El precio de decir la verdad: economistas bajo arresto en Venezuela por reportar la crisis
Viéndose incapaz de reactivar una economía en caída libre, el régimen de Nicolás Maduro está poniendo la mira en quienes se atreven a describir el colapso.
En las últimas semanas, el régimen socialista de Caracas ha detenido a economistas, analistas y operadores de plataformas digitales que publican datos financieros independientes, intensificando una campaña de represión destinada a ocultar el agravamiento de la crisis económica venezolana.
En el último capítulo de la represión, al menos ocho personas han sido arrestadas, incluyendo al ex ministro de Hacienda Rodrigo Cabezas, de 68 años, quien fue detenido a principios de este mes en la ciudad de Maracaibo. Se desconoce su paradero.
Fuentes familiarizadas con las detenciones, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, informaron que algunos detenidos fueron liberados después de unas horas. Otros, sin embargo, permanecen bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin asistencia legal ni contacto con sus familias.
Las detenciones se produjeron tras la publicación de alarmantes datos de inflación por parte del Observatorio Financiero Venezolano, una entidad independiente, que reportó una tasa de inflación anualizada del 229 % en mayo. El Banco Central de Venezuela dejó de publicar las cifras oficiales de inflación en octubre de 2024, cuando el alza de los precios volvió a acelerarse.
“El gobierno quiere eliminar el mercado paralelo sin suministrar suficientes dólares, y eso es imposible”, declaró el economista exiliado José Guerra, director del observatorio. “Intentan controlar la inflación mientras imprimen dinero sin respaldo. La liquidez monetaria aumentó un 250% entre enero y mayo. Eso inevitablemente alimenta la inflación”.
El esfuerzo del gobierno por silenciar la disidencia también se ha extendido a plataformas populares como Monitor Dólar, que publicaba tipos de cambio no oficiales, cruciales para empresas y consumidores en un país asolado por la inestabilidad monetaria.
El sitio dejó de actualizarse el 27 de mayo. Poco después, las autoridades detuvieron a unas 20 personas vinculadas a la plataforma.
La plataforma de intercambio de criptomonedas El Dorado, a menudo utilizada como referencia para Monitor Dólar, también cerró sus operaciones en Venezuela tras los arrestos. Ahora, muchos intercambios informales de divisas se canalizan a través de plataformas como Binance, en un esfuerzo por evadir la vigilancia digital y las medidas represivas del gobierno.
Ante un aumento de más del 100% en la cotización en bolívares del dólar estadounidense en lo que va de año, el régimen ha respondido no con reformas económicas, sino con intimidación.
“La feroz represión comenzó en junio, cuando cerraron páginas de internet que publicaban tipos de cambio y arrestaron a 56 personas, acusándolas de negociar dólares a tipos no oficiales”, declaró Guerra. “Luego arrestaron a tres economistas reconocidos, incluidos dos de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y un decano universitario, y posteriormente detuvieron a dos colaboradores [del observatorio], cuyo paradero se desconoce”.
Desde que Venezuela entró en hiperinflación en 2017, el gobierno ha ocultado sistemáticamente datos económicos clave, como la inflación, el PIB y la balanza de pagos. Un breve período de transparencia terminó en octubre pasado, cuando la inflación reanudó su actividad y se impuso un nuevo bloqueo informativo.
Según el observatorio, la economía venezolana se contrajo un 2,7% en el primer trimestre de 2025, la primera recesión en dos años. El tipo de cambio oficial se situó en 105 bolívares por dólar estadounidense en mayo, mientras que el tipo de cambio del mercado paralelo se disparó a 139, ampliando la brecha e invitando a nuevas presiones especulativas.
A la cabeza de la ofensiva se encuentra Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien ha tildado a los economistas que alertan como “enemigos del pueblo”. En su programa semanal de televisión, defendió las detenciones como parte de una campaña contra el “sabotaje económico”.
Los analistas afirman que la retórica busca deslegitimar cualquier narrativa que cuestione la versión oficial de los hechos.
Es una vieja táctica chavista: cuando no pueden controlar la realidad, persiguen a quienes la describen, afirmó un ex funcionario venezolano de alto rango.
En mayo, Estados Unidos permitió que expirara la licencia de la gigante petrolera Chevron para operar en Venezuela, lo que supuso un duro golpe para el acceso de Maduro a divisas.
La medida se produjo en respuesta a la continua represión de su régimen contra los candidatos de la oposición. Para agravar la presión económica, Estados Unidos también impuso un arancel del 25% a los países que compran petróleo y gas venezolanos, como parte de un esfuerzo más amplio para imponer sanciones a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
La decisión ya ha sacudido los mercados energéticos mundiales, con importantes compradores en China e India anunciando planes para reducir las compras.
Ante la disminución de los ingresos extranjeros y la falta de acceso a los mercados de crédito, Maduro ha recurrido a la impresión artificial de moneda para financiar el gasto estatal, una práctica que, según los economistas, solo agrava la crisis.
El efecto paralizante de la represión ya es visible.
“Ningún medio de comunicación se atreve a tocar el tema económico. Ni la radio ni la televisión”, declaró Guerra. “Todos temen ser citados por [el servicio de inteligencia] o detenidos. El objetivo del gobierno es claro: silenciar el problema que más preocupa a los venezolanos: la inflación y la devaluación. Prefiere encarcelar a quienes dan la alarma antes que tomar medidas para detener el colapso”. En abril, Maduro se auto otorgó amplios poderes de emergencia para consolidar el control de la economía, alegando la necesidad de proteger a Venezuela de la escalada del conflicto comercial global provocado por los aranceles estadounidenses.
El decreto autoriza medidas económicas temporales, como suspensiones de impuestos, la recaudación centralizada de ingresos y la compra forzosa de bienes de producción nacional.
El gobierno afirma que las medidas buscan reducir la dependencia de las importaciones y atraer inversiones, aunque los críticos dicen que es poco probable que estabilicen la economía o restablezcan la confianza.
A pesar de las garantías oficiales, los mercados cambiarios presentan un panorama diferente: un colapso acelerado.
Esta historia fue publicada originalmente el 21 de junio de 2025, 0:32 p. m..
