CIDH exige protección para joven venezolano discapacitado detenido por Maduro
Un joven venezolano discapacitado a quien el régimen de Nicolás Maduro mantiene en una cárcel incomunicado, tras ser detenido durante una protesta el pasado enero, recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH).
El beneficiario es Jesús Gabriel Useche Moncada, de 19 años, que fue arrestado cuando pasaba por el lugar de una de las manifestaciones convocadas por la oposición en el estado Lara, en el centroccidente de Venezuela.
Useche, quien fue diagnosticado con discapacidad cognitiva cuando tenía cuatro años de edad, fue acusado de terrorismo el 11 de enero y trasladado a una cárcel en otro estado, Aragua.
La CIDH informó que otorgó las medidas cautelares tras considerar que el joven se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
“Según la solicitud, el beneficiario de 19 años y con discapacidad intelectual fue detenido el 9 de enero de 2025 en el marco de las manifestaciones en Venezuela. A la fecha permanece aislado e incomunicado en el Internado Judicial del estado Aragua, sin información sobre las condiciones de su detención ni su estado actual de salud”, indicó.
El joven se encontraría en situación de hacinamiento, sin disponer de agua potable, de aire limpio ni luz solar y sin recibir una dieta adecuada para las personas encarceladas. Además, se desconoce si el beneficiario está recibiendo atención médica de acuerdo con su situación de discapacidad, dijo la CIDH.
También, se alegó que se les impidió a los familiares ejercer acciones legales ante las autoridades judiciales. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
La Comisión solicitó al régimen de Maduro adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Useche; impulsar las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, en particular teniendo en cuenta su condición de discapacidad.
Pidió que se garantice el contacto regular y el acceso a sus familiares, sus abogados de confianza y representantes; que se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, así como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención.
También pidió que se realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y que se garantice su acceso a la atención médica necesaria.
