Trump invoca poderes de guerra para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua
.jpg "El presidente Donald Trump llega a una recepción por el Día de San Patricio en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de marzo de 2025.")
Acusando al régimen de Nicolás Maduro de invadir a Estados Unidos a través de una peligrosa banda criminal que, afirmó opera en conjunto con el Cartel de los Soles, el presidente Donald Trump invocó el sábado los poderes de guerra contemplados en una ley centenaria para acelerar la deportación acelerada y sin derecho a defensa de ciudadanos venezolanos.
Trump, cuyo gobierno ya había designado al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, afirmó el sábado que muchos de sus presuntos miembros se han infiltrado en Estados Unidos para llevar a cabo operaciones de guerra irregular y acciones hostiles contra el país.
“Están perpetrando una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para el país”, declaró Trump. “El Tren de Aragua opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas”.
Sin embargo, un juez federal en Washington D.C. impidió que el gobierno pudiera ejecutar la orden de inmediato, paralizando temporalmente los planes de la administración Trump de acelerar la expulsión de venezolanos acusados de pertenecer a la mega banda criminal conocida como Tren de Aragua.
Trump anunció estos planes el sábado a través de una orden ejecutiva sin precedentes que haciendo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 declara a las personas acusadas de formar parte de la mega banda como “enemigos extranjeros” y ordena su detención y expulsión de Estados Unidos.
La ley, conocida por su papel en la detención de inmigrantes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido utilizada muy pocas veces por presidentes anteriores, y solo en tiempos de guerra.
Trump, que en una proclama que acusa al régimen de Maduro de usar pandilleros para causar daño dentro de Estados Unidos, anunció que todos los miembros del Tren de Aragua mayores de 14 años que estén dentro del país sin contar con ciudadanía o ser residentes legales serán susceptibles de ser detenidos y deportados como Enemigos Extranjeros.
El presidente también ordenó que sean imputables de hostilidad real contra Estados Unidos, lo que crea las condiciones para que puedan ser expulsados del país sin que se les de un plazo determinado para poner sus asuntos en orden.
“Todos estos miembros del Tren de Aragua representan un peligro para la paz y la seguridad públicas de Estados Unidos”, declaró Trump, al ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, a que presente una carta en 60 días que establezca una política para la futura deportación de pandilleros y a las agencias federales coordinen acciones con las fuerzas del orden locales y estatales.
No obstante, todo plan inmediato de deportación quedó en una situación de suspenso luego de que un juez federal otorgara una orden de restricción temporal que impide a la administración Trump expulsar inmigrantes de Estados Unidos a través de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez actuaba en un caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU del Distrito de Columbia y Democracy Forward, en representación de venezolanos que, según sus abogados, corrían riesgo de ser deportados inmediatamente.
Inicialmente, el juez impidió que la administración Trump deportara a los demandantes, y luego amplió la orden a todos los venezolanos durante una audiencia el sábado por la noche.
“Se PROHÍBE al Gobierno expulsar a miembros de dicha clase (que de otra manera no estarían sujetos a expulsión) de conformidad con la Proclamación durante 14 días o hasta nueva orden del Tribunal”, declaró James E. Boasberg, juez principal del Circuito de D.C., en su orden, la cual fue apelada de inmediato.
Maureen Porras, abogada de inmigración y vicealcaldesa de Doral, la ciudad con la mayor población venezolano-estadounidense de Estados Unidos, dijo que la orden del juez probablemente llevará a que estas personas pasen a ser procesadas a través de los procedimientos migratorios regulares en lugar del proceso acelerado propuesto inicialmente.
“Si bien esto no significa que la deportación esté descartada, sí garantiza que recibirán el debido proceso al que tienen derecho todos los inmigrantes que enfrentan la deportación”, afirmó.
Porras comparó los intentos de la administración Trump de utilizar la Ley del Enemigo Extranjero y la implementación del Título 42 durante la pandemia de COVID-19 para expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera, alegando razones de salud.
“Cuando se promulgó el Título 42, se eliminó la posibilidad de que las personas solicitaran asilo mediante los procedimientos estándar, lo que permitió deportaciones más rápidas. Aceleró las expulsiones sin seguir los procesos migratorios habituales”, explicó Porras. “Lo que vemos ahora es muy similar, pero el Título 42 tenía una justificación legal, por lo que se permitió su uso. Sin embargo, la actual invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros carece de esa misma justificación clara”.
Muchos de los 2,500 miembros de la pandilla Tren de Aragua se sumaron a la masiva ola migratoria que salió de Venezuela y se han establecido en países vecinos. Las autoridades de la región afirman que la pandilla está detrás de un aumento de las actividades delictivas en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Costa Rica.
Se cree que algunos de ellos lograron entrar a Estados Unidos. Pero aún cuando los expertos creen que éstos apenas suman unas pocas docenas, funcionarios de la administración Trump han estimado extraoficialmente la cifra en varios centenares.
Trump, cuyo gobierno ya había designado al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, afirmó el sábado que muchos de sus miembros se han infiltrado en Estados Unidos para llevar a cabo operaciones de guerra irregular y acciones hostiles contra el país.
El presidente también afirmó que la banda está involucrada en el tráfico masivo de migrantes a otros países con la intención de causar daño y desestabilizar las democracias de la región.
John De La Vega, abogado de inmigración con sede en Miami, afirmó que la orden de Trump genera inquietud sobre el debido proceso para cualquier persona acusada de pertenecer al Tren de Aragua, especialmente si las acusaciones son falsas.
“La verdadera preocupación aquí es cómo determinarán quién es realmente miembro del Tren de Aragua. ¿Qué sucede si venezolanos inocentes, que actualmente transitan por el sistema migratorio, son identificados erróneamente y deportados sin el debido proceso?”, preguntó. “La aterradora realidad es que podrían ser devueltos sin ninguna oportunidad de defenderse ni buscar protección”.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de marzo de 2025, 5:36 a. m..
