración Trump impusiera sanciones en enero de 2019.
Una licencia aprobada por Washington el año pasado, que en esencia dio luz verde a Venezuela para renovar sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos a través de compañías petroleras internacionales, tuvo un impacto inmediato en la industria petrolera del país: Venezuela pudo aumentar su producción a poco más de 900.000 barriles por día a principios de diciembre, un impulso significativo para la problemática economía del país.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, agregó en una conferencia de prensa que la administración tiene diferentes opciones a su disposición con respecto al futuro de su política hacia Venezuela, y que todas las opciones están bajo consideración, dado que el gobierno de Maduro hasta ahora no ha cumplido con los compromisos que asumió en el acuerdo firmado en en Barbados en octubre.
El gobierno de Maduro “asumió algunos compromisos sobre los partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y sobre lo que todo eso significaba, y no ha tomado esas acciones”, dijo Kirby, instando a los funcionarios del régimen a “tomar las decisiones correctas” antes de abril.
Washington y el régimen de Maduro sostuvieron durante largos meses una serie de encuentros el año pasado que culminaron con la firma en Barbados de dos acuerdos separados con líderes de la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año.
Como parte de sus compromisos, el régimen acordó levantar las prohibiciones que impiden que los líderes de la oposición se postulen a cargos públicos, implementar reformas profundas al muy criticado sistema electoral, permitir que los observadores internacionales supervisen las elecciones y liberar a todos los presos políticos.
A cambio, la administración Biden otorgó una licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela, y una segunda licencia general que autorizaba las operaciones de la estatal Minerven, una empresa minera de oro previamente sancionada que había estado comerciando en el mercado negro.
Según un informe de Transparencia Internacional, el 25% de los ingresos totales de la producción de oro venezolana se destinó al Banco Central de Venezuela, el 9% al tesoro nacional, el 36% a “asociaciones estratégicas” entre el holding estatal Corporación Venezolana. de Guayana (de la cual Minerven es subsidiaria) y empresas privadas locales. Alrededor del 30% del total se destinó a bandas criminales y guerrillas.
En diciembre, después de negociar un intercambio de prisioneros con Caracas, el presidente Biden expresó optimismo de que Maduro estaba listo para proceder con las reformas democráticas. “Hemos establecido requisitos específicos para unas elecciones democráticas”, afirmó entonces el presidente. “Maduro está de acuerdo con todos ellos”.
Las declaraciones en Washington de esta semana se producen pocos días después que la Corte Suprema de Venezuela, controlada por el régimen, dictaminara que a la opositora María Corina Machado no podrá postularse en las elecciones presidenciales, en lo que para muchos asesta un duro golpe a la hoja de ruta establecida en Barbados.
El fallo contra Machado ratifica una inhabilitación de 15 años que le había sido impuesta para ejercer cargos públicos. La popular dirigente opositora ganó abrumadoramente las elecciones primarias el año pasado y, según la mayoría de las encuestas, derrotaría fácilmente al gobernante Maduro en una elección presidencial.
Dada su gran popularidad, la mayoría de los analistas creen que la candidatura de Machado representa el mayor desafío que ha enfrentado el régimen de Maduro en los últimos años y que el gobernante haría todo lo que estuviera en su poder para mantener su nombre apareciera en la boleta de votación, sin importar los compromisos que ya había adquirido en Barbados.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de enero de 2024, 5:02 p. m..
