EEUU reimpone sanciones al petróleo de Venezuela tras violación de acuerdo electoral por Maduro
Estados Unidos volverá a imponer las sanciones a la industria petrolera de Venezuela porque el gobernante Nicolás Maduro no cumplió los compromisos firmados en Barbados el año pasado para permitir elecciones libre y prohibió la participación de la candidata electa por la oposición, María Corina Machado.
Funcionarios de alto rango de la administración de Joe Biden dijeron a los periodistas el miércoles que el Departamento del Tesoro permitirá que la licencia general 44, que permite a las empresas bajo jurisdicción estadounidense producir y exportar petróleo y gas desde Venezuela y realizar operaciones en conjunto con la empresa estatal venezolana PDVSA, expire el jueves y otorgará a las empresas un período de 45 días para cerrar sus operaciones. La licencia fue emitida por seis meses en octubre del año pasado para alentar a Maduro a cumplir con los términos del acuerdo firmado con la oposición con la bendición de Estados Unidos en Octubre 17.
“Maduro y sus representantes no cumplieron plenamente con el espíritu ni la letra del acuerdo”, dijo un funcionario de alto rango del gobierno, citando la prohibición a Machado y a su candidata sustituta Corina Yoris, y los arrestos de miembros de la oposición, la sociedad civil y personal de campaña.
El funcionario dijo que la decisión de no renovar la licencia general 44 no debe tomarse como “una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, dejando abierta la posibilidad de un levantamiento de las sanciones en el futuro, en el poco probable caso de que Maduro cambie de rumbo.
“Los acuerdos de Barbados aún representan el mejor camino disponible para una Venezuela más democrática, segura y próspera, si se implementan plenamente”, dijo el funcionario, y agregó que el gobierno de Estados Unidos continuará interactuando con representantes de Maduro y miembros de la oposición sobre el tema.
“Hay algunas decisiones a corto plazo que tomarán las autoridades venezolanas, que estaremos observando y monitoreando muy cuidadosamente”, dijo un segundo funcionario de alto rango.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, transmitió un mensaje similar en un comunicado el miércoles por la tarde, diciendo que la decisión de prohibir las transacciones relacionadas con el petróleo venezolano fue consecuencia de una cuidadosa evaluación de las acciones de Maduro.
“Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera”, dijo. “Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados“.
Sin embargo, la administración no llegó a cerrar las operaciones limitadas de extracción de la compañía petrolera Chevron, que habían sido autorizadas previamente en 2022 en respuesta a las negociaciones entre la oposición y el régimen de Maduro.
Los funcionarios declinaron hacer comentarios sobre otras autorizaciones, conocidas como licencias, obtenidas por empresas extranjeras para realizar operaciones en el sector petrolero venezolano. También dijeron que las empresas aún pueden solicitar autorizaciones o licencias específicas, que se revisarían caso por caso.
La medida de este miércoles lleva la industria petrolera de Venezuela al estado en que se encontraba en octubre, cuando sólo a Chevron se le permitía comercializar petróleo venezolano para recuperar parte de la gran deuda que se le debía. La administración de Donald Trump impuso sanciones a PDVSA en 2019, prohibiendo a las empresas estadounidenses comprar y vender petróleo venezolano, tras la protesta internacional provocada por las acusaciones de que Maduro se había robado las elecciones de 2018.
Los expertos estiman que Maduro obtuvo entre $2,000 millones y $3,000 millones con el levantamiento parcial de las sanciones petroleras.
Durante semanas, los asesores de Biden han estado discutiendo qué hacer después de las crecientes señales de que el gobierno venezolano no iba a cumplir el acuerdo.
Maduro prohibió a María Corina Machado postularse para el cargo a pesar de ser la elección de los venezolanos, obteniendo más del 92% de los votos durante las primarias de la oposición. Ha tomado medidas para bloquear otros candidatos de la principal alianza política de la oposición, la Plataforma Unitaria, para poder controlar quién se postula, todo ello en violación del acuerdo firmado en Barbados.
En este momento, está previsto que Maduro se presente a las elecciones del 28 de julio, compitiendo sólo contra un pequeño número de adversarios poco conocidos a los que puede vencer fácilmente.
“Es importante que Estados Unidos y la comunidad internacional permanezcan vigilantes en el seguimiento de los próximos pasos de Maduro, cuando podría arrestar a más líderes de la oposición y cometer más violaciones de derechos humanos y atrocidades violentas”, dijo Eddy Acevedo, asesor principal del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. “La administración Biden dio un paso positivo hacia adelante... pero se debe aplicar nueva presión contra Maduro y su empresa criminal. Maduro debe seguir siendo reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones de ideas afines como un dictador ilegítimo”.
Sin embargo, durante las discusiones entre funcionarios de diferentes agencias, algunos se mostraron preocupados por el impacto de volver a imponer sanciones en los precios del petróleo en el mercado mundial y en la emigración desde Venezuela tan cerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.
Un funcionario de alto rango de la administración dijo que “fundamentalmente, la decisión de restablecer las sanciones “se basó en las acciones y la falta de acción de las autoridades venezolanas”. Otra funcionaria calificó la decisión como una “respuesta proporcionada” al progreso logrado bajo el acuerdo de Barbados.
Miembros de la comunidad venezolana en Miami dijeron que veían el restablecimiento de las sanciones venezolanas como el resultado lógico a la actuación de mala fe de Maduro.
“Nunca debieron haber quitado las sanciones”, dijo Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, organización con sede en Miami. “El gobierno de Estados Unidos cedió demasiado en términos de concesiones y prácticamente no obtuvo nada a cambio”.
La ruptura del acuerdo de Barbados no sorprende a muchos venezolanos que han visto en el pasado el fracaso de muchos esfuerzos similares para involucrar al régimen socialista de Caracas en una solución negociada a la crisis política del país.
“Tal como vimos hace unos años en el proceso de negociación celebrado en República Dominicana, y en otros esfuerzos fracasados, el régimen nunca tuvo la intención de cumplir su palabra”, pero estaba feliz de hacer falsas promesas si eso se traducía en la obtención de miles de millones de dólares en ingresos petroleros, dijo Ackerman.
Orlando Viera Blanco, presidente de la ONG VeneAmérica, añadió que aunque es probable que las sanciones impacten el bienestar de millones de personas dentro de Venezuela, las acciones del régimen no han dejado a la administración Biden más opción que reinstalarlas.
“Las acciones del régimen justifican claramente este resultado final. Un resultado positivo hubiera sido que Maduro hubiera cumplido al menos en un nivel mínimo lo que había prometido en términos de poner fin a la violencia, poner fin a la represión y establecer una transición democrática, pero eso no fue lo que sucedió, así que ahora volvemos a las sanciones”, dijo.
La representante estadounidense Debbie Wasserman Shultz, demócrata que representa a un distrito predominantemente venezolano en el sur de Florida y co-presidenta del Caucus del Congreso para la Democracia en Venezuela, elogió a Biden por tomar medidas para hacer cumplir los términos del acuerdo de Barbados.
“Sé que la gente que represento aprecia el compromiso de la administración de amplificar las voces de los venezolanos estadounidenses que exigen democracia”, dijo. “Espero continuar mis esfuerzos legislativos para complementar la política del Presidente, incluida la Ley VOICE, que sancionaría a funcionarios corruptos del régimen que intentan manipular las elecciones presidenciales de Venezuela y privar de sus derechos a millones de venezolanos”.
En Caracas, antes de la decisión de Washington, Maduro envió al presidente Biden un mensaje por televisión en vivo. Trató de decir en un inglés entrecortado: “Si tú quieres [el trato], yo quiero. Si no quieres, yo no quiero”.
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de abril de 2024, 3:30 p. m..