Familiares viajan a El Salvador para ver a venezolanos enviados por Trump a mega prisión
De niño en una zona rural de Venezuela, Widmer Agelviz Sanguino se despertaba en mitad de la noche con los chillidos de los búhos cercanos. Esos escalofriantes sonidos le dejaron una huella imborrable en la mente del niño, así que cuando creció se tatuó en un brazo: un búho y un reloj sobre un ramo de rosas.
El búho y el reloj simbolizaban la superación del miedo, mientras que las rosas eran un homenaje a su abuela paterna, quien tenía un hermoso jardín de rosas, según contó su tía Lisbeth Sanguino a el Nuevo Herald. “Quería plasmar en su piel su victoria sobre sus temores y su amor por su abuela paterna”, dijo.
Ahora, esos símbolos de victoria personal se han convertido en sí mismos en causa de una aterradora pesadilla.
Los tatuajes fueron utilizados por funcionarios estadounidenses para vincularlo con la violenta banda Tren de Aragua. Agelviz Sanguino es uno de los más de 230 venezolanos enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, como resultado de la decisión del presidente Trump de deportar aceleradamente a presuntos pandilleros sin darles la oportunidad de defender sus casos en los tribunales.
Como parte de una pequeña misión de familiares que acompañaron a un abogado venezolano de derechos humanos para exigir la liberación de sus seres queridos de la prisión salvadoreña esta semana, Lisbeth Sanguino dijo que, si bien existe la sospecha de que se convirtió en una moda entre los integrantes del Tren de Aragua llevar tatuajes de relojes y de rosas, lo cierto es que su sobrino no tiene afiliación a ninguna pandilla y nunca ha estado involucrado en ningún tipo de delito.
El caso de su sobrino, argumentó Lisbeth Sanguino, es un ejemplo más de la ligereza con que fueron seleccionados a quienes Estados Unidos envió a El Salvador, sin que se presentaran pruebas de que los perjudicados hubieran cometido algún delito aparte de intentar buscar refugio en Estados Unidos.
Deportación de venezolanos vinculados al Tren de Aragua desata denuncias por violación de derechos
Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, el gobierno de Trump deportó al grupo de venezolanos en marzo, acusándolos sin pruebas concretas de ser delincuentes o miembros de la temida mega pandilla. Fueron enviados a El Salvador y encarcelados en la prisión de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En una breve entrevista telefónica, el abogado y defensor de derechos humanos Walter Márquez afirmó que los venezolanos enviados al país centroamericano han caído en una especie de “agujero negro” judicial, dejando a sus familiares sin noticias de su paradero ni de las condiciones en las que se encuentran.
“El Salvador se está convirtiendo en un almacén humano para estos venezolanos, quienes han sido víctimas de un intento de criminalizarlos como miembros del Tren de Aragua únicamente por los tatuajes que pudieran tener, sin una condena judicial previa en Estados Unidos que establezca que son criminales”, declaró Márquez.
“Es una grave injusticia que se cometa contra personas solo por tener un tatuaje”, declaró Márquez, quien dirige la ONG venezolana de derechos humanos El Amparo Internacional. “Respetamos las leyes nacionales de El Salvador para combatir las pandillas, pero los venezolanos no somos pandilleros; somos gente trabajadora que huye de una crisis política y una dictadura en nuestro país”.
Márquez, quien encabezó la misión, indicó que visitaron El Salvador para documentar y denunciar la situación de un grupo de ciudadanos venezolanos que, según él, fueron deportados de forma irregular de Estados Unidos y se encuentran actualmente recluidos en el CECOT.
Durante la visita, Márquez presentó una solicitud formal a la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador para visitar a los detenidos, evaluar su estado de salud, comunicarse con ellos y obtener información sobre cualquier proceso legal que pudieran estar enfrentando.
Misión legal en El Salvador busca liberar a venezolanos detenidos por ICE
“Vinimos a El Salvador para presentar esta solicitud y documentar la situación de los venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos y ahora se encuentran encarcelados en El Salvador”, dijo Márquez. “Hicimos las solicitudes verbalmente y luego las confirmamos por escrito. Pero como tardan, nosotros estamos dispuestos a regresar de ser necesario”.
Márquez dijo que varios de los detenidos fueron enviados a El Salvador a pesar de que aún tenían procedimientos legales pendientes ante tribunales de inmigración estadounidenses.
En algunos casos, dijo, las personas afectadas habían solicitado que fueran llevados a Venezuela, pero en lugar de ello, terminaron siendo colocados en un avión con rumbo al país centroamericano para ser encarcelados en la prisión de máxima seguridad.
“No solo abogamos por todos los afectados, sino que hemos presentado una solicitud específica en nombre de nueve venezolanos a quienes representamos legalmente”, explicó.
Adicionalmente, Márquez informó que el jueves su delegación presentó una solicitud formal a la Nunciatura Apostólica en El Salvador, solicitando la intervención del Papa León XIII y citando el compromiso del pontífice con los derechos de los migrantes. “Él ha dicho que Jesús era un migrante, y por eso creemos que la Santa Sede puede desempeñar un papel importante en este caso”, declaró.
Venezolanos deportados, tatuajes y la ofensiva de Trump contra el Tren de Aragua
Hasta el momento, ni el gobierno de El Salvador ni la Procuraduría de los Derechos Humanos han emitido un comunicado público sobre la solicitud de Márquez.
Márquez afirmó que la detención de los venezolanos deportados en la prisión de máxima seguridad es “injusta e ilegal”, dado que ninguno de ellos ha infringido ninguna ley en El Salvador ni en Estados Unidos, aparte de tener un estatus migratorio irregular.
Añadió que buscarán “agotar todos los recursos internos bajo la legislación salvadoreña” y expresó su esperanza de que “se respete el debido proceso”; de lo contrario, podrían “recurrir a organismos internacionales”.
Desde al menos 2023, las autoridades estadounidenses comenzaron a detener y deportar a venezolanos con tatuajes, alegando su afiliación al Tren de Aragua, basándose en la suposición no comprobada de que la pandilla se identifica a través de tatuajes, según registros judiciales.
Desde que comenzó su segundo mandato, el 20 de enero, la administración Trump emprendió una amplia campaña de deportaciones y persecución de inmigrantes. Esto incluyó la designación del Tren de Aragua como organización terrorista y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a presuntos miembros de Estados Unidos.
Sin embargo, los expertos sostienen que este enfoque es erróneo porque, a diferencia de otras pandillas latinoamericanas, los miembros del Tren de Aragua —que se originó en una cárcel del estado venezolano de Aragua— no suelen usar tatuajes como medio de identificación.
La ofensiva de Trump contra presuntos pandilleros se produce en medio de informes que indican que el régimen de Nicolás Maduro ha estado facilitando activamente la expansión del Tren de Aragua.
La pandilla, ahora la organización criminal transnacional más poderosa de Venezuela, supuestamente está siendo utilizada en una campaña para desestabilizar a los países vecinos y a Estados Unidos.
Un memorando del FBI de enero de 2025 describe una estrategia coordinada del régimen venezolano para liberar a criminales violentos, facilitar su migración al extranjero y desplegarlos como agentes no oficiales, no solo en Latinoamérica, sino cada vez más en ciudades estadounidenses.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de junio de 2025, 11:53 a. m..
